En contra de lo que dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, hay una serie de razones muy poderosas por las que la ex presidenta Cristina Fernández puede terminar primero condenada y luego presa.Está contenida en las más de 200 páginas del dictamen que presentaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques el 6 de septiembre pasado.

En ese documento histórico no solo se pide la indagatoria a Cristina, Julio de Vido, José López y Santiago Carlos Kirchner, el primo hermano del ex presidente, Lázaro Báez y Martín Báez, entre otros. No solo se reclama el decomiso de los bienes y el dinero malhabidos de todos los imputados.

Además, en este escrito, se encuentra el secreto de porqué, en un futuro que se puede medir en meses, Cristina será acusada y posiblemente condenada como jefa de una banda u organización criminal.

Es decir: líder de una asociación ilícita.

El delito contempla una pena mínima de cinco años. Y no es excarcelable. La organización criminal o banda, según Pollicita, estaría conformada por los funcionarios públicos y empresarios antes mencionados.

Esta banda, según Pollicita y Mahiques, robó dinero del Estado de manera irregular y constante, otorgó beneficios impositivos indebidos a empresarios amigos, convalidó delitos en la concesión de los corredores viales, compró vagones de subtes con sobreprecios, cometió irregularidades en la exploración petrolera y participó de negociados en el seno del fideicomiso con Venezuela.

Además, según los fiscales, los jefes de esta organización criminal, Néstor y Cristina, recibieron dinero ilegítimo en concepto de alquiler de maquinaria o de alquiler de habitaciones de hoteles. Es decir: retornos o coimas, en el lenguaje más comprensible que hay. Pollicita y Mahiques, en su consistente dictamen, se detuvieron, además, en el vínculo promiscuo entre Néstor, Cristina y Lázaro.

Y determinaron que los miembros de la asociación ilícita montaron una estructura funcional destinada a sustraer fondos públicos en base a la asignación discrecional del 80% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz, lo que hizo embolsar a Lázaro más de $ 16 mil millones. Los fiscales también afirman que la banda operó para que Báez garantizara a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de los hoteles.

Para Pollicita y Mahiques, además, esos ingresos millonarios constituyen el paso previo de la hipótesis del lavado de dinero en la causa conexa denominada Hotesur. Los fiscales explicaron, para que el juez Julián Ercolini lo comprenda, que existió la decisión de Néstor Kirchner de enriquecer a Lázaro y obtener beneficio de esa maniobra días antes de su asunción como Presidente.

Y fundamentaron la decisión criminal de Néstor en cuatro pilares. Uno: la inmersión del amigo presidencial en la construcción vial sin tener antecedentes. Dos: la exportación de una organización ilícita provincial, oriunda de Santa Cruz al Estado nacional. Tres: la concentración de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Y cuatro: el direccionamiento de la obra pública con un esquema de beneficios exclusivos a favor de Lázaro Báez.

Pollicita y Mahiques denunciaron que Santa Cruz recibió más dinero en obras viales que ocho provincias juntas: La Pampa, Tierra del Fuego, San Luis, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Neuquén y Misiones.

Los fiscales explicaron, en el dictamen, que Báez siempre cobró primero, rápido y en forma. Que embolsó el total de cada certificado de obra aún cuando no la terminó de ejecutar, como en el caso de la ruta 9. Que incluso cobró por adelantado. Y que fue el único empresario al que el Estado no le quedó debiendo ni un peso a diciembre de 2015.

Pollicita y Mahiques detallaron que, durante 2015, mientras la demora de pago para las obras de Lázaro, fue desde los 8 a los 35 días, para el resto de las constructoras fue desde los 73 días a los 231 días. Para continuar denunciando el trato privilegiado y los delitos que cometieron los miembros de la organización criminal, Pollicita y Mahiques denunciaron que el grupo Báez solo terminó 2 de 49 obras.

También probaron los sobreprecios que facturó Báez. Los montos iniciales de los contratos ascendieron a $ 7900 millones. Pero los montos finales, con sobreprecios, treparon a $ 16 mil millones. Es decir; más del doble.

Pollicita y Mahiques responsabilizaron directamente a Cristina por firmar, durante 2009, sin pasar por el Parlamento, un decreto de necesidad y urgencia escandaloso. Fue rubricado con el objeto de dar vía libre a la secretaría de Obras públicas y la Dirección Nacional de Vialidad para que pudieran hacer uso de los fondos extraordinarios de un fideicomiso. Para que se entienda bien: fondos millonarios sin control previo ni auditoría ni aprobación legislativa.

Pollicita y Mahiques revelaron que solo durante 2012, Vialidad gastó $ 15 mil millones, casi el doble del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. Los fiscales incluyeron en su dictamen los bolsos con los u$s 9 millones que le encontraron a José López. Ellos consideraron que ese dinero ilegal podría estar estrechamente vinculado a esta banda que eligió la obra pública para quitarle dinero al Estado.

Después, los fiscales se detuvieron en Lázaro y su relación promiscua con los K. Se preguntaron cómo una persona que hasta 2003 trabajaba como empleado bancario, se presentaba como monotributista y sin la más mínima trayectoria en el rubro, pudo, casi de la noche a la mañana, transformarse en el dueño del grupo de constructoras más grande de la Argentina. Se respondieron que solo pudo haber sucedido por el vínculo personal y la relación de extrema confianza primero con Néstor y después con Cristina.

Los fiscales pusieron como ejemplo de sus profusos y extraños negocios, el dinero que pagó Báez a los Kirchner desde 2008 a 2013, por el alquiler de sus hoteles Alto Calafate, La Aldea y El Chaltén.

La cifra es escandalosa. Fueron u$s 4 millones más $ 12 millones. Pollicita y Mahiques luego, detallaron la curiosa evolución de Austral construcciones.

La empresa nació en 2003 con un capital social de $ 12.000 hasta alcanzar, en 2014, activos que superaban los $ 1700 millones y un patrimonio neto de más de $ 300 millones. Los fiscales además denunciaron el escandaloso crecimiento patrimonial del propio Lázaro Báez. Desde su cargo como empleado de la secretaría general de gobierno de Santa Cruz con un sueldo de $ 3500 mensuales hasta su incalculable fortuna de más de u$s 200 millones.

Más tarde Pollicita y Mahiques se detuvieron en la enorme preferencia que logró el grupo Austral para los pagos de 2015, el año en que Cristina y Daniel Scioli perdieron las elecciones.

Es que Lázaro, durante 2015, cobró el triple de certificaciones de obra comparada con el promedio restante. Y le pagaron siete veces más rápido que los demás. Incluso recibió cifras multimillonarias a solo 8 días del vencimiento.

Pollicita y Mahiques no se quedaron ahí. También explicaron cómo los funcionarios públicos, desde los ministros hasta los secretarios y directores, con nombre y apellido, facilitaron la escandalosa maniobra. Los que supongan que este texto es un invento, desde el principio hasta el final, pueden ingresar al sitio oficial del Poder Judicial y tomarse un par de días para leer e interpretar el dictamen.

Entonces comprenderán porqué el juez Julián Ercolini no tendrá más remedio que aceptar el pedido de indagatoria, procesar a los miembros de la banda y elevar la causa a juicio oral, para que otro tribunal termine condenando a los jefes, los integrantes y los partícipes necesarios de la organización.

Todo dentro del llamado debido proceso. Lo escandaloso, en este caso, es que no suceda nada de eso. Que se consagre la impunidad.