Las detenciones de Lázaro Báez y Ricardo Jaime no deben ser interpretadas como el final de un ciclo de corrupción e impunidad. Es al revés. Se trata del principio de una densa trama que podría terminar con el procesamiento y la pérdida de la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. La tormenta perfecta no comenzó la semana pasada. En realidad, se empezó a desatar el martes 15 de marzo, en la apertura del año judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, les envió una señal inequívoca a los fiscales, jueces federales, camaristas e integrantes de los juzgados en lo contencioso administrativo, para que aceleren los juicios por corrupción y empiecen a combatir en serio el narcotráfico.
Por lo menos cinco de los doce jueces federales lo entendieron como un gesto de "contención institucional" para obrar según sus convicciones. En los días sucesivos, Lorenzetti habló con varios y les garantizó que el nuevo cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción iba a colaborar de manera incondicional. A su vez, los mismos magistrados recibieron otra señal inequívoca, esta vez de parte del Gobierno. Les dijeron que el Presidente no movería un dedo para evitar que vaya preso ningún ex funcionario acusado de corrupción. Ni aunque se tratara de la ex jefa del Estado. No fue Daniel Angelici el mensajero oficial, sino un alto funcionario que habló con fiscales, magistrados y camaristas en nombre del jefe del Estado, pero de manera "institucional". Lo mismo les trasmitió un abogado que es muy escuchado por Macri, aunque no ostenta el cargo de asesor del Presidente.
La voz altisonante de la diputada Elisa Carrió y el video del primogénito de Lázaro y sus cómplices contando dinero no hicieron más que precipitar la cadena de hechos. Ahora los acontecimientos ya tomaron una dinámica propia. Una lógica que resultará imparable.El calendario de citaciones y la evolución natural de los expedientes anuncian más detenciones y algunas condenas. La misma suerte de Jaime y Báez le podría tocar al ex vicepresidente Amado Boudou, por su responsabilidad en la causa Ciccone y el pago irregular del gobierno de Formosa a la consultora de Alejandro Vandenbroele. La jueza Servini de Cubría espera el "momento procesal" justo para tomar declaración indagatoria a Pablo Paladino y Gabriel Mariotto, en el expediente del programa Fútbol para Todos. Y detrás de ellos comparecerán, por el mismo asunto, los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
El miércoles de la semana próxima, a las 10, Cristina deberá presentarse ante el juez Bonadio para explicar su responsabilidad en la operación de venta de dólar futuro que, según el magistrado, le habría generado al Estado un perjuicio de 76.000 millones de pesos. Bonadio, a quien no parece amilanarlo la convocatoria lanzada para que la militancia apoye a la ex presidenta, está convencido de que tanto ella como el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli son sospechosos de fraude. El juez recibió esta semana otra noticia inesperada. Fue sorteado para tramitar la denuncia que presentó el lunes la diputada Margarita Stolbizer, con el asesoramiento de la experta en sociedades Silvina Martínez. La denuncia es contra la empresa Los Sauces y acusa a Cristina, a Máximo Kirchner y a otros de falsificación de documento, presunto enriquecimiento y "cualquier otro delito" que se pueda detectar en el trabajo de instrucción. Para quienes analizamos en detalle de qué se trata, se la podría considerar una causa gemela a la de Hotesur, que, por otra parte, es la que más preocupa a la viuda de Néstor Kirchner. Lo único que diferencia a una de otra son el nombre y el instrumento que, según Stolbizer, utilizaron para enriquecerse y lavar dinero. En el caso de Hotesur, el modus operandi fue el cobro de alquileres por habitaciones que no se habrían usado y el "delito precedente", la devolución a la familia Kirchner, por parte de Báez, de parte de los millones que ganó con la obra pública. En el de Los Sauces, los Kirchner cobraron por parte de Báez y de Cristóbal López dinero por la compra de inmuebles y alquileres de terrenos, edificios y cocheras. Es decir, varios millones de pesos que parecen estar insertos de manera desprolija en los balances de una empresa que, para más confusión, se llama igual que el hotel boutique que está pegado al domicilio de la ex presidenta en El Calafate.
No será difícil para Bonadio descular la tramoya de Los Sauces. Ya estaba a punto de recibir en mano las pruebas que servirían para condenar a los sospechosos del affaireHotesur cuando un par de camaristas lo recusaron y la causa recayó en Daniel Rafecas, que la cajoneó durante ocho meses y después se la sacó de encima. Las cajas con las evidencias están bien guardadas en una oficina de la Prefectura cuyas llaves posee Rafecas, que no se las presta a nadie. ¿Cuánto tardará Bonadio en volver a reclamar esos papeles, por considerarlos vinculados y conexos a la causa Los Sauces? ¿Cuánto tardará su colega Julián Ercolini en reclamar el corazón de la causa Hotesur, en la que, según Bonadio, ya estaría "largamente" probado el delito de lavado de dinero? Ercolini es el mismo que acaba de detener a Jaime y rechazar su pedido de excarcelación. Igual que la mayoría de sus colegas, fue presionado una y mil veces por los mensajeros de Néstor y Cristina y pensó en renunciar. La derrota electoral del Frente para la Victoria provocó en Comodoro Py el mismo efecto que generó en Jujuy la victoria de Gerardo Morales. De un día para el otro, allí los fiscales y los jueces se encontraron con que podían volver a su trabajo con dignidad e incluso denunciar, procesar y detener a la ex todopoderosa Milagro Sala sin temor a perder el puesto. Los hombres de la justicia jujeña también comprobaron que pueden tomar decisiones importantes y que el mundo, al otro día, seguirá andando. Quizá Cristina no sea encarcelada o detenida ahora mismo, ni mañana, ni pasado. Pero no es improbable que con el tiempo se le acumulen las penas y termine detenida. La condena, hasta entonces, será social. Hasta que un magistrado, si corresponde, se atreva a ponerle la firma a la condena judicial, que duele tanto o más que la otra. No parece imprescindible, para eso, que Báez o Jaime se transformen en arrepentidos. Las pruebas acumuladas en los expedientes serían suficientes.
Publicado en La Nación