Cristina Fernández y Néstor Kirchner no solo le entregaron a Lázaro Báez de manera irregular y arbitraria el negocio de la obra pública. También lo hicieron con otro negocio potencialmente más rentable y multimillonario: las mejores áreas petroleras de la provincia de Santa Cruz.

Y lo hicieron con la complicidad expresa de la autoridad de aplicación que debía supervisar y controlar la legitimidad de las operaciones: la Secretaría de Energía, cuyo titular era Daniel Cameron y Enarsa (Energía Argentina SA), cuyo responsable era Exequiel Espinosa.

Esta explosiva denuncia está contenida en el pedido de auditoría y pronta respuesta que la diputada nacional Margarita Stolbizer le enviará en las próximas horas al ministro de Energía Juan José Aranguren. La solicitud de auditoría podría terminar, si se comprueban las irregularidades, como las denuncias que impulsó el actual secretario de Vialidad, Javier Iguacel y el expedientes Hotesur o Los Sauces: con Cristina y sus ministros imputados y con un llamado a declaración indagatoria.

El pedido de informes y la demanda de una auditoría urgente que Stolbizer presentará en las próximas horas se basa en los siguientes puntos:

- Néstor y Cristina permitieron que el entonces gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, en 2006, les entregara las áreas petroleras a las empresas de Lázaro, Epsur y Misahar, sin que estás cumplieran con los mínimos requisitos de capacidad operativa.

- Al igual que con la obra pública, las concesiones fueron otorgadas de manera arbitraria, discrecional y utilizando mecanismos irregulares como la conformación de licitaciones direccionadas, intentando hacer un negocio particular de actividades vinculadas a lo público.

- Báez usó, como un instrumento para tercerizar el complejo negocio petrolero, a una consultora, denominada Magma, que tiene domicilio real en un inmueble al que Cristina declaró como de su propiedad hasta 2013, lo que volvería a probar el vínculo promiscuo entre el ex cajero del Banco de Santa Cruz y la familia Kirchner. Se trata de un local de 234 metros cuadrados en la calle 25 de mayo 166, en Río Gallegos.

El pedido de auditoría que incluye una mención explícita de un tramo de la causa denominada la ruta del dinero K, ya que la petrolera Epsur habría girado a Suiza u$s 2 millones y no los habría incorporado a la contabilidad oficial.

Stolbizer, con la colaboración de su asesora, Silvina Martínez, presentará el pedido de informes después de analizar datos contables y societarios de Epsur y Misahar que están contenidos en 15 CDs encontrados en un departamento de la calle Ugarte al 3500, propiedad de Lázaro Báez.
Más allá del pedido de auditoría, el diputado nacional Eduardo Costa, ex candidato a gobernador y competidor en las licitaciones que terminaron con la entrega irregular de las áreas petroleras de Santa Cruz a Lázaro y Cristóbal López, reveló que "los pozos petroleros no son de Lázaro ni de Cristóbal. Eran de Néstor y son de Cristina".

Este nuevo pedido de informes es una contundente muestra de que Néstor y Cristina no solo iban por la obra pública, los subsidios al transporte y la compra de hoteles y de propiedades y el alquiler de habitaciones de hotel para lavar dinero.

Esto demuestra además que Néstor era tan audaz, que también pensaba manejar, a través de sus amigos, testaferros o socios, una actividad tan compleja y de tanto riesgo como la industria del petróleo. No les salió del todo bien porque no encontraron la manera de hacerlo sin arriesgar plata de su propio bolsillo.

Pero lo intentaron. Lo intentaron de diferentes formas.

A una la contó el mismo Aranguren hace un tiempo, cuando reveló que en el año 2004 lo fue a visitar Ezequiel Espinosa, de Enarsa y otro empresario vinculado a Lázaro Báez, para hacerle una oferta por Shell.Aranguren contó que querían comprar Shell, con la ayuda de la petrolera venezolana Pedevesa y con el argumento falso de recuperar una empresa nacional de energía, ya que entonces YPF era de Repsol.

Es más: Aranguren siempre sospechó que aquel famoso boicot a Shell y las posteriores patoteadas de Moreno fueron una venganza de Kirchner, porque el actual ministro se había negado rotundamente a venderle las acciones de la petrolera holandesa en la Argentina.

El propio Eduardo Costa reveló, ayer, que fue presionado por De Vido para no competir contra Lázaro y Cristóbal en las licitaciones por las polémicas áreas petroleras de Santa Cruz.

Los funcionarios nacionales que deberían haber impedido que se renovaran año a año las concesiones de los pozos petroleros a Misahar y Epsur tienen antecedentes muy polémicos.

Exequiel Espinosa, titular de Enarsa, en el lenguaje de los espías de la guerra fría, podría ser considerado un cuádruple agente:

- En 2007 fue denunciado por la Coalición Cívica ante la Oficina Anticorrupción por recibir aportes patronales de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal, siendo, al mismo tiempo, funcionario público.

- En mayo del mismo año, la ANSeS registró que también recibió aportes patronales de YPF, cuando era controlada por Repsol. Por esa nueva incompatibilidad, que no incluyó en su declaración jurada, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción ante el juez federal Claudio Bonadio.

- Y finalmente, en la base de datos de AFIP, Espinosa figura con uno de sus domicilios fiscales alternativos en el inmueble de la calle Mitre 855 de Comodoro Rivadavia. Allí se encuentra una de las sedes de Epsur, la empresa petrolera de Lázaro Báez.

Los antecedentes del ex secretario de Energía, Daniel Cameron, no son mucho mejores.

- En 2003 el juez federal Sergio Torres lo procesó por desvío de fondos al considerar que incumplió sus tareas de control sobre los $ 37 millones que cedió su secretaría al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

- Imputado en la causa Skanska, fue sobreseído en 2011. Ahora que el juez Sebastián Casanello la reabrió, podría ser nuevamente procesado y llamado a indagatoria. Stolbizer le pidió al ministro Aranguren "que se formalicen las denuncias penales que correspondan si esta auditoría determinaría la existencia de posible ilícitos penales".