Un dramático giro podría dar la causa de la ruta del dinero K si el principal acusado, Lázaro Báez, acepta la sugerencia de sus abogados, se acoge a la ley del arrepentido, se incorpora al régimen especial de Testigo Protegido y decide involucrar a la expresidenta Cristina Fernández y a Máximo Kirchner en el sistema de corrupción y lavado de dinero del que él mismo es una pieza clave.

La interpretación no es un capricho mío. Me lo transmitieron fuentes muy seguras que trabajan en la investigación judicial. La propuesta ya se la hicieron llegar a Lázaro Báez de manera informal, pero concreta. Ahora el presunto testaferro de la familia Kirchner la está analizando junto a sus abogados.

Detrás del "aprovechamiento" que hizo Leo Fariña de la ley del arrepentido hay una historia para contar.
Todo comenzó cuando su abogada, Giselle Robles, se comunicó con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan y le pidió ayuda. Al exvalijero, preso en Ezeiza por el delito de evasión fiscal agravada, le habían rechazado su pedido de excarcelación y estaba desesperado. No quería permanecer detenido ni un minuto más.

–¿Qué me puede ofrecer?– preguntó Robles a Marijuan.
–¿Yo? Nada– le respondió.
Y enseguida le aclaró:

–Lo que yo puedo hacer es usar mis buenos oficios para hablar con las autoridades del Tribunal Oral de la Plata (TOF1) y sugerirles, en el caso de que la declaración de su cliente sea relevante y esté sustentada con pruebas, que lo saquen de la cárcel y lo pongan en el régimen especial de testigos protegidos, con el argumento de que su vida va a correr peligro.

–¿Es todo lo que nos pueden ofrecer?– reclamó la abogada.

–Solo eso. Y no puedo dar garantías de que acepten mi sugerencia.
A las 48 horas la abogada llamó a Marijuan y le dijo:

–Vamos a aceptar su propuesta, porque no tenemos nada mejor.
Y Marijuan le respondió:

–Pero yo solo me comprometo a hacer las gestiones si Fariña declara la verdad, y aporta evidencias. Porque ya declaró tres veces y dio tres versiones distintas.

–Yo le garantizo que Leo va a incriminar a gente que está por encima de él si usted me garantiza la gestión– prometió la abogada Robles.

–Hecho. Pero quiero aclararle una cosa más. Yo, como fiscal, no puedo ofrecerle nada. Pero él, como imputado, sí puede solicitar, antes de hacer su declaración, que se le permita ingresar al sistema del arrepentido. Y también puede pedir que se lo incorpore al régimen especial de Testigos Protegidos.

Por eso Fariña, antes de empezar a declarar, pidió hacerlo bajo las normas de la ley del arrepentido. Y después de tres horas, Marijuan interrumpió la indagatoria para hacer un llamado urgente. De inmediato, él y el juez Casanello se comunicaron con las autoridades del Régimen especial de protección de testigos. Les preguntaron si, debido a la importancia de sus denuncias y a que la vida del denunciante podía correr peligro, se podrían hacer cargo de Fariña.

Le respondieron que sí.

Entonces Marijuan ingresó al despacho del juez y anunció:

–Por la gravedad de sus denuncias y acusaciones el imputado corre riesgo de vida. Y es este acto solicito al juez que se lo incluya en el programa especial de Testigos Protegidos.

Fariña, que ya se había fumado dos atados de cigarrillos, se puso a llorar y tardó varios minutos en reponerse.
Fue porque comprendió que, en cuestión de horas, recuperaría su libertad.

La segunda parte de su indagatoria, ya aliviado, fue mucho más jugosa y concreta.

El primer dato que hay que tener en cuenta es que Fariña antes de declarar, estaba preso, y que su vida corría peligro.

Y ahora, bajo condiciones especiales, está en libertad. Y puede hacer casi todo lo que se le venga en gana. Como cualquiera de nosotros.

El segundo dato: si Lázaro Báez decide aceptar la sugerencia que le hicieron llegar desde el juzgado donde se tramita su causa, es posible que termine en la misma condición que Fariña, con todo lo que esto significa.
Si los abogados de Lázaro son inteligentes y no le mienten, deberían hacerle saber el exacto lugar donde está parado.

Deberían decirle que por el delito de lavado agravado, las evidencias que existen y el impacto político y social que tiene este juicio, lo mínimo que podría permanecer encerrado es ocho años, incluido el tiempo que demore el juicio oral.

Lo subrayo: ocho años.

Casi una vida entera, si se lo compara a cómo vivió hasta el día de hoy.

Tendríamos ahora que pensar y, aunque es difícil, ponernos por unos segundos en el lugar de Báez. Porque es así como piensan los fiscales y los jueces que necesitan información e imputados que se arrepientan.
Báez va a perder una buena parte de su fortuna.

Decenas o cientos de millones de dólares, para el caso no es tan diferente.

Pero Báez, si fue mínimamente previsor, podría haber guardado "un canuto" de unos cuantos millones de dólares o euros, para usarlos, de manera directa o indirecta, mientras goce del régimen especial de testigo protegido.

Y podría ver, de vez en cuándo, a su familia. O incluso alejarse, junto a parte de su familia, a un lugar muy difícil de detectar, como en la historia de la película ‘Buenos Muchachos’.

La otra opción no presentaría muchos matices.

Sería permanecer detenido, con su familia escondida, tratando de evitar los escraches y la humillación, y con la posibilidad latente de que alguno de sus hijos, como Martín Báez, caiga preso, en las mismas pésimas condiciones que tendría que soportar él.

"Si yo fuera Lázaro Báez, le aconsejaría que se transformara en un arrepentido, que reconociera su error y que le diera la posibilidad, a su familia, de ser recordado como alguien que se equivocó, pero que en la segunda parte de su vida decidió recuperar su dignidad", me dijo un hombre de la justicia que conoce la causa como la palma de su mano.

Un mensaje parecido le hicieron llegar, desde el juzgado, al abogado Jorge Chueco, otra de las figuras clave en el armado de lavado y fuga de dólares y euros al exterior en la denominada ruta del dinero k.

Chueco dijo que se quiso suicidar en dos oportunidades por la vergüenza que sentía frente a su familia y sus seis hijos. Si es verdad lo que planteó, suicidarse es la peor opción. Porque muerto, será recordado como uno de los grandes cómplices del lavado de dinero de la corrupción. Pero si declara lo que sabe, le regalará a sus hijos el argumento de que su padre prefirió dejarlos a salvo de la vergüenza, y colaboró con la justicia para llegar a la verdad.

A esta altura del razonamiento es oportuno preguntarse si una eventual declaración de Lázaro Báez podría complicar la situación procesal de Cristina Fernández y de Máximo Kirchner.

La respuesta es: obvio.
La podría complicar, y mucho.

Porque Lázaro, para involucrarlos, no necesitaría incluirla en los vericuetos de la operatoria del lavado de dinero, sino como beneficiarios del sistema de cinco pasos que detalló Fariña: cartelización de la obra pública, sobreprecios, sobrecostos para blanquear dinero negro u facturación apócrifa, cohecho y lavado propiamente dicho.

Además, hay que recordar que en esta causa, la expresidenta está imputada por el fiscal Marijuan y que éste, en cualquier momento, podría definir la imputación y citarla a declarar como sospechosa de encubrimiento. Es que tanto él como el juez Casanello dan por sentado que Fariña dijo la verdad cuando declaró que Cristina mandó a llamar al rey de la obra pública para preguntarle si estaba fugando al exterior plata que le pertenecía. Es decir: que la expresidenta debía haber presentado la denuncia, si tenía la sospecha de que alguien estaba consumado un delito con los fondos del Estado.

En todo caso, con todo respeto, yo le recomendaría a la exjefa de Estado que, además de hacer una defensa política, hostigando a la justicia y presentando a los Panamá Papers y la inflación como algo más grave que el megasistema de corrupción de Estado de la que aparece como responsable, se consiga los mejores abogados que pueda pagar, más técnicos y menos discursivos.

Porque su situación objetiva es más grave de lo que parece.

Para empezar, en los próximos días el juez Claudio Bonadio la va a procesar por el delito de fraude en la causa por la venta de dólar futuro.

Para seguir, el mismo juez acaba de pedir y lograr el acceso de todos los documentos y pruebas que él mismo quiso capturar en los 30 allanamientos que hizo en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, cuando tramitaba la Causa Hotesur. Bonadio hizo el requerimiento para empezar a investigar la denuncia de Margarita Stolbizer sobre Los Sauces, la otra sociedad de Cristina y Máximo, a través de la cual cobraron dinero por ventas de inmuebles y de alquileres, que fueron pagados por Lázaro Báez y Cristóbal López, a precios exorbitantes.

Y para terminar, habría que confirmar si la denuncia que acaba de hacer la diputada por Jujuy Mabel Balconte es una fantasía o la pura verdad. Ella afirmó ante la justicia de esa provincia que Milagro Sala llevaba bolsos con dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la quinta de Olivos. Pero no lo hizo solo en público. Primero lo dejó documentado ante la justicia federal de su provincia. Y si no está mintiendo, hay mil maneras de corroborar si los hechos que narra sucedieron de verdad.

Uno es el más sencillo de todos. Confirmando a través de las celdas de los celulares y las agendas, si Balconte estuvo donde dice que estuvo, en el medio de valijas con millones de pesos, que se repartían para pagar los retornos que el Estado le daba a Milagro Sala por obras que nunca construyó.

Publicado en El Cronista