Los barones de la política que viven de ella desde hace por lo menos 30 años dicen que pequeñas o grandes trampas, en el complejo sistema electoral de la Argentina, hubo siempre. Pero ¿por qué pareció estallar todo ahora, en el último año del gobierno de Cristina Fernández? Porque nunca una elección presidencial se transformó en una competencia tan reñida como la que se va a celebrar el próximo domingo 25 de octubre. Por lo menos, en los papeles.
Según la mayoría de las encuestadoras, va a haber segunda vuelta. Y será entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Pero, si se presta atención a los números finos, se aceptará que la diferencia entre una eventual victoria en la primera vuelta del candidato del FPV y el llamado a un eventual ballottage es, otra vez, mínima. Y entra en el margen de error técnico de cualquier consultora. ¿Cómo evitar, entonces, en este escenario para el infarto, que la mezcla del voto cadena, los telegramas truchos, los robos de boletas y las quemas de urnas no terminen invalidando o deslegitimando el escrutinio final? Supongamos que, pese a eso, el oficialismo y la oposición encuentran la manera de llegar a un resultado en octubre. Y que ese resultado determine un nuevo llamado a elecciones para la segunda vuelta. En ese caso, las encuestas previas plantean diferentes escenarios, pero el más repetido es el de un empate técnico entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad. Para que se entienda bien: un empate técnico, en "la gran final" del domingo 22 de noviembre, con una distancia de poquísimos votos a favor de uno o de otro, según cuál sea la medidora en cuestión. Entonces ¿qué autoridad política contaría con el respaldo moral suficiente como para garantizar y convalidar un resultado?
El escándalo de la votación en Tucumán ya está contaminando a toda la Argentina. En cuanto se investiga más allá de la superficie, se encuentran irregularidades, pequeñas o grandes trampas en casi todos los distritos del país. El candidato a gobernador del Frente Renovador, Felipe Solá, no ha podido probar, todavía, que le habrían malogrado cerca de 200.000 votos. Es casi seguro que la justicia electoral no llegará a determinarlo. Como tampoco alcanzará a esclarecer la propia justicia de Tucumán todas las denuncias que acaba de presentar el candidato a gobernador opositor José Cano. Pero la sospecha cierta está más que instalada. Como quedó convalidada con la denuncia del apoderado de la UCR en Formosa, Enrique Hernández, quien acusó al FPV de hacer votar a miles de paraguayos con domicilio falso y a cambio de dinero en efectivo, subsidios y planes sociales. En otras provincias del Norte se detectaron mesas en donde los entonces precandidatos presidenciales Macri, Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá, Jorge Altamira y Nicolás del Caño obtuvieron cero votos. Aquellos resultados extraños no se elevaron a la categoría de escándalo porque los triunfos de los candidatos del FPV fueron tan contundentes que desalentaron toda protesta. En cambio, los fiscales debutantes que, durante las últimas PASO, trabajaron para Pro en algunos distritos del conurbano bonaerense regresaron de su tarea espantados. El candidato a diputado Fernando Niembro relató con lujo de detalles cómo un grupo de fiscales del FPV presionó incluso a unos gendarmes que pretendían garantizar la fiscalización de las urnas de la escuela en la que él votó. "Nos patotearon mal. Y si no fuera por los gendarmes, se habrían llevado las urnas para hacer y deshacer a su antojo", me dijo Niembro, horas después de la elección. Ahora también sabemos que hay fiscales de la oposición que terminaron aceptando retirarse antes del conteo a cambio de dinero contante y sonante.
¿Cómo se recupera el sistema político de semejante estado de sospecha? Como si esto fuera poco, los barones del conurbano están preocupados. Su olfato político les sugiere que deben despegarse de la boleta de Aníbal Fernández gobernador, pero están siendo presionados por el Gobierno para entregar en la mano la boleta completa. La preocupación del oficialismo es doble: Scioli teme que la fuerte mala imagen de Aníbal termine contagiando un rechazo hacia su nombre. Y otra es la de Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, quienes temen que el mismo efecto termine haciendo que María Eugenia Vidal se transforme en gobernadora.
Ahora mismo, hay una encuesta nacional que ubica a la postulante de PRO un par de puntos arriba de Fernández, pero los propios responsables de la consultora dicen que hay que relativizarla, porque el porcentaje de indecisos es muy alto, cerca del 17%. "Y también hay que relativilizarla porque una cosa es decir que se va a votar a Vidal y otra cosa muy distinta es tomarse el trabajo de cortar boleta para hacerlo", me explicó.
De nuevo. Supongamos que el resultado de la elección para gobernador en la provincia más importante del país se dirime por una mínima diferencia y que esa insignificante ventaja alimente las mismas sospechas que hoy persisten entre los tucumanos y los bonaerenses. ¿Quiénes, con qué criterio y con qué autoridad moral podrían convalidar las cifras definitivas? Es tan peligroso no terminar de esclarecer lo que pasó en Tucumán como agitar el fantasma de la deslegitimación del modo electoral y el sistema democrático de la Argentina.
Al mismo tiempo es ingenuo suponer que la casta de dirigentes que viene haciendo negocios personales desde la restauración democrática se quiera ir a su casa, si tiene oportunidad de discutir el resultado de una elección apretada. Los políticos honestos del oficialismo y de la oposición deberían empezar a analizar este escenario, porque una vez desatada la dinámica de la confrontación por la legitimidad de los triunfos podría ser muy difícil detenerla.
Los analistas políticos suelen hablar del cisne negro para definir la irrupción de un hecho inesperado. Pero en esta Argentina de 2015 parece haber uno por semana. La muerte del fiscal Alberto Nisman y las polémicas elecciones de Tucumán son el primero y el último de una larguísima saga. Cristina Fernández acaba de ingresar en sus últimos cien días de gobierno. La imagen positiva de la Presidenta todavía es muy alta y sus incondicionales vaticinan que le sobrará para volver en 2020, cuando su sucesor haya completado el mandato correspondiente. Con el debido respeto por su investidura, debería estar más atenta al proceso electoral que a su cuenta de Twitter.
Publicado en La Nación