Hay una Presidenta que está obsesionada con la prensa y a algunos periodistas los acusa de mostrar a "pobres" y "negros" de manera distorsionada.
Hay sindicalistas que, horas después de la queja presidencial, bloquearon los centros de distribución de revistas y diarios e impidieron que los lectores de Clarín, La Nación y Noticias, entre otros importantes medios, pudieran leer sus periódicos preferidos a la hora y en la forma de siempre.
Hay un ex presidente que culpa a los medios de su derrota del 28 de junio pasado y responde con un fortísimo ataque a Clarín, el grupo al que años atrás había favorecido, cuando suponía que lo trataba bien.
Hay un Estado policial donde ministros del gobierno nacional, dirigentes de la oposición, sindicalistas, empresarios, dueños de medios y periodistas hablan por teléfono en clave y escriben por Internet lo indispensable porque suponen que hay alguien que los está espiando.
Hay primicias y anticipos para los amigos y ninguneo para los profesionales críticos.
Hay medios y periodistas que hablan bien del Gobierno y atacan a la oposición y a los periodistas críticos. Ellos son favorecidos con la publicidad oficial.
Hay un curioso programa en el canal público que no informa ni opina. En verdad, es una brulote desmesurado y exacerbado, creado al solo efecto de destruir a los colegas que se atreven a criticar o cuestionar alguna medida o posición de este gobierno.
Hay un ejército de comentaristas "espontáneos" en la web que se dedican a insultar y atacar sin argumentos pero con saña a cualquier periodista que denuncia hechos de corrupción de esta o la anterior administración.
Hay un Sistema Nacional de Medios donde solo pueden trabajar periodistas, actores, actrices y artistas que son funcionales "al proyecto". Profesionales que estuvieron y están a favor de la nueva Ley de Medios que logró aprobar este gobierno, a presión y en el contexto de un falso debate. La mayoría de ellos firmaron contratos difíciles de conseguir en el sector privado. Muchos pagaron esos contratos con declaraciones públicas a favor del oficialismo.
Hay otro sistema nacional de medios paraoficiales que impulsa campañas contra quienes cuestionan a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, acciones que en algunos casos incluyen escraches perfectamente armados y guardias en la puerta de la casa de políticos, gerentes de medios y periodistas.
Hay empresarios cercanos a este gobierno que se preparan para comprar alguno de los canales de televisión abierta, algunas de las señales de cable más vistas y algunas de las radios de Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM) más importantes de la ciudad.
Hay deudas millonarias de la agencia TELAM, la encargada de pagar los avisos concentrados en la llamada "pauta oficial" que afectan gravemente los balances de importantes empresas periodísticas. Uno de los más influyentes diarios de la Argentina y un importante canal de aire están entre los que no cobran esa deuda desde hace tiempo. Altos directivos de ambos medios sospechan que no les pagarán hasta que no "suavicen" su línea editorial.
Es cierto: ahora los periodistas no desaparecen ni son asesinados, como durante la dictadura. Pero si todas estas acciones no se pueden presentar como distintos modos de censura, ¿qué nombre habría que ponerles?
Publicado en El Cronista
