La ex presidenta Cristina Fernández recibirá malas noticias en los próximos días. Ella deberá regresar más temprano que tarde a Comodoro Py. Esta vez no la recibirá en su despacho el juez Claudio Bonadio sino su colega Julián Ercolini, quien tramita la causa Hotesur. El magistrado la podría citar para tomarle declaración indagatoria a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El motivo: los presuntos delitos que se le adjudican.

La ex presidenta está siendo investigada por la sospecha de haber lavado dinero a través del retorno de fondos públicos.

Según la información que recogió el equipo de investigaciones de La Cornisa, Pollicita ya tiene acreditado que las empresas de Lázaro Báez defraudaron al Estado con la aplicación de sobreprecios a contratos de obras públicas.

Fueron trabajos adjudicados a Austral Construcciones y otras empresas de Báez por funcionarios del ministerio de Planificación, Vialidad nacional,
Vialidad nacional y Vialidad de la provincia de Santa Cruz.

Pollicita considera a los sobreprecios el delito precedente.

El fiscal también confirmó que se pagaron sobreprecios en las obras de la ruta nacional número 3 y también en las de la ruta provincial número 9. "Se abonó por lo menos el doble de su valor real" explicó a sus colaboradores.

Pollicita cree que parte de la transferencia del dinero de los sobreprecios a la empresa Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez, era devuelto a Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner a través del envío de fondos en forma de créditos y giros bancarios.

El dinero que recibía Valle Mitre se lo giraba a Hotesur, la sociedad que fundó la familia Kirchner para explotar sus establecimientos hoteleros. Desde el Alto Calafate hasta Las Dunas, pasando por Los Sauces, el hotel boutique que se encuentra al lado de la casa de descanso de Cristina Fernández.

Esta semana, además, Pollicita avanzará en la investigación que involucra al extitular de Aerolínas Argentinas, Mariano Recalde, por haber autorizado la contratación de habitaciones en el Alto Calafate, el hotel cuya accionista mayoritaria es Cristina Fernández. El fiscal interpreta que, más allá del precio y la oportunidad es un delito que una empresa del Estado le alquile habitaciones al hotel de la Jefa de Estado.

Pollicita sigue buscando datos entre las 380 cajas de documentación que Bonadio secuestró en los allanamientos del año pasado, y que permanecieron guardadas bajo siete llaves cuando estuvieron a cargo del juez Daniel Rafecas, quien no avanzó en la investigación, hasta que la tomó Ercolini. En el expediente Hotesur el fiscal también imputará a Lázaro Báez por los delitos de lavado y defraudación al Estado.

Hotesur S.A. fue constituida en 2003, el mismo año en que Néstor Kirchner asumió como presidente, para administrar el Hotel Alto Calafate. El 7 de noviembre del 2008, el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice amigo de Néstor y socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria Sancho y Asociados y en la empresa Negocios Inmobiliarios S.A., compró la sociedad Hotesur ‘en comisión’ por u$s 4.9 millones. Pero tres días después se libró un contrato de locación entre Hotesur y Valle Mitre, una de las empresas de Lázaro Báez que administraba el dinero de Austral Construcciones. Una de las pruebas más importantes encontradas en las cajas, es el Acta de Asamblea de diciembre del 2008 que demuestra que Osvaldo Sanfelice adquirió ‘ocultamente’ la sociedad Hotesur para Néstor Kirchner por un 98% y el restante para su hijo Máximo. Estas acciones pasaron después a manos de la ex presidenta Cristina Fernández. Es decir que la sociedad Hotesur, sin ninguna duda, pertenece a los Kirchner.

En las cajas que fueron secuestradas en Río Gallegos se encontraron las documentos que demostrarían el sistema de retorno y el delito precedente: los sobreprecios en la adjudicación de contratos de la obra pública.

El esquema de negocios que Pollicita determinó abarca desde el 10 de noviembre del 2008 hasta el 13 julio del 2013. El fiscal lo interpretó así:

- Desde el Ministerio de planificación a cargo de Julio De Vido se giraban los fondos a Vialidad Nacional y de ahí a Vialidad Provincial de Santa Cruz para pagar sobreprecios a las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla, ambas de Lázaro Báez. Está demostrado que por la construcción de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 9 se pagó más del doble de su valor real. En ambos casos además de la defraudación por el sobreprecio, existe el delito precedente, que conformaría el primer eslabón para el circuito del lavado de dinero.

- Los contratos entre las propias empresas de Lázaro Báez (entre Austral y Kank y Costilla con Valle Mitre) son una simulación o ‘un muro’ para evitar seguir la ruta del dinero.

- Los contratos entre Valle Mitre y Hotesur para el retorno del dinero de los sobreprecios conformarían el tercer eslabón del recorrido para el lavado de esos activos. Ya que Valle Mitre, propiedad de los Báez, era la encargada de pagar la locación y administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, ambos de los Kirchner. Hay un detalle que lo explica mejor: a los tres días de la compra del hotel Alto Calafate por parte de Hotesur S.A, la administración y explotación de las habitaciones fueron cedidas a Valle Mitre.

- El fiscal cerró el circuito al comprobar que Hotesur dio créditos y giró dinero a Néstor Kichner, Máximo Kirchner y Cristina Fernández.
En la documentación de las sociedades siempre se repiten los mismos nombres: Néstor Kirchner, Sanfelice, Lázaro Báez. "Se nota que el directorio de Hotesur lo armaron Lázaro Báez y Néstor Kirchner" explicaron las fuentes judiciales que tramitan la causa.

Los próximos llamados a indagatoria para Cristina Fernández Julio De Vido, Mariano Recalde y también Báez desmentirían la teoría de que final de la investigación llegaría solo hasta el rey de la obra pública. Por eso los hijos de Lázaro intentan convencer a su padre para que se incorpore al régimen de testigo protegido e involucre así a ex secretarios, ex ministros y hasta la propia ex presidenta.