El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, es solo el primero. Porque en los próximos días, semanas y meses, empezarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py y ocuparán algunas de las celdas previstas para purgar sus delitos, personajes emblemáticos como Lázaro Báez y su hijo, y exfuncionarios como Amado Boudou y Aníbal Fernández. Incluso verá muy comprometida su situación procesal la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fuentes muy seguras anticiparon que, si no ocurre antes nada imprevisto, el juez Claudio Bonadio le tomará el próximo miércoles 13 de abril declaración indagatoria, la procesará, y tiempo después dictará su condena por administración fraudulenta y abuso de confianza en la causa que investiga el negociado del dólar futuro. Lo mismo podría suceder con el exministro de Economía, Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Bonadio los considera responsables de hacerles perder a los argentinos, con la decisión de venta de dólar futuro a un precio muy barato, más de $ 76.000 millones, diez veces más que lo que se habría ahorrado Cristóbal López por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, a través de su empresa Oil.
Aunque se trata de un delito, en principio, excarcelable, a la exjefa de Estado, en meses, se le podría sumar otra condena derivada de otro juicio: el originado en su empresa, Hotesur, que contempla el lavado de dinero y la recepción de coimas, con la complicidad del mismo Báez. Hotesur, la causa, será absorbida por el juez Julián Ercolini, el mismo que acaba de meter preso al exsecretario de transporte multiprocesado.
Lo que está sucediendo no es mágico. Podría entenderse como un Mani Pulite a la criolla, o como la respuesta institucional al clamor de parte de la sociedad, resumido en la consigna: "Que vayan todos presos y que devuelvan la plata".
Lo entendió a la perfección el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuando en la apertura del año judicial, el 15 de marzo pasado, en un mensaje directo a todos los jueces federales que estaban presentes, los conminó a "terminar con la impunidad para fortalecer las instituciones". Además los despabiló así: "Seamos conscientes de la responsabilidad que la población deposita en el Poder Judicial". Lo escucharon con atención, además de Ercolini, Claudio Bonadio, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez di Giorgi, Daniel Rafecas, Sergio Torres, Sebastián Ramos y Luis Rodríguez.
Pero también lo escucharon los miembros del fuero contencioso administrativo federal, de la Casación Penal y la Cámara Federal completa, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Los que conocen el mundo de la justicia, saben que sin esa invitación a actuar rápido y con rigor, quizá la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Irurzun, Horacio Catani y Farah no hubiera anulado con fundamentos tan duros el sobreseimiento de Carlos Liuzzi, mano derecha del monje negro Carlos Zannini y acusado de enriquecimiento ilícito. Tampoco hubiera dispuesto el apartamiento del juez Luis Rodríguez, quien había cerrado la causa en tiempo récord. Se trata de una de las medidas más fuertes que se pueden tomar contra un magistrado en semejante contexto. Y no porque Irurzun y Catani no se hubieran animado. Se trata de dos de los camaristas más respetados. Pero no dejó de sorprender el ritmo y la decisión por unanimidad. Lo mismo puede decirse sobre la hiperactividad del juez contencioso administrativo, Esteban Furnari.
Porque en las próximas horas, el magistrado podría hacer lugar al pedido de la AFIP, anticipado anoche por el equipo de investigación de La Cornisa TV, de embargar e inhibir los bienes del grupo Indalo. Su confirmación, en términos prácticos, significa tratar de recuperar parte de los $ 8000 millones que Cristóbal López le dejó de pagar al Estado para comprar nuevas empresas y financiar las viejas.
¿Cuánto tardará Servini en procesar a Pablo Paladino, Gabriel Mariotto y los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, por su responsabilidad en el descontrol del programa Fútbol para Todos? Lo que demore en tomarles la indagatoria y cumplimentar los pasos procesales, de acuerdo al procedimiento que la jueza lleva adelante con mucho celo. ¿Y cuánto tardará en explotar la denuncia que presentará hoy mismo Margarita Stolbizer, quien acaba de descubrir que Cristina y Máximo usaban otra sociedad, denominada Los Sauces SA, para hacer lo mismo que hacía Hotesur; es decir, recibir retornos a través de compras y alquileres de inmuebles pagados por Báez y López y anticipos de dividendos que no están permitidos por la ley? La dinámica que están tomando los acontecimientos es imparable.
También lo entendió así el presidente Mauricio Macri, quien le dio vía libre a la Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, para presentarse como querellante en la causa Hotesur, entre otras. Detrás de semejante entramado hay una necesidad y un riesgo. La necesidad del gobierno de mostrarse activo contra los escándalos de corrupción, en línea con la indignación social, pero sin aparecer como el fogonero de semejante movida. El riesgo es que el aluvión de procesamientos, condenas y detenciones sea de tal magnitud que termine conmoviendo a todo el sistema político, tal como está sucediendo en Brasil.
Entre los que intentan llegar a fondo, se encuentran, además de Alonso, el ministro de justicia, Germán Garavano, la diputada Elisa Carrió y el asesor jurídico de confianza del jefe de Estado, Fabián Pepín Rodríguez Simón. Por eso trabajan a destajo para que el Congreso apruebe una ley del arrepentido que sirva como instrumento para llegar a la máxima verdad y caiga quien caiga, incluída la expresidenta de la Nación.
El propio presidente de la Corte trabaja en el mismo sentido, pero con un criterio más práctico: por eso acaba de designar un cuerpo de peritos anticorrupción; para que los jueces no tengan más excusas y aceleren las investigaciones y las condenas en las causas donde están involucrados exfuncionarios sospechados de robar, lavar dinero y proteger a delincuentes de guante blanco, incluidos narcotraficantes. Es su respuesta institucional a la demanda de que los responsables vayan presos y devuelvan la plata.
Sin embargo, Macri y su mesa chica se equivocarían si tomaran a este clamor social como una buena oportunidad para hacerse los distraídos con las consecuencias que provocan la alta inflación y el aumento de tarifas. Porque si el costo de vida no empieza a bajar después de mitad de año no habrá lucha contra la corrupción que sirva para amainar el descontento social que todos los meses, va creciendo un poco.
Y tampoco va a servir para tapar la reacción contra los gestos que impliquen defraudar al votante de Cambiemos: desde el uso de un avión privado para viajar a Punta del Este, como lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo Francisco Cabrera hasta la utilización del helicóptero y la estancia de un controvertido empresario de la Patagonia, como lo hizo el propio Macri durante el último día de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Publicado en El Cronista