(Columna publicada en Diario El Cronista Comercial) A Héctor Recalde el Presidente lo considera "el Zaffaroni de la justicia laboral". Pero no por su influencia ideológica, sino práctica: dice Macri que ya tiene probado que el diputado de Cristina Fernández maneja los concursos para nombrar jueces en el fuero del trabajo.

Recalde integra el comité de selección de jueces como decano del Consejo de la Magistratura. Los aspirantes, para acceder al cargo deben dar un examen de oposición. Si lo aprueban, se les concede una entrevista con el Comité de selección de jueces. ¿Y adivinen quien maneja estas cruciales entrevistas? Fuentes del Ministerio de Trabajo dicen que su nombre empieza con Héctor y termina con Recalde.

Hubo una aspirante a jueza que rindió bien dos exámenes pero fracasó en sendas entrevistas. Una sucedió en 2009 y otra en 2016. Se trató de Analía Bigano, esposa del sindicalista del gremio judicial, Julio Piumato, un enemigo declarado de Recalde y de la ex presidenta Cristina Fernández.

La red de poder que según fuentes oficiales maneja Recalde es enorme y tiene ingresos multimillonarios.

En el fuero laboral nacional hay 80 juzgados de primera instancia. Cuarenta y nueve están ocupados. Treinta y uno funcionan ‘subrogados’. Para que se entienda bien: entre los 49 jueces titulares se reparten 80 juzgados.

El Gobierno asegura que entre 15 y 20 jueces responderían a Recalde. También dice que en la Cámara de Apelaciones, la influencia de Recalde es mayor. En la Cámara hay diez salas de tres jueces cada una. Es decir, 30 jueces. Sin embargo, hoy funciona con solo 22 magistrados jueces. Las mismas fuentes sostienen que de los 22 responderían a Recalde por lo menos 11. Pero la influencia del ex abogado de la CGT no termina allí, sino donde se cocina el verdadero negocio: en la decisión de los peritos y los estudios de abogados. Los peritos son quienes dictaminan en los juicios por accidente de trabajo. La palabra de estos peritos sería considerada ‘santa’ por los jueces que responden a Recalde. En el caso de los magistrados que no forman parte del ‘sistema’, suelen estar tan tapados de trabajo que no tienen tiempo de chequear si el perito está mintiendo o diciendo la verdad.
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Un lunes de este año se presentaron diez personas de una misma empresa ante la justicia laboral. Todos tenían la misma lesión. Todos fueron al mismo médico. Todos consiguieron un mismo certificado. Y todos acudieron al mismo abogado para iniciar un juicio laboral. Hay muchos casos parecidos. Y siempre el mismo final. Porque sea en la primera o en la segunda instancia, todos los juicios pasan sí o si, por un juez cercano a Recalde. Y en la abrumadora mayoría de los casos, las empresas pierden el litigio.

El siguiente es un ejemplo de cómo funciona el negocio.

A un trabajador que hoy cobra $ 10.000 y acumula una antigüedad de diez años le correspondería una indemnización de $ 110.000. Un sueldo por año más otro salario completo. Pero cuando toma el caso uno de los estudios bajo la influencia de Recalde presentan una demanda por $ 400.000 o 500.000. Y si tienen la suerte de contar con un juez o camarista del mismo palo, se les reconoce, completo, el millonario reclamo. Por ley, el abogado se queda con el 20% de la sentencia. Pero los abogados que responden a Recalde cobrarían, además, la llamada cuota litis, que es otro 20% más del monto de la sentencia. Por su parte, el perito no cobra una suma fija, sino entre el 5 y el 8% de la sentencia. También es de uso y costumbre que el estudio de abogados acompañe al trabajador a cobrar el cheque con la indemnización al banco. Allí algunos ‘caranchos’ le pueden sacar otro 5 o 10%. Para ser directos: al trabajador que pasa por lo que el presidente llama la mafia de los abogados de Recalde le quedaría entre el 40 y el 50% de la sentencia. Entre el inicio del juicio y el final de la sentencia pueden pasar entre cuatro y cinco años. Entre 2010 y 2016 los juicios resueltos implicaron un pago de sentencias por u$s 3.500 millones. Los honorarios de abogados y peritos pagados efectivamente en estos juicios ascendieron a u$s 700 millones. Solo en 2016, se pagaron u$s 126 millones en concepto de honorarios. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cree que los abogados presionan para que los trabajadores vayan a juicio y engordar su negocio. Al mismo tiempo, considera que Recalde garantiza la continuidad y mejora del negocio con el impulso de leyes laborales que son presentadas como una mejora para los trabajadores pero cuyas consecuencias terminan produciendo desempleo y más trabajo informal. Desde el ministerio afirman que es un secreto a voces que la ex esposa de Recalde maneja la Asociación de Abogados Laboralistas. También sostienen que miles de Pymes cerraron porque no pudieron soportar el costo de las demandas laborales. No se trata aquí de defender a las empresas de manera generalizada. Tampoco de justificar a los empresarios que no pagan cargas sociales o justifican el trabajo en negro. Pero la industria del juicio laboral no genera más ocupación si termina beneficiando a los trabajadores. Tan solo sirve para hacer multimillonarios a un grupo de abogados inescrupulosos.