La imagen de Mauricio Macri bajó cerca de nueve puntos desde que se conoció la polémica del Correo. Y por primera vez desde que asumió, el Presidente tomó conciencia cabal del verdadero poder de daño de Cristina Fernández y de su mesa chica ‘de inteligencia paralela’. Ni él ni los principales hombres del Gobierno, ahora, tienen dudas. Según este análisis, la ex presidenta, junto a personajes a quienes consideran ‘oscuros y resbaladizos’, como el ‘dipu-espía’, Rodolfo Tahilade, Horacio Verbitsky y la procuradora Alejandra Gils Carbó –a través de los fiscales que le responden– estarían impulsando, de manera coordinada y subrepticia, un sistemático operativo de destrucción de la imagen del Jefe de Estado. Es decir: un serio intento de transformar a Macri en Fernando De la Rúa no por la vía de la crisis social y económica, sino con la instalación de la idea de que el Presidente es tan corrupto como la misma Cristina Fernández, Ricardo Jaime o el mismísimo José López.

Después de revisar una y otra vez expedientes judiciales, información pública y no publicada y la reacción de dirigentes de la oposición, medios y periodistas, hombres del gobierno pudieron reconstruir, este fin de semana, el modus operandi de esta ‘central de operaciones mixta’. La denominan ‘mixta’ porque contiene ingredientes judiciales y propios del manejo de los medios. Ellos dicen que el mecanismo puede ser reconocible para los analistas más finos. Pero aseguran que es imperceptible para el resto de la sociedad.

Los pasos de la ‘maniobra’, según fuentes del Poder Ejecutivo, serían los mismos para cada situación.

Primero, casi siempre, Tahilade, presenta una denuncia formal. La mayoría de las veces lo hace ante la justicia federal. Cuando a la ‘denuncia’ quieren darle una apariencia más ‘institucional’ suman a diputados como Wado De Pedro, Héctor Recalde o Juan Cabandié. Luego, ‘el comando de operaciones’ espera que el fiscal de turno inicie una causa o la desestime.

Que el fiscal haga una cosa o la otra debería depender, exclusivamente, de la seriedad de la denuncia.

Pero no siempre es así. De hecho, según el Gobierno, Tahilade pero muchos otros, como Gabriela Cerrutti y Martín Sabatella, tienen presentadas cientos de denuncias consideradas ‘insostenibles’. La más delirante de Tahilade, pero no la única, es contra Margarita Stolbizer por enriquecimiento ilícito. Esa, en particular, fue desestimada. Pero otras fueron consideradas pasibles de ser investigadas. Según la versión oficial, los fiscales que dieron curso a denuncias inconsistentes, pertenecen, en su mayoría, a Justicia Legítima o responden, de manera incondicional, a Gils Carbó. Mencionan a Franco Piccardi, Juan Pedro Zoni y Paloma Ochoa.

En el Poder Ejecutivo preparan una ofensiva para correr a un par de ellos, por irregularidades en su designación.

También aceptan que existen otros fiscales, como Federico Delgado, que pueden no simpatizar con el kirchnerismo, pero que parecerían, según la fuente oficial, muy interesados en mostrarse independientes y proactivos, ‘por encima de la grieta’.

"Delgado es inclasificable", lo definió un secretario de Estado. Pero no lo subestimó. Al contrario: valoró su ‘perspicacia’.

El tercer paso de la aludida maniobra de destrucción que denuncias los hombres del Jefe de Estado es ‘la imputación’ de los ‘sospechosos’ decidida por el fiscal de turno. En realidad, se trata, apenas, de la decisión del funcionario judicial de empezar a investigar. Y el juez de turno, por otra parte, en general, acompaña el trámite. Sin embargo, una vez que sucede, al aparato de propaganda kirchnerista lo anuncia con bombos y platillos. Siempre, primero, en sus medios afines.

Y siempre, además, de una manera equívoca y exagerada. Por ejemplo, presentando un simple viaje a Miami o a Punta del Este de Elisa Carrió como si fuera una orgía desenfrenada o una expedición secreta para chequear una cuenta en negro en el exterior. O instalando la idea de que su hijo, el Presidente, le acaba de ‘condonar’ a su padre, Franco Macri, una deuda con el Estado de $ 70 mil millones. Un cálculo al que consideran verdaderamente desopilante.

Pero el verdadero ‘éxito’ de la operación consiste en lograr que los grandes medios y los principales periodistas se hagan eco del suceso. Y que lo presenten en los mismos términos de sospecha y delito.

De la misma manera que lo hace Cristina a través de las redes sociales o Tahilade en sus impresentables demandas judiciales. Los hombres de Macri ofrecen ejemplos: "vicepresidenta imputada por lavado de dinero". O "jefe de gabinete imputado por violación de secreto y abuso de autoridad".

Necesita, la denominada ‘brigada de espías y operadores de Cristina’ presentar el armado de estas denuncias como equiparables al juicio contra Cristina Fernández como miembro de una asociación ilícita o la causa contra Lázaro Báez como el jefe de una banda de lavadores de dinero. "Precisamos que los medios y los periodistas más reconocidos no se coman la operación y diferencien entre los adjetivos y el dato real", le explicaron en las últimas horas al Presidente sus expertos en detectar este tipo de ardides.

"¿Y cómo están seguros de que es una operación?", les preguntó un hombre que habla por el jefe de Estado.

Entonces, uno de los expertos afirmó: "Ni en el caso del Correo ni en el de los Panamá Papers ni en las denuncias contra (Gustavo) Arribas la Justicia ha probado, ni está cerca de probar, que se consumó un delito contra el Estado argentino. Sin embargo, en los medios y una buena parte de la opinión pública existe la percepción que son causas equivalentes a las de la ruta del dinero K, la asociación ilícita de Cristina o los $ 8 mil millones que Cristóbal López le robó al Estado".

Cuando ni bien asumió la actual administración se empezaron a dar a conocer los primeros casos, la estrategia del jefe de gabinete, Marcos Peña, y el equipo de comunicación del Presidente, fue ignorarlos. No salir a responder. Dejar a las denuncias ‘truchas’ encapsuladas en los medios y las redes sociales kirchneristas y no multiplicar el impacto. Pero el escándalo del Correo demostró que dejarlas pasar no es suficiente. Ahora el Presidente y sus asesores preparan una contraofensiva en cuatro planos diferentes. Uno, político, para tratar de convencer a sus aliados de Cambiemos como Elisa Carrió y a dirigentes de la oposición a los que todavía consideran honestos y no oportunistas como Margarita Stolbizer, que la inteligencia paralela de Cristina también va a ir contra ella, su socio político, Sergio Massa, y todos los peronistas que no se sometan a la autoridad de la expresidenta. "Margarita no se debería sumar. Porque ella también fue víctima de este modus operandi", dicen.

El segundo frente será judicial. A partir de este momento, desde el Gobierno harán lo posible y lo imposible para desplazar a Gils Carbó y empezarán a ‘iluminar’ las actuaciones de fiscales con ‘mala praxis’ y de magistrados con antecedentes como para iniciar juicio político. "No queremos que se confunda nuestra política de no intromisión en el sistema judicial con ingenuidad republicana", adelantaron.

El tercer plano de la contraofensiva será administrativo. "Estamos trabajando en un paquete de leyes para que quede claro que tiene que hacer el Presidente, los ministros y los funcionarios de alto rango cada vez que se presente un caso que puede contener algún conflicto de interés". Todos están muy apurados. Desde que asumió Macri, decenas de funcionarios han sido denunciados penalmente. Y sus denunciantes parecen estar ganando otra batalla. Los están desmoralizando. Les están haciendo gastar dinero y energía en abogados para defenderse de acusaciones que parecen no tener pies ni cabeza.

A Macri ya no le quedan dudas sobre las verdaderas intenciones de los operadores de Cristina. Cree que pretenden que no termine su mandato: "Vienen por mí porque la victoria de Cambiemos los dejó sin sus negocios. Porque no soportan vivir fuera del poder. Pertenecen al viejo sistema político. Tienen síndrome de abstinencia. Por eso siguen siendo tan peligrosos como si estuvieran en el gobierno", diagnosticó, ante uno de sus hombres de confianza. Lo que le faltaría, al propio Macri, es hacer una profunda y completa autocrítica sobre su manera de hacer política. Porque el principal responsable de la pérdida de imagen positiva es, antes que nadie, él mismo.