La Argentina parece una locomotora sin conductor y en viaje a ninguna parte. O mejor dicho: rumbo al choque. El único consuelo es que marcha a velocidad crucero. En la última reunión con la Mesa de Enlace, el Gobierno desaprovechó una oportunidad única. La de anunciar una baja de retenciones para el trigo y el maíz y proponer una seria discusión sobre las retenciones a la soja. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, debe saber de memoria que disminuir, e incluso anular, las retenciones al trigo y el maíz casi no tiene impacto fiscal.

Semejante decisión, y el poner sobre la mesa el debate de cómo se reemplazarían los miles de millones de dólares que el Estado perdería con la baja de las retenciones de soja, hubiera sido muy positivo para el Gobierno y para el país. Para el Gobierno, porque hubiera aportado una imagen de racionalidad y no de capricho. Y para la Argentina, porque hubiera abierto un debate más allá de los intereses del campo, que son legítimos pero no los únicos.

Pero el fantasma de Néstor Kirchner estuvo en el encuentro, y el resultado fue más de lo mismo.

La oposición política, por otra parte, va camino a desaprovechar su chance de mostrarse como alternativa de gobierno. Diputados de la Coalición Cívica, Unión-Pro y otros partidos estudian la presentación de un proyecto que busca quitarle al Poder Ejecutivo todas las facultades delegadas por el Parlamento. La aprobación de esa ley no conllevaría nada positivo. Cualquier administración del mundo necesita, para decidir en un mundo que se modifica cada cinco minutos, instrumentos ágiles. Ningún gobierno podría tomar decisiones claves con los ritmos del debate parlamentario. Mejor y más racional sería, por ejemplo, plantear, junto con la baja de las retenciones a las soja del 35 al 25 por ciento, una manera de financiarla. Una forma inteligente, justa y solidaria con los que menos tienen, como una suba de los impuestos al juego y una reducción de ciertos subsidios que terminan en los bolsillos de funcionarios e intermediarios inescrupulosos.

La sombra de Néstor

En el medio de este panorama, Kirchner no está ausente sino trabajando en las sombras. Y los dirigentes que son utilizados por el ex presidente para decir lo que todavía él no quiere decir, alertan sobre un supuesto plan destituyente, que no tiene ni pies ni cabeza. Pero dentro de la administración hay quienes pretenden aprovechar este clima para justificar eventuales decisiones futuras:

“Si no nos dejan gobernar, si el Parlamento nos impide ejercer el poder, la responsabilidad no será nuestra, sino de la oposición”, interpretó un secretario de Estado que es incondicional a Néstor y trabaja junto a Cristina todos los días.

Se trata de un análisis retorcido, más parecido a una advertencia que a una descripción de la realidad. Pero es una lectura que comparten, también, la Presidenta y su esposo. Ellos ahora miran al Congreso como una especie de gobierno paralelo, y reclaman que los medios empiecen a analizar a la oposición con el mismo rigor con el que lo harían con esta administración.

“Si los diputados y los senadores de la oposición quieren cambiar la ecuación económica serán ellos los responsables del ajuste, y de ninguna manera nosotros”, agregó el secretario de Estado.

¿Significa esto que Néstor y Cristina comienzan a aceptar de antemano que el poder no es absoluto y que deben compartirlo?

No.

Significa que siguen jugando al gato y al ratón, con las cartas marcadas.

La autolimitación del uso de los superpoderes tiene ese sello inconfundible. El decreto enviado por Cristina, le pone un techo del 5 por ciento del Presupuesto a los fondos de los que el Poder Ejecutivo puede disponer más allá de lo que apruebe el Parlamento. Implicarían cerca de 12 mil millones de pesos. Pero según se publicó en los últimos días, se mantendría en vigencia la denominada Jurisdicción 91. Se trata de una cuenta sin asignaciones concretas. Una ‘caja’ de la que el Gobierno puede disponer para hacer lo que se le de la gana, sin previa autorización. No es una pequeña partida: asciende a casi 16 mil millones de pesos.

Y mientras el Gobierno y la oposición continúan su marcha hacia la nada, miles de ciudadanos pertenecientes a la clase media están inundando los juzgados con presentaciones contra los aumentos de la luz y el gas. En algunas facturas los incrementos treparon el 400 por ciento.