Una vez más, a Cristina Fernández y Daniel Scioli no los une el amor, sino el espanto. Después de tanta negación, la ex presidenta parece haber comprendido que una de las pocas alternativas que le quedan para no ser condenada y, eventualmente, detenida es participar de alguna manera en las elecciones legislativas del año que viene. Y el ex gobernador, que tiene un mal diagnóstico sobre los motivos por los que algunos periodistas publicamos las denuncias en su contra e investigamos a los hombres de su entorno, parece haber llegado a la misma conclusión: o se presenta como aspirante a legislador nacional o las causas en su contra lo van a terminar corriendo de la política.

En las últimas horas la ex presidenta mandó a avisar que no va a ser candidata, pero eso sólo parece una maniobra para desorientar a sus adversarios inmediatos. La pura verdad es que ella necesita los fueros más que nunca y cuanto antes anuncie su participación en las próximas elecciones, mejor. Porque los fiscales y los jueces que estén en condiciones de meterla presa lo van a pensar más de una vez, si parte de la opinión pública lo percibe como una proscripción a su derecho a participar en política. Más allá de las especulaciones y los deseos del Gobierno, algunos de cuyos funcionarios abonan la teoría de que no conviene que Cristina vaya presa ahora porque es mejor que siga en el candelero para resaltar el contraste con Mauricio Macri, los tiempos de la Justicia, por lo menos en Comodoro Py, tienen su propia dinámica. Y en la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, también.

El fiscal Gerardo Pollicita ya lo adelantó en el último dictamen en el que pidió y logró la indagatoria a la ex presidenta por la causa que investiga su responsabilidad en los contratos de obra pública que denunció el actual titular de Vialidad, Javier Iguacel. Pollicita considera esa maniobra como parte de un entramado que podría terminar ratificando la existencia de una asociación ilícita de la que Cristina haría las veces de jefa. Es decir: un delito no excarcelable y por el que sería privada de su libertad en el caso de que el juez entendiera que podría fugarse o entorpecer la investigación. Peligro de huida, por ahora, no parece haber. Independientemente de su sobreactuación política enfrente de los tribunales de Comodoro Py, ella siempre se presentó cada vez que la Justicia demandó su presencia. Pero bien podría suceder que sus acciones por ocultar información que la compromete en el caso de los denominados CristiLeaks fuera interpretada como un acto de rebeldía. Y eso sería suficiente para ponerla entre rejas.

Pollicita trabaja en línea con sus colegas Guillermo Marijuan y Carlos Rívolo, por sugerencia de la Sala II de la Cámara, integrada por Ignacio Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. La dinámica del trabajo conjunto llevará a los fiscales, necesariamente, a competir para demostrar quién terminará siendo más rápido y mejor. Entonces, si los tiempos procesales no se demoran demasiado, Pollicita podría llamar otra vez a Cristina a indagatoria como sospechosa de ser jefa de la mentada asociación ilícita entre el final de este año y el principio del otro. Y el juez Julián Ercolini terminaría absorbiendo casi todas las causas en las que aparece involucrada la ex mandataria, menos la del dólar futuro.

De acuerdo con gente que estuvo con ella en los últimos días, la ex presidenta parece tomar cada vez más conciencia de que lo peor estaría por llegar. Por eso, la última vez que se pronunció en público, no sólo criticó a Marijuan. Además le envió una señal de solidaridad a su socio, Lázaro Báez, al pedir su libertad de manera indirecta y con el egocentrismo que la caracteriza: diciendo que lo mantienen encerrado como un rehén, para transformarlo en un arrepentido y así lograr que se la acuse de un crimen que no cometió. Una de dos: o Cristina no conoce cómo funciona el código o no lo conoce al Marijuan. Porque fue el fiscal, con su paciente trabajo de persuasión, el que logró que Leonardo Fariña terminara de complicar a Lázaro. Y fue Marijuan, además, el que activó los mecanismos legales para que Fariña pudiera salir en libertad. Él está convencido de que la ex jefa del Estado no es inocente. Y por eso también intenta persuadir a los hijos de Báez para que entiendan que lo mejor que les puede suceder tanto a su padre como a ellos es que Lázaro apunte para arriba.

Una abogada muy experimentada y asidua visitante de los tribunales federales de la ciudad sostiene que los hijos de Báez saben mucho más de lo que dicen: "Saben todo, desde dónde están los asientos contables y las cuentas bancarias hasta los lugares donde se encuentra el dinero físico de los Kirchner", me explicó, como sugiriendo que habría mucho más de lo que afirma tener la familia en sus declaraciones juradas.

Scioli, aunque parece tan apurado como Cristina, todavía supone que lo que le está pasando forma parte de una conspiración. Descuenta que el sistema de protección del que gozó mientras fue candidato y en parte sigue gozando por razones de empatía personal o interés económico va a seguir funcionando en este nuevo escenario político. Pero la cruel verdad es otra y no parece muy distinta a lo que acontece a nivel nacional. Los fiscales y los jueces de La Plata ya no se sienten obligados a cajonear expedientes o hacer la vista gorda frente a las denuncias de corrupción que los involucran a él y a sus colaboradores. La gobernadora María Eugenia Vidal, igual que Mauricio Macri, todavía no levantó ningún teléfono para llamar a los fiscales y los jueces y pedir que aceleren o cierren tal o cual expediente. Pero al mismo tiempo dio instrucciones para que se realicen las auditorías necesarias en áreas sensibles y bajo sospecha de corrupción. Y ordenó a sus ministros y secretarios que aporten, de inmediato, cualquier información que pida la Justicia. Y no sólo sobre presuntos delitos perpetrados durante la administración Scioli. También los que pudieran señalar a los actuales funcionarios.

Aunque el gobernador no lo termine de comprender y mande a sus perritos falderos a ladrar a periodistas para intentar detener la hemorragia, la megacausa que se generó para investigarlo a partir de la denuncia de Carrió podría representar algo similar a lo que representa la denuncia por asociación ilícita que la propia legisladora impulsó ante el juez Ercolini y el fiscal Pollicita en 2008, y que todavía permanece abierta. Y sus hombres de confianza, como Alberto Pérez, Walter Carbone, el hombre del dragón, Luis Alberto "Chiche" Peluso, ex titular de Lotería Nacional, y muchos otros, podrían llegar a transformarse en asiduos visitantes de los tribunales de La Plata, igual que los ex ministros y secretarios de Cristina que hoy desfilan por Comodoro Py sin que el poder ni el dinero que acumularon desde 2003 en adelante consigan evitarlo.