La Unidad de Información Financiera (UIF) hizo llegar el viernes al fiscal Eduardo Taiano una evidencia muy relevante y que podría terminar con el procesamiento y la renuncia al cargo de la Procuradora General y jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.

La evidencia es una declaración testimonial de la propia Gils Carbó, en una vieja causa, número 4775, iniciada en el año 2003, por el presunto encubrimiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi a favor de Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero k.

Se trata de una declaración testimonial espontánea y autoincriminatoria, porque contradice a la propia jefa de los fiscales y la coloca al borde del procesamiento. Gils Carbó, en marzo de este año, había explicado a Taiano y al juez Julián Ercolini, para deslindar responsabilidades en la causa por la compra irregular de un edificio de 5000 metros cuadrados, que ella se había enterado de los trámites de la operación recién entonces, por las denuncias de los medios periodísticos.

Además, por la compra del edificio de Perón 667, que costó 44 millones de pesos y por el que una inmobiliaria obtuvo una altísima comisión de casi 8 millones de pesos, Gils Carbó decidió apartar a su mano derecha, Guillermo Bellingi, quien aparece implicado, junto a su medio hermano, Juan Carlos Thill, en un presunto cobro de coimas por medio millón de dólares, por haber facilitado la extraña operación.

Con esa decisión y su coartada diciendo que ella era ajena a cualquier maniobra de corrupción, Gil Carbó terminó admitiendo su posible responsabilidad política, pero de ninguna manera administrativa o funcional.

El texto que aportó Gils Carbó pareció tan convincente que tanto el fiscal como el juez entendieron, en su momento, que iba a ser muy difícil pedir una indagatoria y procesarla por su responsabilidad en la maniobra de compra irregular.

Sin embargo, su propia declaración testimonial en la causa caratulada ‘Casanello Sebastián Norberto sobre encubrimiento’, para defenderse de las acusaciones que en su momento le hizo la diputada Elisa Carrió, la pueden terminar autoincriminando.

La declaración está fechada en noviembre de 2016. Se trata de una texto con valor de prueba, similar a una escucha o un documento oficial.

La ubica de manera muy real y no solo política, en la conducción de los trámites iniciales para compra el edificio.

Es un escrito de seis carillas. Lleva la firma de la propia Gils Carbó y de su abogado León Arslanián.

En esa causa, los investigadores judiciales cruzaron llamadas de Gils Carbó con altos funcionarios de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre los días 11 y 18 de abril de 2013. Los investigadores judiciales del encubrimiento querían saber sobre qué había hablado la jefa de los fiscales con los hombres de Cristina.

En especial, cual había sido el contenido de una conversación que había tenido lugar a las 11 horas 47 minutos del 15 de abril de 2013 entre Gils Carbó y el segundo de Carlos Zannini, Carlos Emilio Liuzzi.

Entonces, para deslindar responsabilidades, Gils Carbó revelo el contenido de esas conversaciones secretas. Y asi declaró, por escrito pero bajo juramento, algo que hoy la autoincrimina. Algo que hoy la pone como principal responsable del affaire de la compra del edificio de Perón 667.

¿Por qué? Porque Alejandra Gils Carbó dijo que mal podía haber dado instrucciones a los fiscales de encubrir a Lázaro Báez, ya que estaba muy ocupada solicitando a los distintos ministerios del gobierno una ampliación de presupuesto de 40 millones de pesos. Una ampliación de presupuesto que pidió con insistencia y consiguió, para terminar comprando, por licitación directa, el edificio del escándalo. Gils Carbó insistió en que estaba tan preocupada y activa por finiquitar la operación inmobiliaria, que no tenía ni tuvo tiempo para más.

Es más: adjuntó todos los documentos que la muestran como la principal interesada en esa compra.

Esto implica que Gils Carbó le mintió a la Justicia. Que no solo estuvo al tanto de la escandalosa operación y sus detalles desde el principio. Que también la impulsó y la comandó.

Incluso lo hizo por encima del funcionario al que cuatro años después ella misma apartó.

De la operación que costó 44 millones de pesos con una comisión inmobiliaria récord de casi 8 millones de pesos y una sospecha de coimas de más de 3 millones de pesos (medio millón de dólares). Gils Carbó, si todo esto se confirma, debería renunciar. Debería irse.

No debería permanecer un minuto más en uno de los puestos más importantes del sistema judicial, donde los fiscales deciden a quienes acusan y a quienes le perdonan la vida.