El rey de la obra pública y el zar del juego se están quedando sin alternativas. Tienen que pagar con la cárcel, y con su patrimonio, por haber violado la ley con la complicidad del gobierno anterior. Vamos por partes. El socio de Néstor Kirchner y Cristina pasa sus peores momentos en el establecimiento penitenciario de Ezeiza. "Recién le cayó la ficha", me dijo uno de los pocos que hablan con Báez y que se considera su amigo. "Se está dando cuenta de que no volverá a recuperar ninguno de los bienes que le están embargando. Además extraña a sus hijos, pero no quiere que lo vayan a visitar. Se niega a que lo vean en esa situación", detalló.

Fue lo mismo que sintió Leonardo Fariña cuando lo metieron preso por evasión agravada. Báez, además, está decepcionado con el trabajo de sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari. Lázaro escuchó, por un momento, el canto de sirena de otros profesionales. Unos le prometieron una pronta salida en libertad. Otros, la posibilidad de conseguir el arresto domiciliario alegando problemas de salud. Báez les llegó a preguntar: "¿Por qué el juez le otorgó el arresto domiciliario a Stinfale y no lo haría conmigo?". Como se sabe, Sebastián Casanello, el mismo magistrado que tramita la causa de la ruta del dinero K, procesó a Víctor Stinfale y otros por considerarlos responsables de la muerte de cinco personas en la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp. Pero Stinfale tiene una arritmia atípica y cada tanto necesita atención urgente para que su corazón siga funcionando con normalidad. No parece un invento. Dos juntas médicas lo certificaron. Báez, en cambio, sólo padece diabetes. Y su vida, por ahora, no corre ningún riesgo.

Recién la semana pasada escuchó, de boca de alguien que conoce la causa, el calvario que le espera por delante: "Olvidate de obtener la libertad enseguida. Como mínimo, vas a quedar adentro 10 años, como responsable del delito de lavado. Y como máximo, 20, por los agravantes derivados de los hechos reiterados". A Lázaro se le imputan por lo menos 40 hechos de lavado. El juez anticipó que piensa elevar a juicio oral la mayoría de esos casos antes de fin de año. El presidente de Austral Construcciones ya lo intentó todo. Trató de obtener ayuda de la ex presidenta y su hijo Máximo, pero ambos le dieron la espalda. Probó con un mensaje al Presidente, pero los integrantes de la mesa judicial de Macri impidieron que llegara a destino. Sus abogados, junto con los del ex ministro Julio De Vido y un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria, intentaron extorsionar al jefe del Estado con el pedido de incluir a su primo, Angelo Calcaterra, en algún expediente de corrupción, incluido el del propio Báez. Sin embargo, por ahora, ningún magistrado está dispuesto a convalidarlo.

Fuentes cercanas a Lázaro hicieron correr el rumor de que Casanello, Cristina y Báez habían estado juntos en tres oportunidades, el año pasado, en la quinta Olivos. Relataron que entonces lo iban a recusar. Pero la burda operación se cayó a las pocas horas. Abatido, Báez le pidió a su leal amigo que llamara al fiscal Marijuan para pedirle una audiencia. El amigo lo hizo. El fiscal le explicó que debía enviar un escrito al juez. Agregó que si el motivo lo ameritaba, el magistrado no se iba a negar. Y que entonces podrían conversar. Báez no ignora que fue Marijuan quien facilitó los mecanismos para que Fariña se transformara en un "arrepentido". Por eso quiere saber, de primera mano, cómo sería su nueva vida, y en especial, la vida del resto de su familia, si es que él, como Ray Liotta en la película Buenos muchachos, decidiera contar cómo se movían los eslabones más importantes del sistema, incluidos ministros, secretarios y también Néstor, Cristina y Máximo.

Cristóbal López todavía no está preso, pero las causas en su contra avanzan sin pausa. El juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari le impidió mudar su domicilio fiscal a Comodoro Rivadavia y lo sigue investigando por haber defraudado al fisco en casi 8000 millones de pesos al no pagar el impuesto a los combustibles a través de su empresa Oil. Los responsables de la AFIP miran con celo cada movimiento del Grupo Indalo, pero también observan al propio Furnari, en quien no terminan de confiar. Al mismo tiempo, las autoridades de Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires lo están arrinconando con la ley en la mano. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pretende cobrarle más de 4000 millones de pesos en concepto de impuestos a los ingresos brutos que Casino Club no pagó. Y el presidente Macri quiere aumentar al doble el canon que recibe el Estado por lo que recaudan tanto las maquinitas del hipódromo de Palermo como los barcos de Puerto Madero. Altas fuentes de Lotería Nacional calculan que si Cristóbal hubiera pagado en concepto de canon lo mismo que se paga en la provincia de Buenos Aires y en el resto del mundo, Lotería habría recibido, sólo en 2015, el doble de lo que cobró: unos 1.200 millones de pesos.

El jefe del Estado y el hombre de confianza que eligió para discutir con Casino Club, Fabián Rodríguez Simón, jamás lo van a reconocer en público, pero ambos suponen que ésa es la cifra que implicaban los acuerdos políticos entre Néstor Kirchner y Cristóbal López. Los acuerdos no solo incluían el pago de un canon irrisorio. Contemplaban, además, la garantía de que la competencia, el control y el funcionamiento de los casinos fueran ejercidos por Lotería Nacional, y no por el gobierno porteño. Durante los 12 años que administraron el poder Néstor y Cristina, tanto el hipódromo como los barcos montaron espectáculos sin habilitación, pusieron nueve cajeros automáticos en cada uno de los predios, habilitaron lugares para fumadores a pesar de la prohibición que rige en la ciudad, establecieron planes de "fidelización" para incentivar a los jugadores a seguir apostando y presentaron a Lotería información "editada" sobre la cantidad de apuestas que se producían en los tragamonedas. Dentro de pocos días, Casino Club deberá retirar los cajeros automáticos, no podrá montar ningún espectáculo sin autorización y deberá inhabilitar cualquier maquinita cuyo control "informático" no esté "homologado" por empresas internacionales que se especializan en eso. Agobiado, Cristóbal le envió a Macri una carta en la que le preguntó si tenía algún problema personal con él. El Presidente no respondió. Instruyó a sus hombres para que hagan cumplir la ley.