La nueva Ley de Medios salió de prepo. Cuando las cosas se hacen de prepo, y no por consenso o seducción, es muy probable que duren muy poco. El tiempo de aguante depende de la capacidad de presión de quien impone. Por eso es dable suponer que será de muy difícil aplicación, y que quizá sea perfeccionada o anulada a medida que Kirchner vaya perdiendo poder.

La nueva Ley de Medios obtuvo una mayoría abrumadora gracias al brutal ejercicio del toma y daca. Ejercicio que indigna y repudia la mayoría de la sociedad. La primera señal de alarma la dio esta columna, cuando informó que el Gobierno había desembolsado 6 millones y medio de pesos de un total de 100 millones correspondientes al Plan Federal de Viviendas de la provincia de Chubut.

Terminó siendo una muestra en miniatura de los escandalosos canjes en los que algunos senadores vendieron su libertad de conciencia y de opinión.

El más brutal fue el de Dora María Sánchez, la senadora que primero opinó que la ley era un "mamarracho" y que después la votó, con el argumento de que su provincia necesitaba la ayuda de la Nación.

Es también la transfugueada que Néstor Kirchner más habría festejado. Porque la voltereta de Dora pegó directo en el corazón del proyecto político de su jefe, el vicepresidente Julio Cobos.

El Gobierno lo sacó a la luz con la intención de mostrarle a la sociedad que, a la hora de los bifes, todos los dirigentes, y no solo los kirchneristas, son más o menos presionables, más o menos veletas, más o menos tránsfugas.

La Ley de Medios no nació para equilibrar la oposición dominante de algunos multimedios, lo que hubiera sido comprensible y justificable, sino para vengarse del Grupo Clarín, lo que terminará siendo nefasto para toda la sociedad.

Para que se entienda bien: fue tanta la furia y la premura que se le impuso, que contiene serios errores en su confección. Errores gramaticales, como aplicar la palabra "bianual" cuando corresponde bienal para hablar de un período de revisión de licencias cada dos años. Y errores prácticos, como la destrucción de las pequeñas y medianas empresas de comunicación de las provincias. Esto, sin contar el escándalo que implica avanzar sobre los contenidos, como en las peores épocas de la dictadura.

La Ley de Medios de Kirchner afectará al propio ex presidente, más temprano que tarde.

Los que leyeron con detenimiento el mapa de los medios saben que los más grandes podrán ser afectados, pero nunca tanto como para perder su poder de fuego, basado en su capacidad de informar e influir sobre los argentinos.

¿Será por eso que el propio Kirchner habría mandado a decir a muchos dueños de medios que la guerra no es contra ellos, sino contra Clarín, y que este gobierno le facilitaría las cosas para poner sus licencias a nombre de testaferros, además de prometer más publicidad oficial para los próximos dos años? De tan impúdica y sospechada, la Ley de Medios podría dejar a los dirigentes que piensan en el futuro un par de enseñanzas muy valiosas.

La primera: aunque una buena parte de los legisladores están dispuestos a vender sus principios a cambio de dinero para sus provincias, una embajada o protección política para evitar ir preso, hay otros que funcionan al revés. Y esto incluye tanto a quienes votaron a favor de la ley, como a los que lo hicieron en contra. Los senadores Gerardo Morales y Rubén Giustiniani son dos ejemplos concretos.

La segunda: cualquiera que tenga aspiraciones de gobernar la Argentina, o provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe e incluso la Ciudad, ahora sabe que no podrá hacerlo con eficiencia y libertad si no cambia tres instrumentos para ejercer el poder:

–La Ley de Coparticipación

–Los superpoderes y el criterio para firmar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

–El mecanismo de decisión del Consejo de la Magistratura.

La actual Ley de Coparticipación transforma a los gobernadores en perritos falderos del poder central de turno. O peor: en mendigos dispuestos a soportar cualquier humillación con tal de recibir los fondos para seguir gobernando. Daniel Scioli, Fabiana Ríos, Hermes Binner o Arturo Colombi son los nombres actuales. Pero mañana serán otros y pasado otros distintos, si no se cambia urgente esta patente de corso del Poder Ejecutivo.

Con los superpoderes y los DNU pasa lo mismo: facilita las decisiones discrecionales por miles de millones de pesos, y mientras no haya nuevas leyes que le pongan límites el presidente podrá hacer con el dinero de los contribuyentes más o menos lo que se le dé la gana.

La conformación del Consejo de la Magistratura permite dos de los peores pecados de esta democracia imperfecta. Uno: la posibilidad de que en juez corrupto entongado con el poder político de turno mande a la cárcel a un inocente.

Y dos: la imposibilidad de que un juez federal meta preso a un secretario, un ministro o un presidente que se haya enriquecido de manera ilícita en tiempo y forma.

- Solo podré condenar a un presidente que roba cuando esté seguro que, una vez tomada la decisión, no me hagan un juicio político arbitrario, o una campaña sucia en mi contra o en contra de mi familia- me dijo uno de los jueces federales mejor preparados desde el punto de vista técnico.

Su confesión da pena. Pero es la pura verdad.

Publicado en El Cronista