No creo, como sostuvo el domingo pasado Jorge Lanata, que Cristina sea "una pobre vieja enferma". Tampoco comparto la idea de que la historia la debería recordar como "la mierda que fue". Esos insultos sirven nada más que para justificar las agresiones verbales de algunos militantes del Frente para la Victoria contra quienes denunciamos la corrupción y el relato mentiroso de los gobiernos kirchneristas.

Considero, en cambio, que Cristina es, más allá de cualquier adjetivo, la jefa de una organización criminal que le robó miles de millones de pesos al Estado para colocarlos en los bolsillos de "empresarios" como Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes, al mismo tiempo, le retornaron parte del dinero usurpado, haciéndola así multimillonaria, muy por encima de lo que gana una legisladora o una funcionaria pública. Y lo creo porque llevo leídas y analizadas cada una de las causas judiciales que enfrenta. También pienso que Cristina, fuera del poder, está lejos de tener la dimensión de una estadista.

Al contrario: cada vez se la nota más oportunista, como durante la intervención de esta semana, cuando de repente se declaró, de manera oficial, y a horas de la convocatoria denominada #NiUnaMenos, víctima de la violencia de género. La tuvo que poner en su lugar, una vez más, otra mujer, la diputada Margarita Stolbizer, quien recordó que Cristina, con todo el poder que manejó, jamás alentó leyes contra la violencia de género o a favor del cupo femenino. Y fue también Margarita la que lanzó, en las últimas horas, una hipótesis inquietante.

La idea de que al Presidente Mauricio Macri le conviene hacer más lentas las causas contra Cristina para que pueda convertirse en candidata y fragmentar el voto del peronismo en beneficio de Cambiemos. Es verdad que una oposición fragmentada, en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, le otorgaría al oficialismo un triunfo casi seguro. Pero antes de analizar esa posibilidad habría que pronosticar primero, cómo podría terminar el derrotero de la expresidenta por los tribunales de Comodoro Py. Y segundo, qué consecuencias podría tener su eventual condena, en el sistema de toma de decisiones de la actual administración. El próximo lunes 31 de octubre el juez Julián Ercolini le va a tomar declaración indagatoria. Es por la causa más complicada que tiene: el desvío de fondos de la obra pública. Más precisamente: los fondos de Vialidad Nacional.

En ese expediente se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita. Se le adjudica haber usado su rol de Presidenta para manipular el presupuesto, emitir decretos de necesidad de urgencia y usar el instrumento del fideicomiso, que no tiene controles, con la intención de desviar más de $ 20.000 millones al grupo Austral Construcciones. El nivel de detalle que tiene la denuncia de los fiscales Gerardo Pollicita y Mahiques es abrumador.

El primer dictamen que escribieron en septiembre fue de alto impacto. Pero las 165 fojas de la ampliación que presentaron la semana pasada son más contundentes y precisas todavía. Desmenuzan, desde 2003 hasta 2015, cómo diseñaron cada una de las maniobras.

Con cifras, pelos, señales y ejemplos. Cómo el primer jefe de la organización criminal, Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Fernández, tenían todo armado y pensado de antemano. Porqué, a pesar de que ocuparon tres períodos del gobierno, los funcionarios integrantes de la asociación ilícita permanecieron en sus puestos, casi en su totalidad. Cómo ignoraron las recomendaciones y advertencias de la Auditoría General de la Nación y las áreas jurídicas del ministerio de Planificación de De Vido y la secretaría de Obras Públicas de José López.

Cómo se adjudicaron las obras de manera caprichosa. Cómo se inflaron los costos de las obras. Por qué no se ejerció ningún control sobre las obras.

Por qué se le pagó únicamente a Lázaro y a ninguna otra empresa más, hasta el último peso de los contratos, a pesar de que solo terminaron 2 de los 49 proyectos que le fueron adjudicados. Y de qué manera Néstor y Cristina recibieron a cambio propiedades, ampliaciones de obras y dinero a cambio, de parte de Lázaro Báez.

Con semejante cantidad y calidad de prueba, Cristina no va a poder zafar. Ella lo sabe. Sus abogados lo saben.

Sus hijos lo saben. Y una vez que Ercolini le tome la declaración a Cristina y haga lo mismo con los otros 17 exfuncionarios, los fiscales pedirán su inmediato procesamiento y el juez hará lugar al pedido de los acusadores. Esto no significa que va a ir presa de inmediato. Significa que, casi seguro, va a pasar las fiestas con la peor noticia que le podrían haber dado en toda su vida política: la de su procesamiento como jefa de una organización criminal dedicada a robar plata del Estado. Es decir: una suerte de José López. Mucho menos desprolija, pero mucho más ambiciosa.

De esa mala noticia hasta juicio oral, la condena definitiva y su eventual envío a prisión pasará, por lo menos, un año. O el tiempo que demoren las apelaciones, las decisiones de dos cámaras de instancia superior y la convocatoria a juicio oral por parte del mismo Ercolini. La pregunta, entonces, es ¿acaso importa tanto el tiempo que pase desde su procesamiento hasta su condena definitiva, descontando que no será de la noche a la mañana? Lo que parece que sí importa más a Macri y a su círculo íntimo de juristas y asesores es el hecho de que se pueda condenar a Cristina bajo la figura de la asociación ilícita. Ellos se preguntan ¿no se terminará convirtiendo en un antecedente para que el día de mañana a Mauricio lo acusen de los mismo, al final de su mandato o cuando disminuya su poder? La respuesta que habría que darle a quienes especulan con un futuro judicial negro para Macri es: la mejor manera de no ser condenado por los delitos que le adjudican a su antecesora es no cometerlos.

Para que se entienda: no firmar decretos ni armar organizaciones para favorecer a sus amigos empresarios; no recibir dinero a cambio. Ni en efectivo. Ni en propiedades. Ni en especies. Y no volver a repetir los errores políticos y administrativos que cometieron Néstor Kirchner y Cristina, incluida la idea de que se puede robar para la política o para la familia sin ser condenado por eso.