El Presidente Mauricio Macri está convencido de que en julio o agosto la inflación bajará a menos de dos puntos y que a partir de fin de año la Argentina empezará a crecer, aunque a tasas moderadas. ¿Es un nuevo acto de fe o sus predicciones tienen algún rigor científico? Ya, antes de asumir, había anticipado que el solo cambio de gobierno haría que el mundo volviera a creer en Argentina y provocar una explosión de inversiones.

Pero nada de eso sucedió. Al contrario: lo que pasó es que la economía se vio afectada por el ajuste, los tarifazos, la inflación y los despidos en el sector público. Muy pocos economistas y políticos de la oposición, en privado, son capaces de negar que los aumentos de tarifas como las de la luz, el gas y el agua fueron imprescindibles para ordenar la economía. El problema es que el conjunto de la política económica está generando más preocupación que esperanza, y el timing para decidir y comunicar, por ejemplo, la última suba del 10% en el precio de la nafta, contaminó el clima de amesetamiento de precios que empezaba a hacerse notar. "Las primeras inversiones desde el exterior comenzarán a tener impacto en la economía real recién a partir del año que viene", me dijo un banquero que prepara el papeleo de algunos fondos de inversión. Afirmó que es el tiempo mínimo que necesitan quienes deciden en el mundo para convencerse que la Argentina dejó de estar más cerca de Venezuela que de los ‘países normales’. El otro gran problema que tiene el país son los formadores de precios. "¿Por qué no abrimos las importaciones? ¿Por qué no los empezamos a multar, así comprenden que esto va en serio?" preguntó Macri a su gabinete económico, en febrero, después de la segunda o tercera aceleración de precios de los alimentos y los insumos básicos. "Porque nosotros no somos así", le respondió el jefe de gabinete, Marcos Peña. Le faltó agregar la palabra ‘intervencionistas’. De cualquier manera, la primera decepción de Macri con los hombres de negocios sirvió para activar la creación de una nueva área de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo principal es evitar la cartelización. El problema, otra vez, es que la flamante Defensa de la Competencia se mueve más lento que la realidad. "Mientras nosotros nos organizamos, ellos siguen remarcando los precios en las góndolas", explicó la diputada nacional Elisa Carrió, quien prepara una batería de denuncias para demostrar que los hipermercados se cartelizan y alimentan la inflación por encima de los incrementos de las tarifas y el ‘sinceramiento general’ de la economía. Las últimas decisiones de los formadores de precios parecen darle la razón a la diputada. Porque desde hace diez días están empezando a vender con precios de hasta un 30 o un 40% menos, alimentos que se pueden echar a perder, como los fideos de paquete. "Estaban sobregirados, y se encontraron con que la gente dijo: ‘basta. No compro más’.

Entonces tuvieron que bajar los precios de prepo", me explicó un consultor económico. Carrió no desea transformarse en Guillermo Moreno, pero quiere hacer uso de la ley y poner en evidencia que algunos grupos económicos, al subir los precios sin justificación, están cometiendo delito. "Es mejor hacerlo ahora, mientras el gobierno conserve un alto índice de apoyo y confianza, que cuando la inflación se vuelva incontrolable, porque eso le pasó a (Raúl) Alfonsín, y después la Argentina tuvo que soportar una década de menemismo explícito", me dijo un dirigente radical que forma parte de Cambiemos y que es escuchado por el Presidente cada vez con más atención. Carrió parte de la idea básica de que a los hombres de negocios les importa un pito el futuro del país, y que no hay que esperar de ellos gestos altruistas o de apoyo, porque no forma parte de su naturaleza.

"Lo peor y lo más duro ya pasó", insiste el ministro Francisco ‘Pancho’ Cabrera, a quienes sus compañeros de gabinete critican por su presunta ‘incapacidad" para contener a los empresarios que deciden. Ahora el Presidente le encomendó que les arranque el compromiso formal de que no van a despedir a nadie durante los próximos 180 días, pero los representantes de las distintas cámaras le mandaron a decir que no pueden asumir semejante promesa frente a todas y cada una de las empresas del país. Otro inconveniente adicional que desvela a Macri son los ‘acuerdos políticos’ que reclaman los gobernadores y que todavía el ministro Rogelio Frigerio no terminó de honrar. Los mandatarios necesitan plata fresca. Y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no la termina de autorizar, con el argumento de que el Presidente les exigió una fuerte baja del déficit de acá hasta junio o julio. Frigerio, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, insisten en que precisan girar los fondos ya, antes de que la cámara de Diputados termine aprobando la ley antidespidos y deje al descubierto la debilidad política estructural que tiene Cambiemos en el Parlamento.

El plan de obras públicas de $ 220 mil millones para salir de la recesión y que invita a las provincias y los municipios a diseñar y manejar sus propios proyectos, con la aprobación final del gobierno nacional, apunta a ‘matar varios pájaros de un tiro’. Primero, tiene como objetivo mejorar la infraestructura del país, sin privilegiar a ninguna provincia en particular, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina con Santa Cruz y otros distritos amigos. Segundo, apunta a comprometer a gobernadores e intendentes, para que no saquen los pies del plato en el Parlamento y no traten de imponer proyectos que ponga en juego ‘el rumbo económico’ que proyecta el gobierno. Y tercero, pretende generar un sistema de licitaciones transparentes y verificables, donde ganen las mejores empresas o no las compañías de los amigos. "Ya no habrá más lugar para los Lázaro Báez ni los Cristóbal López", se lo oyó decir al Presidente la semana pasada. Al mismo tiempo reveló que su primo, Angelo Calcaterra, ya habría encontrado comprador para su empresa constructura, IECSA, y que su amigo Nicolás Caputo está a punto de salir de la sociedad que ganó las últimas licitaciones para refaccionar y acondicionar los establecimientos educativos de la Ciudad. Al jefe de Estado le parece injusto que sus parientes y sus amigos tengan que desprenderse de sus negocios para no alimentar el estado de sospecha que generaron los ‘empresarios’ de Néstor y Cristina.

Sin embargo, no le quedará más remedio que aceptarlo, si pretende mantener en alto las banderas de la transparencia y la honestidad. En las últimas horas, también se lo oyó quejarse por la decisión del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello de hacer lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, quien pretende que Macri diga de cuántas offshore formó parte, más allá de las que se le detectaron en los denominados Panamá Papers. "Yo no tengo ningún problema en dar explicaciones a la justicia todas las veces que sea necesario. Pero espero que la vara sea igual de alta para todos. Y también espero que los fiscales y los jueces hablen más por sus fallos que para salir en la tapa de los diarios" protestó. No le gustó, en especial, que Delgado, un fiscal no tradicional, haya puesto en su boca que debe investigar si Macri quiso ocultar información o si, en todo caso "se le escapó la tortuga". "No es la manera en la que un fiscal de Estado debería referirse a un presidente, no importa el signo político al que pertenezca", precisó.

Publicado en El Cronista