ESCUCHAR EN VIVO 

Ahora que los candidatos están obligados a parecer honestos para conseguir votos, los periodistas deberíamos exigir que asumieran compromisos básicos de transparencia. Sus respectivas declaraciones juradas, el detalle de los gastos de campaña, la obligación de participar de los debates y de llamar a conferencias de prensa con preguntas libres deberían ser los principales, pero no los únicos.

Para no andar con vueltas: a las declaraciones patrimoniales de casi todas las figuras más importantes del país les falta el nivel de información mínimo como para no generar suspicacias. El precandidato a presidente Daniel Scioli presentó su declaración jurada ante la Escribanía General del gobierno de la provincia, pero no la hizo pública. Justificó su decisión en que la ley de su distrito no lo obliga a hacerlo. En 2013, el Senado de su provincia aprobó una ley de ética pública que sí lo hubiese obligado, pero en diciembre de 2014 perdió estado parlamentario porque la Cámara de Diputados nunca la trató. Además, cuando cualquier periodista la demanda, la Escribanía aduce que no hay razones legítimas para permitir su publicación. Esta semana los voceros de Scioli dedicaron gran parte de su energía a desmentir a cuánto asciende el valor de La Ñata, que el periodista Jorge Lanata calculó en 10 millones de dólares. Además anticiparon: "Después de las PASO, cuando se oficialice su candidatura a presidente, la vamos a hacer pública". ¿Por qué no antes?

Mauricio Macri viene presentando sus declaraciones juradas en tiempo y forma. En la última y más reciente, correspondiente al año pasado, declaró 60 millones de pesos, un poco menos de lo que admite la propia presidenta de la Nación. Además, informó que prestó 30 millones de pesos. Un vocero, ante una pregunta del periodista Iván Ruiz, de LA NACION, explicó que el 95% de sus acreencias "corresponden a inversiones inmobiliarias, como la construcción de viviendas en el barrio de Barracas, préstamos familiares y aportes de sociedades". Pero entonces ¿es dinero que presta y le deben o son inversiones? "Es dinero que presta, no que invierte", me aclaró otro vocero. Y en el caso de que Macri prestara a un amigo para que éste invirtiera en un emprendimiento inmobiliario en Barracas, ¿no sería algo digno de investigar, ya que su cargo de jefe de gobierno le permitiría tomar decisiones para aumentar el valor de la zona en cuestión? "Ustedes, los periodistas, son increíbles. Nos piden información, se la damos y en vez de preguntarle a Scioli de quién es el avión privado del que bajó en Miami o si es cierto que tiene una estancia en Tandil, nos preguntan a quién le presta plata Mauricio", se enojó uno de los funcionarios que hablan por su boca.

El caso de la Presidenta también es digno de ser investigado. Un perito contable que analizó su última declaración jurada pública, en la que declara más de 60 millones de pesos, dijo que para comparar la información oficial con la real habría que conseguir la cotización de mercado de los 26 inmuebles que la Presidenta declaró en la ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate. En el documento oficial aparece sólo el valor fiscal. El experto agregó que también habría que chequear el valor real de los hoteles Los Sauces, Alto Calafate y otros, más allá de la cotización que les adjudican a las acciones. Luego habría que sumar la parte de la sucesión de Néstor Kirchner que poseen sus hijos Máximo y Florencia. Esta cuenta todavía no se puede hacer porque Máximo, a pesar de presentarse como candidato a diputado nacional por Santa Cruz, todavía no hizo pública su declaración jurada de bienes.

A Máximo y el resto de su familia los favoreció una reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional de 2013 sobre la manera de presentar las declaraciones juradas patrimoniales integrales. Es una pieza magistral de cómo ocultar información relevante y reveladora. Desde entonces, en las declaraciones patrimoniales no se debe incluir información sobre familiares y los organismos de control no pueden investigar declaraciones de años anteriores. Sólo se deben presentar los formularios básicos que requiere la AFIP y no los formularios ampliados que contemplaba la ley de ética pública en los cuales el funcionario estaba obligado a detallar cada uno de sus bienes, ubicación, metraje, valor de compra, valor fiscal, titularidad y el origen de los fondos de las ganancias declaradas, entre otros ítems. También, cada uno de los trabajos e ingresos de los familiares directos.

¿Adivine quién fue el autor de esta sutil maniobra de ocultamiento? Acertó: el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el flamante compañero de fórmula de Scioli. Para Zannini, sus amigos y su familia parecen ser lo primero. Carlos Liuzzi, su hombre de confianza y segundo en el escalafón, multiplicó su patrimonio 38 veces, tal como publicó LA NACION en varias oportunidades. Además es socio de una consultora a la que Zannini contrató por varios millones de pesos. Liuzzi, como si fuera dueño del Estado, designó en su área a 22 familiares y Zannini también ubicó en el Estado a sus cuatro hijos. Fuentes judiciales apostaron a que la causa abierta contra Liuzzi pronto se cerrará, sin consecuencias negativas para Zannini, porque su candidatura a vicepresidente con posibilidades de ganar las elecciones lo cubrirá con un manto extra de impunidad.

En los países serios, nadie se habría sorprendido por el hecho de que dos de tres camaristas le hubieran rechazado a uno de los precandidatos a presidente un pedido de sobreseimiento. Tampoco se habría dejado pasar tan fácilmente la burda descalificación de la Presidenta al juez Claudio Bonadio, quien mandó a buscar con el auxilio de la Policía Metropolitana los papeles que la empresa Hotesur no le entregaba. Lo que se investiga es el posible delito de lavado de dinero. Es decir, la posibilidad de que el empresario Lázaro Báez, entre otros, haya utilizado plata originada en pagos ilícitos para pagar servicios que la empresa de la Presidenta nunca le habría prestado. Los que subestiman el juicio que lleva adelante Bonadio no se imaginan lo fácil que es probar cuántas habitaciones del Hotel Alto Calafate fueron ocupadas o no y si Báez abonó sobreprecios para que a la declaración jurada de la jefa del Estado le cierren los números.

Los candidatos son ricos, pero la información sobre sus bienes es pobre.

Publicado en La Nación