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Escrito por Luis Majul

Creado: 02 Mayo 2016

Durante cuánto tiempo la ex Presidenta podrá seguir haciéndose la distraída, simulando que las chacras, las mansiones, las flotas de automóviles y las bóvedas para guardar dinero no existen? ¿Cuánto tiempo más continuará interpretando la ficción de que ella no tiene ni un poco que ver con el video de Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en la Rosadita? ¿Hasta cuándo logrará convencer a quienes la apoyan que todo es un montaje de los medios concentrados y hegemónicos para tapar graves problemas como la inflación, los despidos y las denuncias de los Panamá Papers por la que tienen que responder el presidente Mauricio Macri y algunos de sus colaboradores?

Como proyecto político superador, resulta poco aparecer en medio del escándalo elogiando la protesta de las cinco centrales sindicales del viernes pasado, en la conmemoración por el Día del trabajador.

Y como estrategia de supervivencia, enviar emisarios a Lázaro Báez para evitar que se arrepienta e ingrese al Régimen especial de Testigos Protegidos parece una reacción tardía y desesperada.

Lázaro era muy leal a Néstor Kirchner. La estatua y el cuadro gigante que encontraron en su chacra de Río Gallegos demuestran hasta donde llegaba su gratitud. Sin embargo, nunca fue amigo de Cristina Fernández. Al contrario. Siempre se sintió humillado y ninguneado por ella. Tres decisiones de la entonces jefa de Estado luego del fallecimiento de su marido terminaron de distanciarlos todavía más. Una fue la determinación de disminuir el ritmo de la entrega de contratos de obra pública y demorar el pago de los anticipos.

Otra fue bajarle el pulgar como parte del consorcio que pretendía levantar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic para dárselo a otro integrado por Electroingeniería. Y la tercera fue el pedido de que le devuelva el dinero que, según Lázaro, solo debía compartir con Néstor. Por eso ahora, para el zar de la obra pública, Cristina Fernández no está primera en su lista de prioridades. A la cabeza se encuentran sus hijos y el resto de la familia. En segundo lugar se ubica él mismo. Y enseguida el pequeño círculo de amigos íntimos que lo está sosteniendo para que no se quiebre enseguida y "no meta la pata" antes de empezar a hablar.

Como si esto fuera poco, Báez está desesperado.

Ya se enteró que enviados de Cristina, además de hacerle llegar mensajes tranquilizadores, al mismo tiempo están negociando con Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, para que asuman primero el rol de arrepentidos, lo acusen formalmente, dejen a la ex presidenta libre de culpa y cargo, y lo terminen de hundir.

"Si Néstor viviera, a mí ni siquiera me habrían acusado. Pero Cristina no dudaría en soltarme la mano a mí y a mi familia con tal de salvarse ella", me dijo un ‘íntimo amigo’ y empleado de Báez que le dijo el propio Lázaro. El mismo hombre que intenta contactar a alguien del gobierno ("si es posible, llegar al número uno") para obtener garantías explícitas de que si Lázaro se arrepiente, él y su familia van a poder vivir, tranquilos, dentro o fuera del país, y empezar una nueva vida, como Ray Liotta, uno de los protagonistas de la película ‘Buenos Muchachos’.

Los asesores judiciales de Macri se niegan a establecer ningún contacto "sea formal o informal" con el detenido en el establecimiento penitenciario de Ezeiza.

Por un lado, consideran que si Lázaro, de verdad, tiene la intención de arrepentirse e ingresar el Régimen de Testigos Protegidos, tiene que ‘negociar’ con el fiscal Guillermo Marijuán, por un lado, y con el Ministerio de Justicia, por el otro, tal como sucedió con el caso de Leo Fariña.

Por otro lado, algunos de los asesores del Presidente consideran "poco conveniente" el hecho de que Cristina Fernández pueda ir presa. "Generaría algún tipo cimbronazo institucional" le llegaron a sugerir al Jefe de Estado, cuando se planteó la hipótesis.

Macri trata de procesar toda la información disponible.

El no ignora que esta suerte de ‘mani pulite’ descontrolada ayuda a consolidar la imagen de que preside un gobierno que no aprieta a jueces ni a fiscales y los deja hacer su trabajo hasta el final. También sabe que, al mismo tiempo, contribuye a correr de la agenda otros problemas tan graves y urgentes como el de la corrupción. Pero este fin de semana se la pasó interpretando qué significó, exactamente, la enorme cantidad de trabajadores que acompañaron el acto de las 5 centrales sindicales ‘unidas’.

Es consciente de que una buena parte de los argentinos, aún de aquellos que lo votaron, tiene la idea de que su administración es poco sensible a los problemas de la gente con trabajo precario, o sin trabajo, y los estragos que hace en el salario el aumento del costo de vida.

"Si mis ministros no me mienten, la inflación de julio va a estar por debajo del 2 por ciento y a partir de ese momento empezaremos a crecer, de manera lenta pero continúa. Entonces, hacia fin de año, estaremos bien. Mucho mejor que a principios de año", le dijo el jueves pasado a un visitante de la quinta de Olivos.

El Presidente, en realidad, no pondría las manos en el fuego por ningún juez federal de Comodor Py. Sin embargo tanto él como uno de sus principales consejeros, el jefe de gabinete, Marcos Peña, comprenden que el proceso que se disparó a principios de marzo con la directiva del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, de acelerar las causas de corrupción es imparable. E incluso calculan que no lo podrían detener aunque lo desearan. Peña me lo había adelantado antes del cierre de la campaña de la segunda vuelta, cuando le pregunté si iban a alentar las investigaciones de los expedientes más calientes.

Me explicó, con mucha prudencia, palabra más, palabra menos, que no iba a ser necesario que el Poder Ejecutivo se involucrara, porque el nivel de humillación y maltrato que había recibido una buena parte del Poder Judicial por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, haría que sus integrantes se pusieran a trabajar de inmediato. Le pregunté si esa reacción debía interpretarse como una suerte de venganza. Y respondió que ponerse a trabajar, para él, significaba hacer lo que no pudieron antes por miedo, conveniencia o algún otro interés en particular. Y que el verdadero cambio se concretaría si logran mantener esa conducta en el tiempo.
Para desgracia de Cristina, Milagro Sala y decenas de ex ministros y altos funcionarios, los hombres de la Justicia dejaron de sentir miedo y empezaron a encontrar evidencias de delitos y testigos donde antes parecía no haber nada.

Parece la consecuencia lógica de un nuevo tiempo político.

Ni más ni menos.

Publicado en El Cronista

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Escrito por Luis Majul

Creado: 28 Abril 2016

El juez Sebastián Casanello no es un héroe, pero de ahí a dar por sentado que tiene un plan secreto para detener la investigación de la ruta del dinero K antes de que la ex presidenta Cristina Fernández pueda ser condenada hay un mundo de diferencia. Se le podría achacar cierta demora en el avance de la causa. En especial hasta que apareció el video con Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en La Rosadita. Sin embargo, también es justo reconocer que, desde hace poco menos de un mes, ha habido resultados alentadores. Lázaro Báez está procesado y detenido, igual que sus principales cómplices, el contador Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. El juez está cumpliendo la recomendación de los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Fara, quienes le pidieron que intente recuperar todos los activos y todo el dinero en efectivo que encuentre. El fiscal Guillermo Marijuan viajó a Río Gallegos junto con 200 efectivos para embargar y poner a la venta, cuanto antes, una inmensa flota de autos de alta gama, estancias, edificios, departamentos, terrenos, artículos suntuarios y cualquier cosa que pueda ser transformada en dinero. Todo esto, en principio, parece una respuesta correcta a la demanda sintetizada en la consigna "que vayan presos y devuelvan la plata".

¿Habría que condecorar al fiscal y al juez? No. Pero es una ingenuidad suponer que para desenterrar el dinero que Báez pudo haber guardado en estancias y bóvedas basta con que Leonardo Fariña haga un dibujito y se lo entregue al juzgado en sobre cerrado. El ex valijero hizo eso el miércoles de la semana pasada. Casanello y Marijuan protegieron la información bajo siete llaves, pero no lograron evitar la filtración, y varios periodistas tuvieron esos datos. Entonces, la idea de que se estaba investigando con parsimonia volvió a florecer. Sin embargo, los supuestos "espectaculares" datos que había aportado Fariña ya estaban en el expediente y en algunas redacciones desde 2010, cuando se filtró la existencia de bóvedas en las estancias La Julia y Cruz Aike. Por lo tanto, ¿alguien mínimamente informado podía creer, de verdad, que Báez pudo haber esperado desde 2010 hasta que lo metieran preso, seis años después, para sacar las cajas y los fajos con billetes de la ubicación que suministró el arrepentido del rodete?

El otro gran argumento que agitan los que critican con liviandad el trámite judicial es que Martín Báez debería estar preso, al igual que su padre. Analicemos el punto con detenimiento y con el expediente en la mano. Para el juez, pero también para el fiscal, Lázaro es el vértice de una banda armada para delinquir; Pérez Gadín es su pata contable, y Chueco, su cómplice jurídico. ¿Y qué responsabilidad concreta le adjudican a Martín Báez? Casanello entiende que es mucho menor que la de su padre porque Lázaro, por ejemplo, tiene el 95% de las acciones de Austral Construcciones. Y su hijo, en cambio, sólo el restante 5%. Además, tanto el juez como el fiscal ubican a Martín como una especie de "custodio familiar" ocupado en controlar que Fariña no lo mejicaneara durante el traslado de euros a las financieras. Marijuan entiende que el heredero del rey de la obra pública no le llegaría ni a los talones a su padre en términos de "inteligencia para hacer el mal". Tampoco a Pérez Gadín, Cuello, Fariña o Federico Elaskar. Por esa razón, tanto Casanello como Marijuan reaccionaron con cierta indignación cuando un par de colegas les sugirieron que metieran preso a Martín Báez como una manera poco ortodoxa de lograr que Lázaro "cante". "Eso sería el equivalente a una tortura", le respondió Marijuan a un camarista que recordó que ya estaba vigente la ley del arrepentido. Casanello le contestó exactamente lo mismo a un periodista que "lo corrió" con la hipótesis de que si no arrestaba a Báez hijo, "la gente va a pensar que usted está protegiendo a Cristina".

Y a propósito: ¿se podría asegurar que el magistrado hará todo lo posible para no involucrar a la ex jefa del Estado? Marijuan la imputó, pero en el requerimiento de instrucción no definió las razones por las que lo hizo. Se puede conjeturar que la imputación se explica porque Fariña la nombró en su declaración indagatoria. También se puede entender que la puso en un lugar incómodo cuando interpretó que Ella lo mandó a llamar de urgencia a Lázaro Báez a Olivos porque tenía la sospecha de que le estaba robando dinero que era de la familia. Pero además se puede interpretar, si se lee con paciencia la misma declaración, que en un momento Fariña "la despega" de toda la operatoria del lavado. "Casanello no cerró ninguna puerta, pero se va a terminar de convencer de que Cristina sabía que su marido hacía negocios sucios cuando aparezca una prueba nueva", me explicó alguien que conoce el expediente casi tanto como el juez.

La posibilidad de que Báez declare bajo las mismas condiciones a las que accedió Fariña es algo que parece cada vez menos improbable. Emisarios del fiscal Marijuan ya le mandaron un mensaje para convencerlo de que es lo mejor que podría hacer para mejorar su situación procesal. Algo parecido le hicieron saber a Chueco. Y ambos están analizando junto con sus abogados si de verdad es la única carta que les queda. Tienen tiempo para arrepentirse hasta antes del inicio del juicio oral, pero corren el riesgo de llegar demasiado tarde, si uno de los dos accede primero. Y también llegarían tarde si aparecieran nuevas pruebas que hicieran innecesarios su comparecencia y su posterior ingreso al régimen especial de testigos protegidos. Báez solicitó la opinión de otros estudios de abogados, por fuera del letrado que lo está asistiendo. Casi todos le dijeron lo mismo: las posibilidades de que salga de la cárcel inmediatamente son prácticamente nulas; si tiene algo para decir, tiene que hacerlo más rápido que tarde.

Marijuan no descarta de ninguna manera la posible colaboración de Báez. Él sabe que el ex gerente del Banco de Santa Cruz era muy amigo de Néstor, pero que a Cristina no lo unía casi nada. Tiene presente que Lázaro todavía guarda cierto resentimiento porque Ella le quitó participación en la obra pública y le bajó el pulgar para participar del proyecto de las represas Kirchner y Cepernic. Además sabe que Cristina lo trató, casi siempre, con cierto desdén y cierto desprecio. Entonces supone el fiscal que Lázaro hablará cuando sienta que no le queda más remedio. Son las últimas noticias "picantes" sobre la vertiginosa causa denominada la ruta del dinero K.

Publicado en La Nación

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Escrito por Luis Majul

Creado: 25 Abril 2016

Un dramático giro podría dar la causa de la ruta del dinero K si el principal acusado, Lázaro Báez, acepta la sugerencia de sus abogados, se acoge a la ley del arrepentido, se incorpora al régimen especial de Testigo Protegido y decide involucrar a la expresidenta Cristina Fernández y a Máximo Kirchner en el sistema de corrupción y lavado de dinero del que él mismo es una pieza clave.

La interpretación no es un capricho mío. Me lo transmitieron fuentes muy seguras que trabajan en la investigación judicial. La propuesta ya se la hicieron llegar a Lázaro Báez de manera informal, pero concreta. Ahora el presunto testaferro de la familia Kirchner la está analizando junto a sus abogados.

Detrás del "aprovechamiento" que hizo Leo Fariña de la ley del arrepentido hay una historia para contar.
Todo comenzó cuando su abogada, Giselle Robles, se comunicó con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan y le pidió ayuda. Al exvalijero, preso en Ezeiza por el delito de evasión fiscal agravada, le habían rechazado su pedido de excarcelación y estaba desesperado. No quería permanecer detenido ni un minuto más.

–¿Qué me puede ofrecer?– preguntó Robles a Marijuan.
–¿Yo? Nada– le respondió.
Y enseguida le aclaró:

–Lo que yo puedo hacer es usar mis buenos oficios para hablar con las autoridades del Tribunal Oral de la Plata (TOF1) y sugerirles, en el caso de que la declaración de su cliente sea relevante y esté sustentada con pruebas, que lo saquen de la cárcel y lo pongan en el régimen especial de testigos protegidos, con el argumento de que su vida va a correr peligro.

–¿Es todo lo que nos pueden ofrecer?– reclamó la abogada.

–Solo eso. Y no puedo dar garantías de que acepten mi sugerencia.
A las 48 horas la abogada llamó a Marijuan y le dijo:

–Vamos a aceptar su propuesta, porque no tenemos nada mejor.
Y Marijuan le respondió:

–Pero yo solo me comprometo a hacer las gestiones si Fariña declara la verdad, y aporta evidencias. Porque ya declaró tres veces y dio tres versiones distintas.

–Yo le garantizo que Leo va a incriminar a gente que está por encima de él si usted me garantiza la gestión– prometió la abogada Robles.

–Hecho. Pero quiero aclararle una cosa más. Yo, como fiscal, no puedo ofrecerle nada. Pero él, como imputado, sí puede solicitar, antes de hacer su declaración, que se le permita ingresar al sistema del arrepentido. Y también puede pedir que se lo incorpore al régimen especial de Testigos Protegidos.

Por eso Fariña, antes de empezar a declarar, pidió hacerlo bajo las normas de la ley del arrepentido. Y después de tres horas, Marijuan interrumpió la indagatoria para hacer un llamado urgente. De inmediato, él y el juez Casanello se comunicaron con las autoridades del Régimen especial de protección de testigos. Les preguntaron si, debido a la importancia de sus denuncias y a que la vida del denunciante podía correr peligro, se podrían hacer cargo de Fariña.

Le respondieron que sí.

Entonces Marijuan ingresó al despacho del juez y anunció:

–Por la gravedad de sus denuncias y acusaciones el imputado corre riesgo de vida. Y es este acto solicito al juez que se lo incluya en el programa especial de Testigos Protegidos.

Fariña, que ya se había fumado dos atados de cigarrillos, se puso a llorar y tardó varios minutos en reponerse.
Fue porque comprendió que, en cuestión de horas, recuperaría su libertad.

La segunda parte de su indagatoria, ya aliviado, fue mucho más jugosa y concreta.

El primer dato que hay que tener en cuenta es que Fariña antes de declarar, estaba preso, y que su vida corría peligro.

Y ahora, bajo condiciones especiales, está en libertad. Y puede hacer casi todo lo que se le venga en gana. Como cualquiera de nosotros.

El segundo dato: si Lázaro Báez decide aceptar la sugerencia que le hicieron llegar desde el juzgado donde se tramita su causa, es posible que termine en la misma condición que Fariña, con todo lo que esto significa.
Si los abogados de Lázaro son inteligentes y no le mienten, deberían hacerle saber el exacto lugar donde está parado.

Deberían decirle que por el delito de lavado agravado, las evidencias que existen y el impacto político y social que tiene este juicio, lo mínimo que podría permanecer encerrado es ocho años, incluido el tiempo que demore el juicio oral.

Lo subrayo: ocho años.

Casi una vida entera, si se lo compara a cómo vivió hasta el día de hoy.

Tendríamos ahora que pensar y, aunque es difícil, ponernos por unos segundos en el lugar de Báez. Porque es así como piensan los fiscales y los jueces que necesitan información e imputados que se arrepientan.
Báez va a perder una buena parte de su fortuna.

Decenas o cientos de millones de dólares, para el caso no es tan diferente.

Pero Báez, si fue mínimamente previsor, podría haber guardado "un canuto" de unos cuantos millones de dólares o euros, para usarlos, de manera directa o indirecta, mientras goce del régimen especial de testigo protegido.

Y podría ver, de vez en cuándo, a su familia. O incluso alejarse, junto a parte de su familia, a un lugar muy difícil de detectar, como en la historia de la película ‘Buenos Muchachos’.

La otra opción no presentaría muchos matices.

Sería permanecer detenido, con su familia escondida, tratando de evitar los escraches y la humillación, y con la posibilidad latente de que alguno de sus hijos, como Martín Báez, caiga preso, en las mismas pésimas condiciones que tendría que soportar él.

"Si yo fuera Lázaro Báez, le aconsejaría que se transformara en un arrepentido, que reconociera su error y que le diera la posibilidad, a su familia, de ser recordado como alguien que se equivocó, pero que en la segunda parte de su vida decidió recuperar su dignidad", me dijo un hombre de la justicia que conoce la causa como la palma de su mano.

Un mensaje parecido le hicieron llegar, desde el juzgado, al abogado Jorge Chueco, otra de las figuras clave en el armado de lavado y fuga de dólares y euros al exterior en la denominada ruta del dinero k.

Chueco dijo que se quiso suicidar en dos oportunidades por la vergüenza que sentía frente a su familia y sus seis hijos. Si es verdad lo que planteó, suicidarse es la peor opción. Porque muerto, será recordado como uno de los grandes cómplices del lavado de dinero de la corrupción. Pero si declara lo que sabe, le regalará a sus hijos el argumento de que su padre prefirió dejarlos a salvo de la vergüenza, y colaboró con la justicia para llegar a la verdad.

A esta altura del razonamiento es oportuno preguntarse si una eventual declaración de Lázaro Báez podría complicar la situación procesal de Cristina Fernández y de Máximo Kirchner.

La respuesta es: obvio.
La podría complicar, y mucho.

Porque Lázaro, para involucrarlos, no necesitaría incluirla en los vericuetos de la operatoria del lavado de dinero, sino como beneficiarios del sistema de cinco pasos que detalló Fariña: cartelización de la obra pública, sobreprecios, sobrecostos para blanquear dinero negro u facturación apócrifa, cohecho y lavado propiamente dicho.

Además, hay que recordar que en esta causa, la expresidenta está imputada por el fiscal Marijuan y que éste, en cualquier momento, podría definir la imputación y citarla a declarar como sospechosa de encubrimiento. Es que tanto él como el juez Casanello dan por sentado que Fariña dijo la verdad cuando declaró que Cristina mandó a llamar al rey de la obra pública para preguntarle si estaba fugando al exterior plata que le pertenecía. Es decir: que la expresidenta debía haber presentado la denuncia, si tenía la sospecha de que alguien estaba consumado un delito con los fondos del Estado.

En todo caso, con todo respeto, yo le recomendaría a la exjefa de Estado que, además de hacer una defensa política, hostigando a la justicia y presentando a los Panamá Papers y la inflación como algo más grave que el megasistema de corrupción de Estado de la que aparece como responsable, se consiga los mejores abogados que pueda pagar, más técnicos y menos discursivos.

Porque su situación objetiva es más grave de lo que parece.

Para empezar, en los próximos días el juez Claudio Bonadio la va a procesar por el delito de fraude en la causa por la venta de dólar futuro.

Para seguir, el mismo juez acaba de pedir y lograr el acceso de todos los documentos y pruebas que él mismo quiso capturar en los 30 allanamientos que hizo en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, cuando tramitaba la Causa Hotesur. Bonadio hizo el requerimiento para empezar a investigar la denuncia de Margarita Stolbizer sobre Los Sauces, la otra sociedad de Cristina y Máximo, a través de la cual cobraron dinero por ventas de inmuebles y de alquileres, que fueron pagados por Lázaro Báez y Cristóbal López, a precios exorbitantes.

Y para terminar, habría que confirmar si la denuncia que acaba de hacer la diputada por Jujuy Mabel Balconte es una fantasía o la pura verdad. Ella afirmó ante la justicia de esa provincia que Milagro Sala llevaba bolsos con dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la quinta de Olivos. Pero no lo hizo solo en público. Primero lo dejó documentado ante la justicia federal de su provincia. Y si no está mintiendo, hay mil maneras de corroborar si los hechos que narra sucedieron de verdad.

Uno es el más sencillo de todos. Confirmando a través de las celdas de los celulares y las agendas, si Balconte estuvo donde dice que estuvo, en el medio de valijas con millones de pesos, que se repartían para pagar los retornos que el Estado le daba a Milagro Sala por obras que nunca construyó.

Publicado en El Cronista

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Escrito por Luis Majul

Creado: 21 Abril 2016

Mientras las imputaciones, los procesamientos y las detenciones se suceden a un ritmo de vértigo y la bola de nieve del mani pulite made in Argentina se sigue agrandando, una nueva teoría judicial, política y conspirativa empezó a ganar terreno entre los analistas tradicionales. Les adjudican la autoría intelectual de la teoría a "fuentes muy cercanas" a Lázaro Báez. Un colega muy ocurrente le puso un título a la elucubración: "Línea de corte". Y después explicó que la línea de corte de las eventuales condenas, según los hombres de Báez, terminaría en el propio Lázaro. Para decirlo sin vueltas: de acuerdo con la especulación, la larga mano de la Justicia sólo alcanzaría al rey de la obra pública y dejaría indemne a la ex presidenta, quien, dicho sea de paso, en vez de preparar una defensa técnica, está eligiendo un contraataque político que no parece tener chances de prosperar.

La hipótesis de la "línea de corte" se basa en el presupuesto de que, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner, todavía no hay en el expediente ningún elemento que permita procesar, ni indagar, ni acusar, ni detener a la ex presidenta como parte responsable de la denominada ruta del dinero. El juez Sebastián Casanello está ahora concentrado en las acciones que le reclamaron los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah. La recomendación se podría sintetizar así: "Que Lázaro Báez siga preso y que devuelva la plata".

Que continúe detenido no parece tan complicado. Pero recuperar parte de los millones de euros alojados en innumerables cuentas en el exterior no es algo que podría suceder de la noche a la mañana. Fariña dio indicios sobre cómo los sacaron del país en su explosiva declaración indagatoria, cuyas consecuencias todavía no alcanzaron su pico. La parte más jugosa no es la de la teoría de los cinco pasos del plan sistemático de la megacorrupción de Estado (digitación de la obra pública y sobreprecios, adelanto del pago de la obra, facturación trucha, cohecho y lavado). Eso, de alguna forma, lo había anticipado Elisa Carrió en su denuncia por asociación ilícita en 2008. La parte de la declaración de Fariña que tiene más valor se encuentra en el tramo en que se autoincrimina. La mencioné por primera vez el domingo, pero vale la pena detallarlo una vez más, porque Fariña no sólo aportó sus dichos, sino elementos que pueden probarlos.

El ex "valijero" afirmó que él mismo, junto con Martín Báez, hijo de Lázaro, llevó un total de entre 7 y 8 millones de euros "en negro" desde la oficina de Austral Construcciones en Carabelas 241 hasta la financiera Provalor, de los hermanos Rabinovich. Que lo hicieron un par de semanas después de la muerte de Néstor Kirchner, lo que revelaría el apuro de Lázaro por sacar la plata fuera del país. Que debieron cambiar los euros por pesos y los pesos por dólares porque la financiera sólo tenía "cable" para transar en la moneda norteamericana. Que la enorme venta de euros para un mercado tan reducido "prendió varias alarmas". Que la primera sonó en la embajada de Estados Unidos. Que los diplomáticos la compartieron con espías de la ex SIDE. Que los espías le hicieron llegar la especie a la entonces presidenta. Y que Cristina convocó a Lázaro con urgencia para que desmintiera o confirmara el rumor. Debido a la movida, durante esos días los euros del mercado negro, de manera excepcional, resultaron más baratos que los del mercado oficial. De hecho, tanto LA NACION como Clarín escribieron sobre aquel "fenómeno". De cualquier manera, declaró Fariña, Lázaro le negó a "la jefa" los hechos. Pero -dijo el "valijero" en su declaración- enseguida llamó al propio Fariña, lo citó en su oficina y, a solas, le pidió que fuera más prolijo.

Los que divulgan la teoría de la "línea de corte" no parecen contar con información precisa sobre lo que está pasando de verdad dentro y fuera de Comodoro Py. Porque es probable que no existan todavía elementos suficientes para complicar a Cristina en la causa sobre la ruta del dinero. Sin embargo, el "cohete a la Luna" que se disparó cuando fiscales, secretarios y jueces del fuero federal se sintieron contenidos para investigar a fondo sin sufrir las consecuencias ya es imparable. Lo demuestra la reciente decisión del fiscal Gerardo Pollicita de pedir la indagatoria de Cristóbal López y la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Porque así "revivirá" la megacausa por asociación ilícita que tramita Julián Ercolini, el mismo que decidió meter preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Lo ponen de manifiesto el fiscal Marijuan y el juez Casanello, quienes ahora trabajan en armonía para llegar hasta el fondo en el expediente de la ruta del dinero. Lo evidencia el estado de desesperación de Jorge Chueco, alma gemela de Daniel Pérez Gadín en el entramado de negocios sucios de Lázaro Báez.

Esto recién empieza y no terminará aquí el juez Claudio Bonadio, que desoye tanto las presiones y las amenazas de la propia Cristina como las sugerencias de algunos hombres de Cambiemos de posponer la indagatoria de la ex jefa del Estado por la causa de la venta del dólar futuro, para "no enrarecer más el clima". De hecho, el propio Bonadio no pudo terminar lo que empezó en el juicio por Hotesur, expediente que todavía se encuentra en el limbo por la inacción de su colega Daniel Rafecas. Bonadio considera que cualquier juez que se haga cargo de la causa no podrá evitar, a menos que esté dispuesto a soportar un juicio político, dictaminar la existencia del delito de lavado de dinero. Tampoco nadie descarta que en los próximos días el mismo magistrado dicte el procesamiento de la ex presidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Y a todo esto hay que sumar el celo y la honestidad intelectual con el que la diputada Margarita Stolbizer y su asesora Silvina Martínez siguen todas las denuncias contra la ex presidenta.

Un intendente del conurbano que pertenece al Frente para la Victoria pero no es incondicional sostiene que "los vecinos están tan enojados con la corrupción como con Macri" por los aumentos de los servicios y del transporte público. Es posible que tenga razón. Que, en efecto, se esté registrando un "doble" descontento. Pero ese registro, en todo caso, hará más difícil que cualquier fiscal o juez tome la decisión de dar un paso atrás sobre lo ya decidido. O de proteger a los hombres del poder, como sucedía antes de diciembre del año pasado. Será un poco a la bartola, pero el mani pulite made in Argentina ya no tiene retorno.

Publicado en La Nación

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Escrito por Luis Majul

Creado: 18 Abril 2016

Ni el regreso delirante y sin gloria de la expresidenta; ni los Panamá Papers; ni las nuevas medidas sociales del gobierno de Mauricio Macri; ni siquiera la conmocionante tragedia de los chicos muertos durante la rave de Costa Salguero, van a poder evitar las futuras imputaciones, indagatorias, procesamientos y detenciones de decenas de funcionarios y empresarios que cometieron graves delitos durante la era K.
Y la oleada incluye, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López, el exvicepresidente Amado Boudou y al ex ministro Julio De Vido, entre otros. También a los titulares de organismos de control que hicieron la vista gorda para permitir desde la digitación y sobreprecios de las obras públicas, hasta la evasión impositiva y la inacción ante operaciones sospechosas, pasando por el otorgamientos de facilidades excepcionales en créditos y fideicomisos multimillonarios.
Un par de escenas indignantes que forman parte de la declaración indagatoria de Leo Fariña ante el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, quienes tramitan la causa de la ruta del dinero K, sirven como muestra de la avanzada que se viene y que parece indetenible.

Escena uno

Fariña confesó en sede judicial que inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner, participó, en persona, de una operatoria irregular para enviar dinero negro al exterior.
Según Fariña, fueron entre u$s 7 y 8 millones, a lo largo de tres días.
Fariña contó que el dinero salió, en euros, desde las oficinas de Báez, en el pasaje Carabelas 241. Que fue transportado en una Toyota Hilux Negra. Que los trasladó acompañado de Martín Báez, hijo de Lázaro Báez y uno de sus custodios. Fariña reveló que llevaron el dinero negro a Provalor, la financiera de los hermanos Rabinovich.
"Como en Provalor no tenían cable en euros sino en dólares, tuvimos que pasar los euros a pesos y los pesos a dólar. Entonces, por esas operaciones de cambio de moneda, la city se inundó de euros. Se sobresaturó", explicó el valijero ante la mirada atónita de Marijuan y Casanello.
"Tener cable" es contar con la misma cantidad de dinero en negro de alguien dispuesto a ingresarlo a territorio argentino. Una suerte de mecanismo de compensación. Un movimiento back to back, para dar apariencia legal a una maniobra delictiva.
Tan fuerte fue la inyección de
euros en un mercado financiero tan pequeño, que, durante esos días, la versión blue de la moneda europea llegó a cotizar más bajo que el oficial, y al mismo tiempo determinó la baja del dólar paralelo, lo que hizo sonar una fuerte alarma en el circuito financiero.
La alarma se transformó en una alerta internacional.
"Yo estaba en el microcentro, cuando Lázaro me mandó a llamar urgente, a la oficina de Carabelas", declaró Fariña, palabra más, palabra menos.
El exvalijero reveló que se encontró con Báez a solas. Y que allí fue cuando el rey de la obra pública le confesó que acababa de estar con la expresidenta Cristina Fernández, en Olivos. Que ella le había enrostrado que fuentes de la embajada de los Estados Unidos, alertadas por las anomalías en la cotización del dólar y el euro, le habían sugerido que Báez podía estar sacando dinero al exterior de manera irregular.
Las fechas y las circunstancias coinciden.
También los documentos, correos electrónicos y líneas de teléfonos que aportó Fariña al fiscal y al juez.
- "La jefa" me preguntó si era cierto que nosotros estábamos fugando dinero afuera-dijo Fariña que Lázaro le confesó.
–¿Y vos que le dijiste?- preguntó Fariña.
–Le dije que ¡de ninguna manera!
–¿Y ahora qué hacemos? ¿paramos todo?- le habría preguntado Fariña.
–No. Seamos más prudentes en nuestros movimientos, concluyó Lázaro.
Fariña ubicó las operaciones irregulares entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre de 2010, un mes después de la muerte del expresidente.

Escena dos

Fariña confirmó además que, en efecto, Báez guardaba mucho dinero en efectivo en la bóveda de su chacra que más tarde transformó en una bodega para mostrar a los periodistas.
Y explicó por qué casi siempre, los último "fajos de la tanda de billetes quedaban inservibles por la humedad y los hongos".
"Era porque estaban guardados en una de esos lockers que parecían unas cajas ciegas en la parte de abajo. Daban al piso, los billetes tocaban el suelo y por eso se humedecían".

No solo anécdotas

Pero Fariña no contó solo anécdotas. También explicó, con lujo de detalles, el plan sistémico de cinco pasos, para comprender de manera cabal la megacorrupción de Estado cuyos responsables están a la vista.
Los cinco pasos, según Fariña, fueron:
1) Sobreprecios de la obra pública cuya adjudicación fue digitada.
2) Adelanto financiero con dinero en efectivo.
3) Facturación apócrifa para encubrir la simulación de mayores costos.
4) Pago de coimas, retornos o cohecho.
5) Lavado de activos.
Fariña ofreció unos dos ejemplos concretos para cada tipo de delito.
Denunció que se usaba entre un 10 y un 20% del pago total de cada obra pública para darle dinero a Néstor Kirchner y que ese porcentaje coincidía, en general, con el adelanto obtenido.
Explicó que como con Austral no daba abasto, tuvo que comprar o absorber de manera irregular otras empresas constructoras para satisfacer la demanda.
Afirmó que había un acuerdo entre el expresidente, el ministerio de Planificación y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) para cartelizar las licitaciones.
Y que también participaba de ese acuerdo la Sigen.
Además dijo que las maniobras de Báez para aplicarle sobrecostos a sus empresas eran burdas. Dio un ejemplo: el grupo tenía una firma de combustibles que le cobraba por el litro de gasoil o nafta más caro que cualquier estación de servicio al público.
Fariña opinó que la operatoria completa de 5 pasos no la pudo haber hecho sin la connivencia o la vista gorda de organismos de control como AFIP, UIF, Banco Central.
Detalló la maniobra fraudulenta con la que se adquirió la Rosadita.
Explicó todas las ventajas que le significó a Austral el manejo de SGI.
Aclaró el complejo armado de las cuentas en el exterior, y dio nombres y ejemplos concretos, a saber:
La de Teegan, de Martín Báez, en la que él participó y estuvo presente.
Varias en España y Suiza, las que fueron armadas por Pérez Gadín, Jorge Chueco y Martín Báez, entre otros. Pero en especial mencionó a un ex funcionario del gobierno de Kirchner, de origen patagónico pero que ahora viviría en Citybell o La Plata.
El detalle con que Fariña contó las operaciones de lavado parece una clase magistral de delito de cuello blanco.
Chueco, el abogado que sigue desaparecido, podría dar muchos más datos de la compleja maraña delictiva. Según Fariña, Cuello es el equivalente a Pérez Gadín, actual testaferro de Báez. "Lo que Daniel es a la parte contable, Chueco era a la parte jurídica", explicó Fariña a Marijuan y Casanello.
En este contexto, la rasante visita de Cristina, por más tóxica que haya sido, quedará en el olvido más temprano que tarde.
Por lo pronto, la semana que empieza, Casanello procesará y dejará en prisión a Lázaro y Pérez Gadín, y quizá haga lo mismo con Martín Báez y los demás imputados por la causa de lavado de dinero.
Además, es probable que Bonadio empiece a trabajar en el procesamiento de Cristina Fernández por el expediente de la venta del dólar a futuro.
Pero la expresidenta deberá preocuparse más, todavía, cuando se reactive la causa Hotesur, que tomará Julián Ercolini, o la de Los Sauces, que tramitará Bonadio y la del fideicomiso del Banco Nación, una denuncia que ampliará hoy Margarita Stolbizer. Su responsabilidad, en cada una de ellas, parece más que evidente. Necesitará mucho más que el apoyo espiritual de Eugenio Zaffaroni y la guardia de corps de La Cámpora para no ser considerada responsable.
Y tampoco tendrá la posibilidad de presionar a fiscales y jueces. Porque la mayoría ya se convenció que esto no tiene retorno. "Cualquier paso en falso que demos, cualquier nulidad extraña, la sociedad irá contra nosotros. Y lo hará con total justificación", me dijo una fuente que conoce el pensamiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Publicado en El Cronista

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Escrito por Luis Majul

Creado: 14 Abril 2016

¿Qué hacía Cristina Fernández cantando y bailando en el balcón del quinto piso de su departamento en el barrio de Recoleta horas antes de comparecer ante la Justicia, imputada por el delito de administración fraudulenta y abuso de autoridad? ¿Cómo se atrevió a hablar de distribución de la riqueza, cuando dejó, como jefa del Estado, una concentración económica mayor que la que heredó y se negó a medir la pobreza, que, según el observatorio de la UCA, llegó casi al 30% de los argentinos? ¿Quién puede creer, a esta altura, su remanido relato sobre la censura y el pedido de libertad de expresión, cuando Ella se dedicó, de manera personal, a perseguir a periodistas y medios críticos? ¿Cómo hacerlo cuando ayer mismo la guardia de corps de La Cámpora impidió la cobertura de TN y agredió a una periodista de Radio Mitre, mientras la televisión pública transmitía en directo su discurso político, disociado por completo de la realidad y de su propia situación procesal?

Tampoco se entiende por qué la Policía Federal le cedió a La Cámpora la organización completa del acto, desde el acceso de la prensa hasta la seguridad. Lo hicieron, el presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque querían mostrar a los argentinos que había regresado, durante unas horas, la cultura política del odio, el resentimiento y el pasado de la lógica amigo y enemigo? ¿Lo hicieron porque intentan dividir, todavía más profundamente, al peronismo, para acumular más poder?

Y, para volver a Cristina Fernández, ¿en serio creerá que se puede comparar con Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón? ¿De verdad piensa que una citación judicial en tiempo y forma la transforma en una heroína prerrevolucionaria? La ex presidenta tiene todo el derecho de expresarse y convocar a un acto político. También tiene derecho a sugerir la formación de una organización social, un "gran frente ciudadano" superador del Partido Justicialista, que le sirva para volver y ganar las elecciones. Nadie debería inquietarse, incluso, porque ella haya recordado que la familia de Macri, en especial, su padre, Franco, hizo buena parte de su fortuna por la vía de contratos con el Estado. Y tampoco porque desempolve el sobreseimiento de la Corte menemista de mayoría automática en la causa de contrabando de autos que involucró a una de aquellas empresas familiares. Es bueno que insista sobre la sociedad ofshore con sede en Panamá en la que aparece el actual presidente. Es saludable que pida aclaraciones sobre por qué no la incluyó en su declaración jurada. Pero ¿no tiene nada que decir sobre la ruta del dinero K, la detención y el procesamiento de su socio Lázaro Báez, los alquileres de las habitaciones de hoteles a Hotesur SA o la presunta falsificación de documentos de su otra sociedad, Los Sauces SA? ¿No tiene nada que explicar, por ejemplo, sobre las condenas y la detención del ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner y de ella misma? ¿No forma parte de su agenda discursiva la tragedia de Once, quizá la prueba más contundente de que, por lo menos en la Argentina que ella gobernó, la corrupción mata?

¿Y dónde estuvo Cristina Fernández durante estos últimos cuatro meses? ¿No tuvo oportunidad de ver las escenas en las que aparecieron integrantes de la Tupac Amaru de Milagro Sala retirando decenas de millones de pesos en efectivo de las cajas de los bancos de la provincia de Jujuy? ¿No vio con sus propios ojos o le contaron las repugnantes imágenes de Martín Báez, el hijo de Lázaro; su contador, Daniel Pérez Gadin, y su hijo, y Fabián Rossi, entre otros? ¿No tiene nada que aclarar sobre su controvertido papel en el trámite judicial en el que permanece procesado su ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone?

No es mentira que desde que la nueva administración asumió la inflación viene aumentando mes a mes, como consecuencia de la devaluación que puso fin al cepo, el descontrol del precio de los alimentos que el Gobierno no puede combatir y el incremento de las tarifas de luz, gas y transporte público. Tampoco es falso que la pobreza y la indigencia se multiplicaron, debido a que los nuevos precios de la economía subieron mucho más que los salarios viejos de los trabajadores formales.

Se puede estar en contra del acuerdo con los holdouts y gritarlo todas las veces que se considere necesario. Se puede reclamar por los despidos injustos y por la suba de la desocupación en el sector privado, y por el sesgo "neoliberal" de las primeras medidas del nuevo gobierno. Pero ¿de verdad pretende Cristina hacerle crecer a todo el país que ella no tiene ninguna responsabilidad en cada uno de estos gravísimos problemas? Y la militancia que la respalda y la acompaña, ¿compra y defiende todo el combo completo? ¿Compra el discurso ezquizofrénico de Axel Kicillof, quien habla de la megadevaluación de Alfonso Prat-Gay, cuando la que decidió, en enero de 2014, fue mayor y con peores consecuencias? ¿Compra la idea de que lo que está haciendo Federico Sturzenegger con el dólar futuro es más nocivo que lo que autorizaron la ex presidenta, él y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, al vender a 10 pesos lo que en el mercado se compraba a 14 o a 15

La militancia ¿compra, tolera y soporta también la megacorrupción del Estado con la que viene acompañado "el proyecto nacional y popular de matriz productiva con inclusión social"? Porque la decisión de utilizar al Estado para generar negocios sucios no fue un hecho aislado. Lo empezaron a denunciar periodistas de la ciudad de Río Gallegos, como Daniel Gatti, el autor de libros sobre El amo del feudo y Entre cajas. Continuaron con la misma tarea los trabajadores de prensa de la agencia OPI Santa Cruz. Lo transformó en una denuncia por asociación ilícita la diputada Elisa Carrió y otros miembros de ARI, en 2008. Lo puso sobre el tapete LA NACION, en un editorial, antes que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Y también lo constataron los medios de la Editorial Perfil. Y lo fueron corroborando en el camino dirigentes que fueron socios o pertenecieron al Frente para la Victoria.

Ciertos analistas políticos tradicionales explican que Cristina Fernández montó esta especie de reality show político para amedrentar a los fiscales y los jueces que la tienen en la mira. Pero, más que por la ex presidenta, los hombres y mujeres que imparten justicia están siendo interpelados por una buena parte de la opinión pública. La demanda sigue siendo que vayan presos los que delinquieron y que devuelvan el dinero los que saquearon al Estado. Esto no significa aprobar a libro cerrado todo lo que están haciendo Macri y su equipo. Pero queda bien lejos del planeta donde parece vivir Cristina.

Publicado en La Nación 

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Escrito por Luis Majul

Creado: 13 Abril 2016

Este es el fallo que acaba de publicar La Corte Suprema y que ratifica el dictamen de Cámara que ordena al Estado restituir la publicidad oficial a La Cornisa Producciones SA por considerar que se la quitó de manera abrupta, como un acto de censura y con el fin de asfixiar económica y financieramente a nuestra organización de medios.

Cómo recordarás, el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner
dejó de remitir publicidad oficial a La Cornisa producciones SA después de confirmar que el responsable de la productora, yo, había decidido publicar el libro El y Ella, una continuación de El Dueño, ambos con fuertes denuncias sobre la corrupción K.

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Escrito por Luis Majul

Creado: 11 Abril 2016

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ir presa, pero esto no sucederá el próximo miércoles 13 de abril a las 10 de la mañana, día y hora previstos para responder a la declaración indagatoria en la causa por la venta del dólar a futuro, por la que está sospechada de “administración fraudulenta” y “abuso de confianza”. A este juicio lo tramita Claudio Bonadío, el magistrado que fuera apartado del expediente Hotesur SA.

El expediente Hotesur era el que más preocupaba a Cristina antes del viernes pasado, cuando Leo Fariña prendió el ventilador y el fiscal Guillermo Marijuán decidió imputarla junto al ex superministro Julio de Vido, el financista Ernesto Clarens y el expresidente del Banco Nación, Juan Carlos Frábega.

Pero ahora los frentes judiciales abiertos contra la ex jefa de Estado son múltiples y no existe alrededor de Ella una estrategia clara sobre cómo defenderse para evitar ser procesada, detenida y eventualmente condenada por algunos de los delitos que se le imputan.

En las próximas horas se sabrá si la Cámara Federal porteña aceptará el nuevo pedido de recusación contra Bonadío en la causa “dólar futuro”. Si lo hace, Cristina Fernández no tendrá necesidad de presentarse a declarar. Pero si los camaristas rechazan el pedido y ratifican a Bonadío, la ex mandataria deberá comparecer a la hora que fue citada. Y si no se presenta, el juez la mandará a buscar por alguna de las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal o la Metropolitana.

El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace días que prepara un protocolo especial para que la diligencia pedida por Bonadío pueda cumplirse y la convocatoria que prepara el Frente para la Victoria no se transforme en un escándalo ni se generen incidentes.

Bullrich ya recibió a integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el organismo encargado de la seguridad en Comodoro Py y el que asume el rol de Superintendencia. El encuentro lo pidió el máximo responsable, Alejandro Slokar, un adherente de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. Fue para reclamar seguridad y protección a los jueces y fiscales que están imputando, procesando y ordenando medidas de prueba contra ex altos funcionarios del gobierno anterior.

“El primer objetivo para el próximo miércoles y para todo este abril caliente es la máxima seguridad para todos los que trabajan en Comodoro Py”, me dijo una alta fuente encargada de supervisar el operativo. Por eso, desde hoy, nadie podrá ingresar al edificio sin antes presentar una identificación personal y profesional. Además se preparó una entrada y una salida alternativas para secretarios, jueces y fiscales que podrían ser blancos de los ataques de algún descolgado o algún militante k que los considere “vendepatrias” o “destituyentes”.

La alta fuente explicó que al mismo tiempo están preparando un sistema para que durante el ingreso y la salida de Cristina Fernández no haya “desbordes”.

“Todavía no tenemos información sobre si ella, sus abogados o sus seguidores van a querer hablar con la prensa o no. Estamos tomando contacto con su gente para evaluar los distintos escenarios. Si decide no hablar invitaremos a la prensa a cubrir el hecho en un lugar seguro, con una tarima” agregó.

Por otra parte los responsables del ministerio de Bullrich preparan la “operativo para la manifestación”. Anticipan que “la seguridad será numerosa, pero discreta”.

“En este aspecto compartimos la responsabilidad con la Policía Metropolitana pero tenemos todo muy aceitado como para evitar desórdenes”, anticipó.

Bullrich y el nuevo jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia están analizando si van a prohibir el estacionamiento de vehículos a partir de hoy mismo alrededor de Comodoro Py. “Sería una medida excepcional, para aislar el perímetro caliente”, especificó.

El gobierno nacional venía trabajando en los operativos alrededor de la citación de Cristina Fernández, pero la imputación de Marijuán “cambió drásticamente el cuadro de situación”. Ahora esperan que el equipo de custodia de la ex presidenta se comunique con ellos para “coordinar sus movimientos y evitar que pase un mal momento”. Todavía no lo han hecho, pero aguardan que los responsables, pertenecientes a la Policía Federal, lo informen cuánto antes.

Marijuán imputó a Cristina Fernández porque Fariña la mencionó como co-protagonista de un diálogo que habría mantenido con Lázaro Báez en su despacho de la quinta de Olivos. Según Fariña,Cristina le había preguntado a Lázaro si era verdad que se estaba quedando con dinero de Néstor, quien ya había fallecido, y que además estaba sacando la plata fuera del país.

De acuerdo al ex valijero, la jefa de Estado estaba furiosa y le había dicho a Lázaro que la delicada información la había obtenido de fuentes vinculadas a la embajada de los Estados Unidos. En el escrito de la indagatoria a Fariña, que está bajo secreto de sumario, Cristina Fernández no aparecería involucrada en la operatoria, sino preocupada por el destino del dinero. Incluso Farías la habría presentado como ajena a los detalles específicos de las maniobras, con las que declaró, se habrían trasladado, de manera ilícita, fuera de la Argentina, casi 100 millones de dólares.

De la imputación a la indagatoria de Marijuán habría entonces una distancia considerable. Pero la responsabilidad de la ex jefa de Estado aparecería mucho más clara en la causa Hotesur -que todavía está en el limbo, sin juez, aunque le podría tocar a Julián Ercolini- y también en la causa Los Sauces, ambas impulsadas por Margarita Stolbizer, la legisladora que más seriamente está trabajando para acusar a Cristina por corrupción y lavado.

Los que tuvieron acceso a los documentos del juicio que impulsó Bonadío hasta que le quitaron la causa, están seguros de que Hotesur SA se fundó para lavar dinero de los retornos que Lázaro le giró a Néstor y Cristina a través del pago de alquileres de las habitaciones del hotel Alto Calafate que no se ocuparon.

Y el lunes pasado Stolbizer presentó otra denuncia que se transformó en el expediente Los Sauces SA. Se trata de una operatoria similar a la de Hotesur. La única diferencia es que, en vez de pagar sobreprecios por alquileres de habitaciones del Alto Calafate, Lázaro y también Cristóbal López compraron y alquilaron propiedades a Cristina Fernández y Máximo Kirchner por valores superiores a los de mercado.

Los Sauces SA cayó, por sorteo, en el juzgado de Bonadío. Es la peor noticia que Cristina Fernández podía haber recibido. Pero no la única. Porque en un edificio de la Prefectura hay 30 cajas azules con decenas de documentos secuestrados por Bonadío en los allanamientos de junio del año pasado.

El juez nunca las pudo abrir ni investigar su contenido, como tampoco lo hizo su sucesor, Daniel Rafecas, quien las guardó bajo llave y jamás revisó nada. Sin embargo, de las actas que confeccionaron los investigadores de la policía metropolitana se puede inferir que se trata de información sensible y explosiva, como los balances de Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones, Oil combustibles, la empresa de Cristóbal, boletos de compra y venta  y alquileres de propiedades y los detalles de la “contabilidad paralela” de Báez, alojados en un CPU, ubicado en un altillo de una oficina del rey de la obra pública, en Río Gallegos.  

Los investigadores que los que estaban allanando pudieron abrir la computadora gracias a la ayuda de algunos empleados que le dijeron cómo hacerlo. Por todas estas evidencias Cristina podría ir presa, aunque no ahora. Y su futura situación procesal no dependería, ni siquiera, de la versión que pudiera dar un arrepentido como Fariña, evaluaron fuentes judiciales muy serias.

Publicado en El Cronista 

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Escrito por Luis Majul

Creado: 07 Abril 2016

Las detenciones de Lázaro Báez y Ricardo Jaime no deben ser interpretadas como el final de un ciclo de corrupción e impunidad. Es al revés. Se trata del principio de una densa trama que podría terminar con el procesamiento y la pérdida de la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. La tormenta perfecta no comenzó la semana pasada. En realidad, se empezó a desatar el martes 15 de marzo, en la apertura del año judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, les envió una señal inequívoca a los fiscales, jueces federales, camaristas e integrantes de los juzgados en lo contencioso administrativo, para que aceleren los juicios por corrupción y empiecen a combatir en serio el narcotráfico.

Por lo menos cinco de los doce jueces federales lo entendieron como un gesto de "contención institucional" para obrar según sus convicciones. En los días sucesivos, Lorenzetti habló con varios y les garantizó que el nuevo cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción iba a colaborar de manera incondicional. A su vez, los mismos magistrados recibieron otra señal inequívoca, esta vez de parte del Gobierno. Les dijeron que el Presidente no movería un dedo para evitar que vaya preso ningún ex funcionario acusado de corrupción. Ni aunque se tratara de la ex jefa del Estado. No fue Daniel Angelici el mensajero oficial, sino un alto funcionario que habló con fiscales, magistrados y camaristas en nombre del jefe del Estado, pero de manera "institucional". Lo mismo les trasmitió un abogado que es muy escuchado por Macri, aunque no ostenta el cargo de asesor del Presidente.

La voz altisonante de la diputada Elisa Carrió y el video del primogénito de Lázaro y sus cómplices contando dinero no hicieron más que precipitar la cadena de hechos. Ahora los acontecimientos ya tomaron una dinámica propia. Una lógica que resultará imparable.El calendario de citaciones y la evolución natural de los expedientes anuncian más detenciones y algunas condenas. La misma suerte de Jaime y Báez le podría tocar al ex vicepresidente Amado Boudou, por su responsabilidad en la causa Ciccone y el pago irregular del gobierno de Formosa a la consultora de Alejandro Vandenbroele. La jueza Servini de Cubría espera el "momento procesal" justo para tomar declaración indagatoria a Pablo Paladino y Gabriel Mariotto, en el expediente del programa Fútbol para Todos. Y detrás de ellos comparecerán, por el mismo asunto, los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.

El miércoles de la semana próxima, a las 10, Cristina deberá presentarse ante el juez Bonadio para explicar su responsabilidad en la operación de venta de dólar futuro que, según el magistrado, le habría generado al Estado un perjuicio de 76.000 millones de pesos. Bonadio, a quien no parece amilanarlo la convocatoria lanzada para que la militancia apoye a la ex presidenta, está convencido de que tanto ella como el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli son sospechosos de fraude. El juez recibió esta semana otra noticia inesperada. Fue sorteado para tramitar la denuncia que presentó el lunes la diputada Margarita Stolbizer, con el asesoramiento de la experta en sociedades Silvina Martínez. La denuncia es contra la empresa Los Sauces y acusa a Cristina, a Máximo Kirchner y a otros de falsificación de documento, presunto enriquecimiento y "cualquier otro delito" que se pueda detectar en el trabajo de instrucción. Para quienes analizamos en detalle de qué se trata, se la podría considerar una causa gemela a la de Hotesur, que, por otra parte, es la que más preocupa a la viuda de Néstor Kirchner. Lo único que diferencia a una de otra son el nombre y el instrumento que, según Stolbizer, utilizaron para enriquecerse y lavar dinero. En el caso de Hotesur, el modus operandi fue el cobro de alquileres por habitaciones que no se habrían usado y el "delito precedente", la devolución a la familia Kirchner, por parte de Báez, de parte de los millones que ganó con la obra pública. En el de Los Sauces, los Kirchner cobraron por parte de Báez y de Cristóbal López dinero por la compra de inmuebles y alquileres de terrenos, edificios y cocheras. Es decir, varios millones de pesos que parecen estar insertos de manera desprolija en los balances de una empresa que, para más confusión, se llama igual que el hotel boutique que está pegado al domicilio de la ex presidenta en El Calafate.

No será difícil para Bonadio descular la tramoya de Los Sauces. Ya estaba a punto de recibir en mano las pruebas que servirían para condenar a los sospechosos del affaireHotesur cuando un par de camaristas lo recusaron y la causa recayó en Daniel Rafecas, que la cajoneó durante ocho meses y después se la sacó de encima. Las cajas con las evidencias están bien guardadas en una oficina de la Prefectura cuyas llaves posee Rafecas, que no se las presta a nadie. ¿Cuánto tardará Bonadio en volver a reclamar esos papeles, por considerarlos vinculados y conexos a la causa Los Sauces? ¿Cuánto tardará su colega Julián Ercolini en reclamar el corazón de la causa Hotesur, en la que, según Bonadio, ya estaría "largamente" probado el delito de lavado de dinero? Ercolini es el mismo que acaba de detener a Jaime y rechazar su pedido de excarcelación. Igual que la mayoría de sus colegas, fue presionado una y mil veces por los mensajeros de Néstor y Cristina y pensó en renunciar. La derrota electoral del Frente para la Victoria provocó en Comodoro Py el mismo efecto que generó en Jujuy la victoria de Gerardo Morales. De un día para el otro, allí los fiscales y los jueces se encontraron con que podían volver a su trabajo con dignidad e incluso denunciar, procesar y detener a la ex todopoderosa Milagro Sala sin temor a perder el puesto. Los hombres de la justicia jujeña también comprobaron que pueden tomar decisiones importantes y que el mundo, al otro día, seguirá andando. Quizá Cristina no sea encarcelada o detenida ahora mismo, ni mañana, ni pasado. Pero no es improbable que con el tiempo se le acumulen las penas y termine detenida. La condena, hasta entonces, será social. Hasta que un magistrado, si corresponde, se atreva a ponerle la firma a la condena judicial, que duele tanto o más que la otra. No parece imprescindible, para eso, que Báez o Jaime se transformen en arrepentidos. Las pruebas acumuladas en los expedientes serían suficientes.

Publicado en La Nación

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Escrito por Luis Majul

Creado: 04 Abril 2016

El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, es solo el primero. Porque en los próximos días, semanas y meses, empezarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py y ocuparán algunas de las celdas previstas para purgar sus delitos, personajes emblemáticos como Lázaro Báez y su hijo, y exfuncionarios como Amado Boudou y Aníbal Fernández. Incluso verá muy comprometida su situación procesal la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes muy seguras anticiparon que, si no ocurre antes nada imprevisto, el juez Claudio Bonadio le tomará el próximo miércoles 13 de abril declaración indagatoria, la procesará, y tiempo después dictará su condena por administración fraudulenta y abuso de confianza en la causa que investiga el negociado del dólar futuro. Lo mismo podría suceder con el exministro de Economía, Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Bonadio los considera responsables de hacerles perder a los argentinos, con la decisión de venta de dólar futuro a un precio muy barato, más de $ 76.000 millones, diez veces más que lo que se habría ‘ahorrado’ Cristóbal López por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, a través de su empresa Oil.

Aunque se trata de un delito, en principio, excarcelable, a la exjefa de Estado, en meses, se le podría sumar otra condena derivada de otro juicio: el originado en su empresa, Hotesur, que contempla el lavado de dinero y la recepción de coimas, con la complicidad del mismo Báez. Hotesur, la causa, será absorbida por el juez Julián Ercolini, el mismo que acaba de meter preso al exsecretario de transporte multiprocesado.

Lo que está sucediendo no es mágico. Podría entenderse como un Mani Pulite a la criolla, o como la respuesta institucional al clamor de parte de la sociedad, resumido en la consigna: "Que vayan todos presos y que devuelvan la plata".

Lo entendió a la perfección el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuando en la apertura del año judicial, el 15 de marzo pasado, en un mensaje directo a todos los jueces federales que estaban presentes, los conminó a "terminar con la impunidad para fortalecer las instituciones". Además los despabiló así: "Seamos conscientes de la responsabilidad que la población deposita en el Poder Judicial". Lo escucharon con atención, además de Ercolini, Claudio Bonadio, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez di Giorgi, Daniel Rafecas, Sergio Torres, Sebastián Ramos y Luis Rodríguez.

Pero también lo escucharon los miembros del fuero contencioso administrativo federal, de la Casación Penal y la Cámara Federal completa, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Los que conocen el mundo de la justicia, saben que sin esa invitación a actuar rápido y con rigor, quizá la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Irurzun, Horacio Catani y Farah no hubiera anulado con fundamentos tan duros el sobreseimiento de Carlos Liuzzi, mano derecha del monje negro Carlos Zannini y acusado de enriquecimiento ilícito. Tampoco hubiera dispuesto el apartamiento del juez Luis Rodríguez, quien había cerrado la causa en tiempo récord. Se trata de una de las medidas más fuertes que se pueden tomar contra un magistrado en semejante contexto. Y no porque Irurzun y Catani no se hubieran animado. Se trata de dos de los camaristas más respetados. Pero no dejó de sorprender el ritmo y la decisión por unanimidad. Lo mismo puede decirse sobre la hiperactividad del juez contencioso administrativo, Esteban Furnari.

Porque en las próximas horas, el magistrado podría hacer lugar al pedido de la AFIP, anticipado anoche por el equipo de investigación de La Cornisa TV, de embargar e inhibir los bienes del grupo Indalo. Su confirmación, en términos prácticos, significa tratar de recuperar parte de los $ 8000 millones que Cristóbal López le dejó de pagar al Estado para comprar nuevas empresas y financiar las viejas.

¿Cuánto tardará Servini en procesar a Pablo Paladino, Gabriel Mariotto y los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, por su responsabilidad en el descontrol del programa Fútbol para Todos? Lo que demore en tomarles la indagatoria y cumplimentar los pasos procesales, de acuerdo al procedimiento que la jueza lleva adelante con mucho celo. ¿Y cuánto tardará en explotar la denuncia que presentará hoy mismo Margarita Stolbizer, quien acaba de descubrir que Cristina y Máximo usaban otra sociedad, denominada Los Sauces SA, para hacer lo mismo que hacía Hotesur; es decir, recibir retornos a través de compras y alquileres de inmuebles pagados por Báez y López y anticipos de dividendos que no están permitidos por la ley? La dinámica que están tomando los acontecimientos es imparable.

También lo entendió así el presidente Mauricio Macri, quien le dio vía libre a la Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, para presentarse como querellante en la causa Hotesur, entre otras. Detrás de semejante entramado hay una necesidad y un riesgo. La necesidad del gobierno de mostrarse activo contra los escándalos de corrupción, en línea con la indignación social, pero sin aparecer como el fogonero de semejante movida. El riesgo es que el aluvión de procesamientos, condenas y detenciones sea de tal magnitud que termine conmoviendo a todo el sistema político, tal como está sucediendo en Brasil.

Entre los que intentan llegar a fondo, se encuentran, además de Alonso, el ministro de justicia, Germán Garavano, la diputada Elisa Carrió y el asesor jurídico de confianza del jefe de Estado, Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón. Por eso trabajan a destajo para que el Congreso apruebe una ley del arrepentido que sirva como instrumento para llegar a la ‘máxima verdad’ y ‘caiga quien caiga’, incluída la expresidenta de la Nación.

El propio presidente de la Corte trabaja en el mismo sentido, pero con un criterio más práctico: por eso acaba de designar un cuerpo de peritos anticorrupción; para que los jueces no tengan más excusas y aceleren las investigaciones y las condenas en las causas donde están involucrados exfuncionarios sospechados de robar, lavar dinero y proteger a delincuentes de guante blanco, incluidos narcotraficantes. Es su respuesta institucional a la demanda de que los responsables vayan presos y devuelvan la plata.

Sin embargo, Macri y su mesa chica se equivocarían si tomaran a este clamor social como una buena oportunidad para hacerse los distraídos con las consecuencias que provocan la alta inflación y el aumento de tarifas. Porque si el costo de vida no empieza a bajar después de mitad de año no habrá lucha contra la corrupción que sirva para amainar el descontento social que todos los meses, va creciendo un poco.

Y tampoco va a servir para tapar la reacción contra los gestos que impliquen defraudar al votante de Cambiemos: desde el uso de un avión privado para viajar a Punta del Este, como lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo Francisco Cabrera hasta la utilización del helicóptero y la estancia de un controvertido empresario de la Patagonia, como lo hizo el propio Macri durante el último día de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Publicado en El Cronista