¿Por qué ahora la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que conducen Gustavo Arribas y Silvia Majdalani pudieron atrapar al presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi y el gobierno anterior ni siquiera lo intentó? ¿Por qué ahora los fiscales y jueces federales tardan cinco minutos en imputar, procesar y capturar a exfuncionarios públicos que gozaron de impunidad hasta diciembre del año pasado?
Hay decenas de razones que ayudan a responder ambas preguntas, pero hay una que es incontrastable: ahora el gobierno y los magistrados tienen la voluntad política de hacerlo y antes no.
Ahora los funcionarios nacionales abren los archivos y presentan evidencias documentos y pruebas a la justicia. Los ministros del área los alientan y les informan que podrían tener problemas ellos también, si deciden ocultar información.
Antes, la expresidenta Cristina Fernández y sus hombres de inteligencia, fuerzas de seguridad y la justicia federal temían, con razón, que Pérez Corradi pudiera involucrar al exjefe de gabinete, Aníbal Fernández, en el negocio de la efedrina y también en el triple asesinato.
Ahora, la AFI, pero también el ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich y el ministerio de Justicia, con Germán Garavano a la cabeza, pelean por la extradición de Pérez Corradi contra la propia Interpol porque, dicen, quieren llegar de una vez al fondo de las cosas.
Antes, conseguir un dato en la Inspección General de Justicia, coptada por cuadros de La Cámpora, era misión imposible.
Ahora, por ejemplo, hay un alto funcionario de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que se presentó ante la justicia como testigo de identidad reservada y que está dispuesto a aportar todo lo que sabe y agregar documentación probatoria que involucra a José López en operaciones de pagos anticipados a un grupo de empresas privilegiadas. El funcionario recibía órdenes del propio José Francisco López y ya entregó al juez Julián Ercolini una lista con las órdenes de pago de enero de 2015. Lo particular de la nómina es que se ordena, con un texto manuscrito, pagarles de inmediato a las primeras 10 constructoras, entre las que se encuentran Rovella Carranza, una firma que le adjudican al propio López; Austral Construcciones, de Lázaro Báez; Eusuco, de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y también IECSA, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, entre otros.
Antes la AFI de Oscar Parrilli se dedicaba a espiar a dirigentes de la oposición y periodistas. Estaba aislada del mundo y la colaboración con organismos como la DEA era nula.
Ahora atraparon a Pérez Corradi porque la AFI de Arribas selló un acuerdo con la Agencia Brasileña de Inteligencia Nacional (ABIN) y compartió la información sobre el paradero de Pérez Corradi en Foz Iguazú. Pérez Corradi estuvo a punto de ser atrapado en dos oportunidades. La primera, en enero pasado. Pero la suba de la recompensa hizo comprender al prófugo que la búsqueda iba en serio y desapareció de los lugares que frecuentaba. La segunda vez que estuvieron a punto de capturarlo sucedió días después, pero las fuerzas de seguridad paraguayas los protegieron al mil por mil, según fuentes de inteligencia de la Argentina.
Ahora al hombre lo encontraron gracias a la hija pequeña de su actual pareja, la ciudadana paraguaya María Gladys Delgado Britez. El buzo con la identificación del jardín de infantes los llevó primero hasta su madre y después hasta Pérez Corradi. Siguieron todos sus movimientos hasta que estuvieron seguros de que los podían atrapar. El martes pasado viajaron los operativos de AFI hasta Foz Iguazú. Lo demás fue tan sencillo como cualquier detención. La expectativa del gobierno es que Pérez Corradi, al final, involucre a la supuesta morsa.
Hasta hace unos meses, la jueza María Servini de Cubría dudaba de si la Morsa era, en efecto, el señor Aníbal Fernández, o un alto jefe policial, con unos bigotes parecidos a los del exministro. De cualquier manera tanto el Lópezgate como la captura de Pérez Corradi se pueden interpretar como los últimos dos golpes mortales para el proyecto nacional y popular de matriz diversificada y ampliación de derechos. Porque no se trata de meros actos de corruptela, como infirió Alejandro Dolina. O hechos aislados que no pueden manchar al modelo, como interpretó la abogada mediática Julia Mengolini. Se trata de graves delitos y crímenes complejos que contaminaron al gobierno y a la sociedad durante los últimos 12 años, y la impregnaron de mugre.
José López arrojando bolsos por encima de la pared de un monasterio y gritando que le querían robar la plata de las donaciones y más tarde pidiendo cocaína porque no aguantaba más no es solo una escena tragicómica.
También una postal de época. La introducción del negocio de la efedrina no solo trajo muerte y desazón. Además sirvió para financiar la campaña electoral de Cristina Presidenta 2007. Es imposible imaginar que Ella no estuviera al tanto de los negociados de la obra pública y los detalles del financiamiento de su campaña. Pero aún si se le concediera que la exjefa de Estado no lo supiera mientras su marido gobernó, es inadmisible que después no se enterara de muchos de los negocios sucios que ahora niega. Ella dice que no le dio plata a López y mañana jurará que tampoco alentó el negocio de la efedrina. Pero fue Ella la que erigió al exsecretario de Obras Públicas como primer candidato en la lista de legisladores del Parlasur. Y fue Ella además quien decidió eregir a Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para suceder a Daniel Scioli.
Cristina Fernández puede enviar mil tuits y escribir cien cartas desde su Facebook, pero la realidad siempre se impone por sobre la mentira, la fantasía y el relato. Sería bueno que quienes de golpean el pecho, sorprendidos, como si recién se enteraran de la megacorrupción que imperó durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pidieran disculpas a muchos dirigentes y colegas que lo venían denunciando desde 2008 por lo menos.
La columna de Majul en audio en La Red
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