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Las detenciones de Lázaro Báez y Ricardo Jaime no deben ser interpretadas como el final de un ciclo de corrupción e impunidad. Es al revés. Se trata del principio de una densa trama que podría terminar con el procesamiento y la pérdida de la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. La tormenta perfecta no comenzó la semana pasada. En realidad, se empezó a desatar el martes 15 de marzo, en la apertura del año judicial, cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, les envió una señal inequívoca a los fiscales, jueces federales, camaristas e integrantes de los juzgados en lo contencioso administrativo, para que aceleren los juicios por corrupción y empiecen a combatir en serio el narcotráfico.

Por lo menos cinco de los doce jueces federales lo entendieron como un gesto de "contención institucional" para obrar según sus convicciones. En los días sucesivos, Lorenzetti habló con varios y les garantizó que el nuevo cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción iba a colaborar de manera incondicional. A su vez, los mismos magistrados recibieron otra señal inequívoca, esta vez de parte del Gobierno. Les dijeron que el Presidente no movería un dedo para evitar que vaya preso ningún ex funcionario acusado de corrupción. Ni aunque se tratara de la ex jefa del Estado. No fue Daniel Angelici el mensajero oficial, sino un alto funcionario que habló con fiscales, magistrados y camaristas en nombre del jefe del Estado, pero de manera "institucional". Lo mismo les trasmitió un abogado que es muy escuchado por Macri, aunque no ostenta el cargo de asesor del Presidente.

La voz altisonante de la diputada Elisa Carrió y el video del primogénito de Lázaro y sus cómplices contando dinero no hicieron más que precipitar la cadena de hechos. Ahora los acontecimientos ya tomaron una dinámica propia. Una lógica que resultará imparable.El calendario de citaciones y la evolución natural de los expedientes anuncian más detenciones y algunas condenas. La misma suerte de Jaime y Báez le podría tocar al ex vicepresidente Amado Boudou, por su responsabilidad en la causa Ciccone y el pago irregular del gobierno de Formosa a la consultora de Alejandro Vandenbroele. La jueza Servini de Cubría espera el "momento procesal" justo para tomar declaración indagatoria a Pablo Paladino y Gabriel Mariotto, en el expediente del programa Fútbol para Todos. Y detrás de ellos comparecerán, por el mismo asunto, los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.

El miércoles de la semana próxima, a las 10, Cristina deberá presentarse ante el juez Bonadio para explicar su responsabilidad en la operación de venta de dólar futuro que, según el magistrado, le habría generado al Estado un perjuicio de 76.000 millones de pesos. Bonadio, a quien no parece amilanarlo la convocatoria lanzada para que la militancia apoye a la ex presidenta, está convencido de que tanto ella como el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli son sospechosos de fraude. El juez recibió esta semana otra noticia inesperada. Fue sorteado para tramitar la denuncia que presentó el lunes la diputada Margarita Stolbizer, con el asesoramiento de la experta en sociedades Silvina Martínez. La denuncia es contra la empresa Los Sauces y acusa a Cristina, a Máximo Kirchner y a otros de falsificación de documento, presunto enriquecimiento y "cualquier otro delito" que se pueda detectar en el trabajo de instrucción. Para quienes analizamos en detalle de qué se trata, se la podría considerar una causa gemela a la de Hotesur, que, por otra parte, es la que más preocupa a la viuda de Néstor Kirchner. Lo único que diferencia a una de otra son el nombre y el instrumento que, según Stolbizer, utilizaron para enriquecerse y lavar dinero. En el caso de Hotesur, el modus operandi fue el cobro de alquileres por habitaciones que no se habrían usado y el "delito precedente", la devolución a la familia Kirchner, por parte de Báez, de parte de los millones que ganó con la obra pública. En el de Los Sauces, los Kirchner cobraron por parte de Báez y de Cristóbal López dinero por la compra de inmuebles y alquileres de terrenos, edificios y cocheras. Es decir, varios millones de pesos que parecen estar insertos de manera desprolija en los balances de una empresa que, para más confusión, se llama igual que el hotel boutique que está pegado al domicilio de la ex presidenta en El Calafate.

No será difícil para Bonadio descular la tramoya de Los Sauces. Ya estaba a punto de recibir en mano las pruebas que servirían para condenar a los sospechosos del affaireHotesur cuando un par de camaristas lo recusaron y la causa recayó en Daniel Rafecas, que la cajoneó durante ocho meses y después se la sacó de encima. Las cajas con las evidencias están bien guardadas en una oficina de la Prefectura cuyas llaves posee Rafecas, que no se las presta a nadie. ¿Cuánto tardará Bonadio en volver a reclamar esos papeles, por considerarlos vinculados y conexos a la causa Los Sauces? ¿Cuánto tardará su colega Julián Ercolini en reclamar el corazón de la causa Hotesur, en la que, según Bonadio, ya estaría "largamente" probado el delito de lavado de dinero? Ercolini es el mismo que acaba de detener a Jaime y rechazar su pedido de excarcelación. Igual que la mayoría de sus colegas, fue presionado una y mil veces por los mensajeros de Néstor y Cristina y pensó en renunciar. La derrota electoral del Frente para la Victoria provocó en Comodoro Py el mismo efecto que generó en Jujuy la victoria de Gerardo Morales. De un día para el otro, allí los fiscales y los jueces se encontraron con que podían volver a su trabajo con dignidad e incluso denunciar, procesar y detener a la ex todopoderosa Milagro Sala sin temor a perder el puesto. Los hombres de la justicia jujeña también comprobaron que pueden tomar decisiones importantes y que el mundo, al otro día, seguirá andando. Quizá Cristina no sea encarcelada o detenida ahora mismo, ni mañana, ni pasado. Pero no es improbable que con el tiempo se le acumulen las penas y termine detenida. La condena, hasta entonces, será social. Hasta que un magistrado, si corresponde, se atreva a ponerle la firma a la condena judicial, que duele tanto o más que la otra. No parece imprescindible, para eso, que Báez o Jaime se transformen en arrepentidos. Las pruebas acumuladas en los expedientes serían suficientes.

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El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, es solo el primero. Porque en los próximos días, semanas y meses, empezarán a desfilar por los tribunales de Comodoro Py y ocuparán algunas de las celdas previstas para purgar sus delitos, personajes emblemáticos como Lázaro Báez y su hijo, y exfuncionarios como Amado Boudou y Aníbal Fernández. Incluso verá muy comprometida su situación procesal la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes muy seguras anticiparon que, si no ocurre antes nada imprevisto, el juez Claudio Bonadio le tomará el próximo miércoles 13 de abril declaración indagatoria, la procesará, y tiempo después dictará su condena por administración fraudulenta y abuso de confianza en la causa que investiga el negociado del dólar futuro. Lo mismo podría suceder con el exministro de Economía, Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Bonadio los considera responsables de hacerles perder a los argentinos, con la decisión de venta de dólar futuro a un precio muy barato, más de $ 76.000 millones, diez veces más que lo que se habría ‘ahorrado’ Cristóbal López por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles, a través de su empresa Oil.

Aunque se trata de un delito, en principio, excarcelable, a la exjefa de Estado, en meses, se le podría sumar otra condena derivada de otro juicio: el originado en su empresa, Hotesur, que contempla el lavado de dinero y la recepción de coimas, con la complicidad del mismo Báez. Hotesur, la causa, será absorbida por el juez Julián Ercolini, el mismo que acaba de meter preso al exsecretario de transporte multiprocesado.

Lo que está sucediendo no es mágico. Podría entenderse como un Mani Pulite a la criolla, o como la respuesta institucional al clamor de parte de la sociedad, resumido en la consigna: "Que vayan todos presos y que devuelvan la plata".

Lo entendió a la perfección el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, cuando en la apertura del año judicial, el 15 de marzo pasado, en un mensaje directo a todos los jueces federales que estaban presentes, los conminó a "terminar con la impunidad para fortalecer las instituciones". Además los despabiló así: "Seamos conscientes de la responsabilidad que la población deposita en el Poder Judicial". Lo escucharon con atención, además de Ercolini, Claudio Bonadio, Sebastián Casanello, Ariel Lijo, María Servini de Cubría, Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez di Giorgi, Daniel Rafecas, Sergio Torres, Sebastián Ramos y Luis Rodríguez.

Pero también lo escucharon los miembros del fuero contencioso administrativo federal, de la Casación Penal y la Cámara Federal completa, integrada por Martín Irurzun, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Los que conocen el mundo de la justicia, saben que sin esa invitación a actuar rápido y con rigor, quizá la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Irurzun, Horacio Catani y Farah no hubiera anulado con fundamentos tan duros el sobreseimiento de Carlos Liuzzi, mano derecha del monje negro Carlos Zannini y acusado de enriquecimiento ilícito. Tampoco hubiera dispuesto el apartamiento del juez Luis Rodríguez, quien había cerrado la causa en tiempo récord. Se trata de una de las medidas más fuertes que se pueden tomar contra un magistrado en semejante contexto. Y no porque Irurzun y Catani no se hubieran animado. Se trata de dos de los camaristas más respetados. Pero no dejó de sorprender el ritmo y la decisión por unanimidad. Lo mismo puede decirse sobre la hiperactividad del juez contencioso administrativo, Esteban Furnari.

Porque en las próximas horas, el magistrado podría hacer lugar al pedido de la AFIP, anticipado anoche por el equipo de investigación de La Cornisa TV, de embargar e inhibir los bienes del grupo Indalo. Su confirmación, en términos prácticos, significa tratar de recuperar parte de los $ 8000 millones que Cristóbal López le dejó de pagar al Estado para comprar nuevas empresas y financiar las viejas.

¿Cuánto tardará Servini en procesar a Pablo Paladino, Gabriel Mariotto y los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, por su responsabilidad en el descontrol del programa Fútbol para Todos? Lo que demore en tomarles la indagatoria y cumplimentar los pasos procesales, de acuerdo al procedimiento que la jueza lleva adelante con mucho celo. ¿Y cuánto tardará en explotar la denuncia que presentará hoy mismo Margarita Stolbizer, quien acaba de descubrir que Cristina y Máximo usaban otra sociedad, denominada Los Sauces SA, para hacer lo mismo que hacía Hotesur; es decir, recibir retornos a través de compras y alquileres de inmuebles pagados por Báez y López y anticipos de dividendos que no están permitidos por la ley? La dinámica que están tomando los acontecimientos es imparable.

También lo entendió así el presidente Mauricio Macri, quien le dio vía libre a la Oficina Anticorrupción, que preside Laura Alonso, para presentarse como querellante en la causa Hotesur, entre otras. Detrás de semejante entramado hay una necesidad y un riesgo. La necesidad del gobierno de mostrarse activo contra los escándalos de corrupción, en línea con la indignación social, pero sin aparecer como el fogonero de semejante movida. El riesgo es que el aluvión de procesamientos, condenas y detenciones sea de tal magnitud que termine conmoviendo a todo el sistema político, tal como está sucediendo en Brasil.

Entre los que intentan llegar a fondo, se encuentran, además de Alonso, el ministro de justicia, Germán Garavano, la diputada Elisa Carrió y el asesor jurídico de confianza del jefe de Estado, Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón. Por eso trabajan a destajo para que el Congreso apruebe una ley del arrepentido que sirva como instrumento para llegar a la ‘máxima verdad’ y ‘caiga quien caiga’, incluída la expresidenta de la Nación.

El propio presidente de la Corte trabaja en el mismo sentido, pero con un criterio más práctico: por eso acaba de designar un cuerpo de peritos anticorrupción; para que los jueces no tengan más excusas y aceleren las investigaciones y las condenas en las causas donde están involucrados exfuncionarios sospechados de robar, lavar dinero y proteger a delincuentes de guante blanco, incluidos narcotraficantes. Es su respuesta institucional a la demanda de que los responsables vayan presos y devuelvan la plata.

Sin embargo, Macri y su mesa chica se equivocarían si tomaran a este clamor social como una buena oportunidad para hacerse los distraídos con las consecuencias que provocan la alta inflación y el aumento de tarifas. Porque si el costo de vida no empieza a bajar después de mitad de año no habrá lucha contra la corrupción que sirva para amainar el descontento social que todos los meses, va creciendo un poco.

Y tampoco va a servir para tapar la reacción contra los gestos que impliquen defraudar al votante de Cambiemos: desde el uso de un avión privado para viajar a Punta del Este, como lo hizo el ministro de Desarrollo Productivo Francisco Cabrera hasta la utilización del helicóptero y la estancia de un controvertido empresario de la Patagonia, como lo hizo el propio Macri durante el último día de la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Publicado en El Cronista

 

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Elisa Carrió pareció darle un ultimátum al presidente Mauricio Macri. "Es Elisa Carrió o Daniel Angelici. Ése fue el acuerdo que hicimos en enero. Y eso es lo que tiene que cumplir mi gobierno", lo desafió. En el ala menos "política" de Cambiemos, las palabras de la diputada se interpretaron casi como una amenaza. "¿Cómo le va a plantear a un jefe de Estado, por televisión, la idea de que si no hace lo que ella dice, es capaz de hacer cualquier cosa?", se preguntó un ministro de los que suelen hablar más seguido con Macri.

Lo que volvió a pedir Carrió a Macri, ante más de un millón de espectadores, es que deje de "habilitar" a Daniel Angelici como su "operador informal" ante la justicia federal. La líder de ARI presentó al presidente de Boca y dueño de varios bingos como el emisario que se reunió con varios magistrados para suavizar o aliviar la situación de la ex presidenta Cristina Kirchner y de hombres de negocios como Cristóbal López y Lázaro Báez. Ya se lo había planteado en privado. En aquel encuentro, el Presidente le dijo a la legisladora: "Daniel no es un operador. Ni es oscuro. Como presidente de Boca, es tan público y conocido como vos y como yo. Y jamás haría algo ilegal o que me pudiera perjudicar". Ella intentó corregirlo: "Angelici habla en nombre tuyo. Se jacta de sacar y poner jueces. Además está en el negocio del juego y, por lo tanto, es uno de los que contribuyen a hacer de la Argentina un garito". "Traeme una prueba de que opera a los jueces y lo volvemos a discutir", la desafió el jefe del Estado. "No necesito ninguna prueba: yo lo sé", se despidió, de manera cordial, ella.

La nueva advertencia del domingo fue porque un fiscal con vínculos con Carrió le transmitió que Angelici le había estado preguntando por el trámite de una causa "muy caliente" que involucraba a "una de las autoridades más importantes de los tres poderes de la Argentina". Angelici no negó que había hablado con ese fiscal. Pero contó el episodio de otra manera. "Fue él quien me llamó para preguntarme qué me parecía. Si tenía que desestimar o instruir la causa. Y yo le dije que haga lo correcto, de acuerdo con los elementos que tenía. Ni más ni menos", confesó el hombre de Boca a un amigo íntimo.

"Hasta donde llega mi conocimiento -me dijo anteayer un juez federal que se jacta de no almorzar ni cenar con ningún emisario del Gobierno-, Angelici, en Comodoro Py, no sacó ni puso jamás ni a un fiscal ni a un secretario ni a un asistente. La justicia penal funciona al revés: los que ponen y sacan jueces lo hacen en silencio. Es lo que les garantiza que sus pedidos se van a cumplir." El único encuentro entre el presidente de Boca y media docena de magistrados, nunca desmentido, se llevó a cabo después del triunfo de Macri en segunda vuelta. En esa cita, alguno de los jueces le preguntó al dirigente deportivo si el Presidente "necesitaba algo" de ellos. Según tres fuentes independientes, Angelici les transmitió que no necesitaba nada, "sólo que hicieran cumplir la ley sin privilegios ni excepciones de ningún tipo".

¿Cómo le cayeron las declaraciones de Lilita y la testimonial contra Angelici frente al juez Sebastián Casanello al Presidente? Mal, pero no las dramatiza. Cada vez que alguien del círculo íntimo intenta descalificarla, él le recuerda que Carrió y Ernesto Sanz fueron los que aportaron los votos imprescindibles para garantizar el triunfo electoral. "Lilita es Lilita. Si se siente con la enorme libertad de criticar públicamente hasta al Papa, ¿por qué yo me tendría que ofender tanto?", los tranquiliza. También relativiza los "ataques": "No comparto lo que dice sobre el Tano [Angelici] ni sobre Nicky [Caputo]. Pero en algunas cosas tiene razón. ¿Qué argentino no quiere que la Justicia funcione rápido y de manera más eficiente? ¿Quién se podría oponer a que metan presos, si lo determina el Código Penal, a los que delinquen, los que roban, sin importar el cargo que ocupen o que hayan ocupado?". En ese sentido, Macri valora que la diputada juegue el rol de "denunciante" que él no podría ocupar, ni por estilo ni por su investidura. No piensa, como Carrió, que su amigo Nicolás Caputo deba renunciar a sus proyectos, sus emprendimientos y sus negocios. "Ya renunció al doble estándar de asesor político sin cartera. Porque Mauricio se lo planteó antes de ganar las elecciones. Le dijo: «O venís como mi jefe de Gabinete o mi jefe de asesores y dejás de ser empresario o seguís en la actividad privada y punto. Las dos cosas, ahora, no se pueden»", me contó alguien muy cercano al Presidente. Ahora que Caputo eligió seguir con sus negocios, a Macri le parece "muy injusto" que se lo quiera "discriminar" sólo por ser su amigo. "¿Cuál sería la idea? ¿Que ningún empresario al que haya conocido pueda presentarse a una licitación sólo por haber tenido algún vínculo conmigo? Caputo no empezó a hacer negocios ayer ni cuando yo gané la jefatura de gobierno de la ciudad. Y estoy de acuerdo con subir la vara bien alto. Lo máximo que se pueda. Pero una cosa es eso y otra la discriminación al revés", planteó ante funcionarios de su confianza.

Por ahora no hay ningún indicio que sugiera la idea de que el vínculo entre Macri y Carrió se pueda romper. "Tengo una enorme paciencia. Voy a aceptar como propias las sugerencias de Lilita con las que estoy de acuerdo y voy a decirle con honestidad, frente a frente, las ideas con las que no lo estoy." A los que le plantean que le debería poner un límite, Macri responde que ni él es Néstor o Cristina ni Cambiemos es el Frente para la Victoria. "Las críticas no nos tienen que enojar. Nos tienen que servir para mejorar." Hace una semana que el Presidente presentó ante la Oficina Anticorrupción la propuesta de entregar su fortuna a un fideicomiso ciego. Laura Alonso está esperando que defina quién será el fiduciario y luego firmar el documento. "Será el primer presidente de la democracia que haga un gesto semejante", plantea un miembro de la mesa chica. Sugiere, este funcionario, estar muy atento al inminente calendario judicial. Dice que posee información sobre las dudas de la ex presidenta para presentarse ante el juez Bonadio por la causa de la venta del dólar futuro. Está seguro de que el juez la va a procesar y va a pedir su condena. El delito contempla una pena máxima de seis años y es excarcelable. El riesgo es que, con el tiempo, las condenas se acumulen y la ex jefa del Estado termine privada de su libertad. Si Cristina no se presenta, Bonadio no tendrá más remedio que ir a buscarla con la fuerza pública, como sucedió en Brasil con Lula. ¿Sería esta foto un elemento capaz de desestabilizar las instituciones? En lo más alto del Gobierno creen que no, pero preferirían menos ruido. Carrió cree que no pasará nada malo. Que apenas representará cierto alivio para una parte de la sociedad "con hambre y sed de justicia".

Publicado en La Nación

 

 

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La acusación de Lázaro a Alicia Kirchner y Ricardo Echegaray sobre que no pueden justificar su enriquecimiento; el vaticinio del exresponsable de la AFIP, afirmando que Báez irá preso; los múltiples fraudes impositivos que le imputan a Cristóbal López; el limbo en el que se encuentra la causa Hotesur, en la que el juez Claudio Bonadio ya había detectado lavado de dinero, y la falsa hipótesis de que Barack Obama vino a la Argentina para convalidar el encarcelamiento de líderes como Lula, Dilma y la propia Cristina, hacen pensar que la corrupción no fue solo un ‘accidente’ en el proyecto del Frente para la Victoria. Al contrario: todo indica que la corrupción fue parte del corazón del modelo.

O, como escribió Horacio Verbitsky durante los "malditos años noventa", para explicar qué era lo que en verdad definía al menemismo: "La corrupción es inherente al modelo".

La apasionante discusión fue puesta sobre la mesa de debate por la gran pensadora ultrakirchnerista Julia Mengolini, pero en base a la idea contraria, cuando declaró: "La corrupción no quita lo bueno del proyecto político".

¿Qué significa eso? ¿Qué existe una corrupción buena o tolerable y otra malísima e injustificable?
Mengolini, quien se sintió estigmatizada después de semejante afirmación, tiene el mismo problema que muchos de sus compañeros. Piensan en chiquito. Mezclan todo. Y creen, incluso, que ellos mismos, con toda naturalidad, pueden compararse con periodistas como Jorge Lanata. Como si ambos fuesen lo mismo."Les quiero recordar que no soy yo la que tiene un departamento de 2 palos y medio en Miami. Alquilo en Once y estaciono en la calle" escribió horas después en su cuenta de Twitter. ¿Y por qué ella debería poseer una propiedad así? ¿Y por qué razón no podría adquirirla Lanata? El periodista tiene 54 años, fundó un diario a los 27 y encabezó decenas de proyectos periodísticos que generaron mucho más dinero que lo que él mismo ganó con su trabajo. Mengolini, en cambio, entró al periodismo hace 5 minutos y lo hizo por la ventana (política). Muy mal hablaría de ella si se volviese millonaria de la noche a la mañana. Es decir: no tendría cómo justificarlo.
Pero Lázaro, sin ir más lejos, sí pasó de empleado raso a megamillonario. Y no fue por generación espontánea, sino por obra y gracia de Néstor y Cristina Fernández.

La historia de Báez la escribí en ‘El Dueño’ en el año 2009. La contaré, una vez más, para ningún incauto pueda suscribir la idea de que él y la familia Kirchner "jamás fueron socios".

Lázaro fue cadete del Banco Nación pero se hizo amigo de negocios de Kirchner a los 34 años, cuando trabajaba como cajero raso en el Banco de Santa Cruz. Kirchner, quien recién andaba por los 40, lo transformó en su hombre de confianza siendo intendente de Río Gallegos, después que Báez le regalara la "llave maestra" para cooptar y presionar a los poderosos de Santa Cruz: la lista completa de deudores del Banco de la provincia. En esa época, todo el mundo sabía que para "destrabar la cuestión" por un crédito o una deuda impaga, primero había que hablar, en términos muy específicos, con Lázaro, el hombre de Néstor.

Como si esto fuera poco, los documentos oficiales no mienten. Al contrario: explican como el expresidente y el excajero decidieron montar un gran negocio. Uno de un lado y el otro del otro lado del mostrador.
Veamos:

- Lázaro fundó Austral Construcciones el 16 de mayo de 2003, 9 días antes de la asunción de Néstor. Nunca anteriormente había incursionado en el negocio de la construcción. Pero ahora se sabe que Austral fue, desde ese momento hasta 2015, la empresa más beneficiada con el negocio de la obra pública, con entre $ 15 mil y 20 mil millones, depende de quien lo contabilice.

- A fines de 2005, meses después de la victoria del oficialismo en las primeras elecciones legislativas, Báez tomó el control de la empresa petrolera Misahar. Y al mismo tiempo registró Epsur, otra petrolera que puso a nombre de su hijo, Martín Báez. Demás está decir que tampoco tenían ningún antecedente en una industria tan compleja y que exige tanto nivel de inversión. Dos años más tarde se comprendería bien porqué: el gobierno de Santa Cruz le terminó adjudicando a Báez 7 de las 15 áreas petroleras, en detrimento de otras empresas como YPF, Plus Petrol y la Americana Geo Park.

- El 23 de octubre de 2007, 3 días antes de la victoria de Cristina Fernández que la transformó en presidenta por primera vez, Lázaro sumó a sus negocios una nueva empresa dedicada a la agricultura y la ganadería: Austral Agro. Y una semana después inscribió dos nuevas compañías dedicadas el rubro inmobiliario: Austral Atlántica y Austral Desarrollo Inmobiliario.

A las empresas inmobiliarias, Báez las utilizó para asociarse formalmente con Kichner a través de un fideicomiso destinado a la construcción de departamentos.

Y a las de agricultura y ganadería, las usó para comprar enormes extensiones de terrenos que totalizan 182 mil hectáreas, porque sabía, de antemano, que allí de construirían represas hidroeléctricas que anegarían sus campos y entonces podría reclamar indemnizaciones multimillonarias.

¿Puede sorprender, entonces, después de todos estos enjuagues societarios, que ahora Báez vaya a ser indagado por el delito del lavado de dinero, y que Cristina Fernández intente despegarse de él, como si no tuviera nada que ver con el asunto?

El cheque de $ 300 mil que con la firma de Martín Báez mostramos ayer en ‘La Cornisa’ es una evidencia contundente de cómo el hombre de negocios habría intentado introducir al circuito legal fondos de origen ilícito o ilegal. Porque el cheque, que fue encontrado junto con otros documentos en la ‘Rosadita’ se habría usado para pagar un servicio simulado, supuestamente prestado por la empresa Top Air, del mismo Lázaro, a Austral Construcciones, la compañía encargada de realizar obra pública. Y ese mismo cheque, más tarde, se sumaría a la lista de nuevos certificados de obra pagados por el Estado en concepto de ‘mayores costos’.

Cristóbal López eligió otro camino para quedarse con el dinero de los impuestos que pagamos todos. El zar del juego siempre se preocupó por aclarar que el origen de su fortuna no tuvo que ver con la asunción de Kirchner al poder. Sin embargo, también a él, su pasado reciente lo condena. Porque desde que lo conoció, en 1998, sus casinos y sus tragamonedas se multiplicaron de manera exponencial, y además se zambulló en un rubro en el que nunca quiso incursionar, pero terminó derrapando: los medios masivos. Cuando lo entrevisté, durante más de seis horas, también para ‘El Dueño’, López me dijo, textual: "Hagamos una cosa, si te enterás de que voy a comprar un medio de comunicación, hacé que me pongan un chaleco de fuerza. Porque significa que me volví loco".

Hasta donde sé, Cristóbal todavía no enloqueció, pero sus empresas están a punto de desmoronarse. La última noticia que lo pone en evidencia también la contamos ayer, por la tele: la Auditoría General de la Nación está a punto de culminar una auditoría informática sobre Lotería Nacional y comenzará otra, el primero de abril, para revisar la gestión y los contratos. Uno de los auditores me dijo que encontraron inconsistencias importantes, como el hecho de que Lotería haya aceptado la donación del software para el control on line de las maquinitas, de una empresa vinculada a Cristóbal. Es decir: los funcionarios de Lotería de Néstor y Cristina pusieron al lobo para controlar a la gallina más grande y más rica. La gallina de los huevos de oro.

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Esperamos que el alto impacto de la histórica visita del presidente Barak Obama a la Argentina no termine menguando el interés y la indignación de la sociedad por los nuevos escándalos que involucran a Cristóbal López y a Lázaro Báez, y que comprometen a la ex presidenta Cristina Fernández. Hagamos votos para que las últimas noticias no sean aprovechadas por los fiscales y los jueces que ahora sienten la presión de la opinión pública y empiezan a tomar las decisiones que antes postergaban.

La impecable investigación de Hugo Alconada Mon para LA NACION sobre la presunta insolvencia fiscal fraudulenta del Grupo Indalo no sólo puso en evidencia la apropiación indebida de más de mil millones de dólares que debían haber ingresado al Estado. También reveló la protección de los organismos públicos que debían controlar a los empresarios amigos del poder. ¿Ha elegido el presidente Mauricio Macri a Cristóbal como el enemigo público número uno para enviar una fuerte señal a todo el mundo de los negocios? Cuando lo entrevisté, el pasado domingo 13, Macri no sólo se mostró indignado por lo que entendió como una grave defraudación. También reveló que había instruido al número uno de la AFIP, Alberto Abad, para que intente recuperar el dinero que el zar del juego, del petróleo y de los medios de comunicación había dejado de pagar en impuestos para invertirlo en medios y otros emprendimientos fallidos. Ahora Abad trabaja para evitar que López le ceda a Fabián de Sousa la empresa de combustibles Oil e Indalo Media, las organizaciones más comprometidas, y que se quede sólo con las rentables. El objetivo del Gobierno es claro: evitar que las unidades de negocios inviables se declaren en quiebra. "El concurso o la quiebra nos hará imposible que Cristóbal devuelva la plata con la que se quedó", me dijo un alto funcionario de la AFIP. Por eso mismo, le terminaron autorizando el último plan de pagos de una moratoria que viene arrastrando desde hace cuatro años. "Si se lo hubiéramos suspendido, habrían usado nuestra decisión como la excusa perfecta para concursarse o quebrar", explicó.

En el centro de la cuestión está el meneado artículo 32, que le permitía al en su momento número uno de la AFIP Ricardo Echegaray tomar decisiones discrecionales sobre el monto, plazo e interés de moratorias extraordinarias a firmas y empresarios cercanos al poder. Se calcula que se favoreció a más de 1500 organizaciones por un monto aproximado de 28.000 millones de pesos. De lo que no se habla es de quién tomaba la decisión política de subir o bajar el pulgar. Pero Echegaray y sus principales asesores lo repitieron más de una vez, en privado. "En la mayoría de los casos era una decisión política, personal y sensible y la tomaba la ex presidenta. Pero además no estaba fuera de ninguna ley", se atajaron. La afirmación dispara otra pregunta obvia, pero no menos inquietante. Si Fernández autorizaba o rechazaba los pedidos más sensibles de las moratorias más ventajosas, ¿también ordenaba la persecución "impositiva" de empresas, medios, periodistas, hombres de negocios, inmobiliarias cuyos empleados se quejaban de la economía?

Las inspecciones y la investigación a los contribuyentes que evaden o eluden el pago de impuestos siempre encuentran la justificación necesaria. En la línea técnica de la AFIP, casi nadie se sorprendió cuando revelamos, el domingo pasado, los datos inéditos de "la ruta aérea del dinero K". Son los registros oficiales de los vuelos que hicieron 48 horas antes del momento en que Martín Báez y otros se pusieron a contar dólares, euros y pesos en La Rosadita, no sólo el hijo de Lázaro Báez, sino también dos ex altos funcionarios clave en la trama del presunto delito de lavado de dinero: el ex director de la DGI Ángel Rubén Toninelli; su hijo, Federico Toninelli, y el ex director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Jorge López Geraldi. ¿Qué hacían en el mismo avión propiedad de Lázaro Báez que voló desde San Fernando hasta Río Gallegos Ángel Toninelli, el hombre que debía controlar el paso de los impuestos de la constructora Austral y otras empresas, y su hijo, un experto en asesoramiento tributario? ¿Y para qué compartió el viaje López Geraldi con el accionista de la empresa de obra pública a la que más contratos le firmó?

Los asesores de la diputada Elisa Carrió estudian la posibilidad de denunciar a Toninelli y a López Geraldi por el delito de recepción de dádivas, el mismo hecho por el que ya procesaron al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Sin embargo, los que conocen bien a Toninelli lo caracterizan como el ex número dos de la AFIP, pero también hablan de él como el hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, primero, y bendecido por su esposa, después, con el objeto de evitar cualquier investigación impositiva o arreglar cualquier desaguisado que los colocara en una posición incómoda. "Un limpiador de hechos sospechosos. Un borrador de huellas de los posibles delitos", precisó un ex alto sabueso de la AFIP que fue apartado de un área de investigación justo para la época en que ingresó Toninelli y que ahora fue reintegrado por decisión del actual director del organismo, Horacio Castagnola.

No parece una hipótesis descabellada. En octubre de 2009 denuncié en el libro El Dueño que Kirchner había corregido su desprolija declaración jurada de bienes con la complicidad de altos funcionarios de la AFIP. Ellos se tomaron el trabajo de viajar hasta Río Gallegos y concurrir a la oficina de su contador personal, Víctor Manzanares, para compatibilizar las inconsistencias entre la declaración jurada del ex presidente y su socio, Lázaro Báez, entre otros. El juez Sebastián Casanello espera que los registros de esos vuelos le permitan encontrar la llave para abrir la caja de Pandora que explique el lavado de dinero. "El delito precedente. La complicidad del Estado para el crimen que habría cometido Báez", dijeron fuentes judiciales.

Sin embargo, Margarita Stolbizer cree que el lavado de dinero y la responsabilidad de Cristina, Máximo y Lázaro están sobradamente comprobados en la causa Hotesur, que ahora mismo se encuentra en el limbo. Stolbizer, además, trabaja en un libro. Allí explicará por qué decidió acusar a Cristina Fernández y ofrecerá detalles de una hipótesis inquietante: que Cristina, lejos de cortar por lo sano con los negocios de su marido una vez que murió, los ocultó, los convalidó y los acrecentó, incluso cargando de mayor responsabilidad a su hijo. Si esto, al final, se comprueba, ni la presencia de Obama ni el acuerdo con los houldouts alcanzarán para tapar el impacto de la noticia.

Publicado en La Nación

 

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La expresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner están más preocupados por su futuro personal que por el acuerdo con los houldouts y el desgajamiento del Frente para la Victoria y sus aliados.

La semana pasada hubo contactos informales entre voceros y asesores de Lázaro Báez y Cristóbal López (los empresarios K más comprometidos con actos de corrupción) y dirigentes que responden a La Cámpora y todavía obedecen órdenes de la exjefa de Estado. El motivo principal: hacer lo posible y también lo imposible para que los hombres de negocios no terminen en la cárcel, como el número uno de Odebrecht, de Brasil; también para que Ella y su hijo no acaben repudiados como Luiz Inácio Lula Da Silva.

Entre todos borronearon un plan de acción común: atacar “personalmente” y “directamente” a los medios, periodistas, dirigentes políticos, fiscales y jueces que investigan y documentan las denuncias. El objetivo es restar credibilidad y desprestigiar a los “denunciantes” y presentar a los juicios que se le siguen a Báez, López, Cristina y Máximo como “ataques políticos” de la “derecha” para evitar que regrese en 2019 el gobierno “nacional y popular” que habría fundado “las bases para reconstruir a la Patria”.

Como el programa de propaganda 6 en el 7 a las 8 ya no está, y la mayoría de los medios del Grupo Garfunkel Spolsky implosionaron, estos voceros y asesores que conversan en secreto se juramentaron usar, de manera aviesa, cada mínimo espacio en los medios de comunicación “propios” y “ajenos” para llegar a la sociedad con un mensaje contundente.

Hasta la semana pasada, los blancos senalados, eran, entre otros, Jorge Lanata; La Nación, Hugo Alconada Mon; la Editorial Perfil, con Jorge Fontevecchia a la cabeza, y también quien esto escribe. También están siguiendo con detenimiento las denuncias de Elisa Carrió pero, en particular, la actividad de la diputada nacional y líder de GEN Margarita Stolbizer. La excandidata a Presidenta investiga con sobriedad y en detalle los vericuetos de la causa Hotesur en la que Cristina, Máximo y Lázaro aparecen involucrados en un circuito de lavado de dinero por el pago millonario de habitaciones del Hotel Alto Calafate que no se habrían ocupado.

Además, Stolbizer presentó una denuncia contra la ex AFIP por no haber investigado, según ella, como correspondía, el escándalo de las facturas truchas de las empresas de Báez en Bahía Blanca. Esta denuncia cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello y podría ser la llave para explicar el lado B del lavado de dinero: la presunta complicidad de altos funcionarios públicos en el armado de la ingeniería financiera y administrativa para consumar el delito. De hecho, ayer en La Cornisa presentamos una prueba documental inédita que deja a Lázaro, a su hijo Martín pero también el exnúmero dos de la AFIP, Angel Rubén Toninelli y el exdirector de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Jorge López Geraldi, en muy mala posición. Y es porque aparecen viajando, junto al hijo de Lázaro, en el avión privado de Top Air, matrícula LV-ZSZ, 48 horas antes del momento del conteo de dólares, euros y pesos en la denominada “Rosadita”.

Para que viajó Toninelli, extitular de la DGI, desde Buenos Aires a Río Gallegos, en el propio avión del hijo del empresario al que debía investigar y controlar?  Para qué Angel Toninelli se sentó en el avión privado junto a Martín Báez y su propio hijo, Federico Toninelli, responsable de un estudio jurídico dedicado al asesoramiento tributario?  Y qué hacía López Geraldi, otra vez, junto a Martín Báez, en el vuelo que partió de Río Gallegos y llegó a San Fernando?  No es una evidencia de promiscuidad entre lo público y lo privado ocupar un asiento en la empresa de aviación del hombre al que López Geraldi le adjudicó más contratos de obra pública en Santa Cruz?  Y no es muy sospechoso que lo hayan hecho horas antes del repugnante conteo de moneda extranjera en efectivo? 

Margarita Stolbizer trabaja para que las respuestas a estas preguntas lleven a los responsables a ser indagados, condenados y si es posible, presos. Pelea para que la causa Hotesur no termine cajoneada en el despacho del juez Julián Ercolini, en quien no deposita demasiadas expectativas. Pero lo que preocupa todavía más a los colaboradores Cristina Fernández es que al mismo tiempo Margarita prepara un libro sobre la expresidenta con una hipótesis inquietante: que Ella, lejos de terminar con los presuntos negocios sucios que alentó su marido hasta el momento en que murió, los encubrió, los convalidó y los acrecentó.

El plan de Cristina, Máximo, Lázaro y Cristóbal para desprestigiar a medios, periodistas, dirigentes, influir en la opinión pública y evitar la condena judicial empezó de la peor manera: no tienen una estrategia clara, y los soldados encargados de “ir a la guerra” son impresentables, o se niegan a tomar las “armas”.

Incluso, los asesores y voceros, habían maquinado la posibilidad de hacer públicos, desde C5N, una serie de “programas especiales” para intentar destruir la reputación de cada uno de nosotros. Uno que tenían en carpeta era contra Lanata. El otro contra el diario La Nación. Y un tercero contra el amigo y socio del Presidente, Nicolás Caputo. El objetivo habría fracasado porque la mayoría de los periodistas que ocupan la pantalla de la senal del Grupo Indalo se negaron a “pintarse la cara”. Incluso varios se resistieron la orden de leer en el aire el comunicado oficial de la empresa después de los allanamientos ordenados por la jueza María Verónica Straccia, bajo la sospecha de haber dejado de pagar los impuestos a los combustibles para financiar y comprar medios de comunicación.

Tampoco les está resultando óptima la estrategia de “infiltrar” a la producción en programas que se nutren de “la grieta”, como Intratables. El mecanismo es sencillo: los jefes de La Cámpora mandan al “debate” a políticos o colegas que no tienen nada que perder, para acusar sin pruebas, y sin nada que viniera a cuento, a periodistas, medios y dirigentes de cometer hechos ilícitos, y de corrupción, con el doble propósito de ensuciarlos y desviar la polémica sobre el tema propuesto: por ejemplo, el obsceno video en el que Martín Báez y otros cuentan dinero en una cueva financiera y lo colocan en bolsos que no se pueden levantar de tanto que pesan.

La semana pasada, una ignota diputada nacional del Frente para la Victoria acusada de neonazi por el Centro Simón Wiesenthal puso en duda mi actitud profesional.

Fue tan burdo, en ambos casos, la manera en que intentaron cambiar el eje de la discusión, que mis companeros de América TV detectaron “la operación” en el aire y los pusieron en evidencia.

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El presidente Mauricio Macri se reunió a solas con Cristóbal López, una sola vez, y la cita fue un verdadero desastre. Sucedió el año pasado, entre las PASO y la primera vuelta de las elecciones que, en la segunda, terminó ganando el líder de Cambiemos. El contexto no pudo haber sido peor. Los periodistas de la señal de cable que el empresario adquirió a Daniel Hadad por pedido de la ex presidenta habían estado atacando con fiereza al entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo habían acusado de cercenar la libertad de expresión. Y sólo porque el entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, había ordenado la clausura del garaje del canal que da a la calle Fitz Roy.

Los periodistas que se habían pintado la cara para la guerra a pedido de sus jefes soslayaron un pequeño detalle: nunca las autoridades de Indalo Media habían solicitado ni obtenido la habilitación de la playa de estacionamiento. Es decir: estaban al margen o por encima de la ley. Así justificó su decisión Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas, cuando sus superiores le preguntaron por qué lo había clausurado. Incluso algunos se atrevieron a plantear su renuncia. Pero Macri les explicó: "Antes de asumir le dije que no quería excepciones ni favores para los amigos ni persecución a los enemigos. Ahora no lo voy a castigar por hacer lo que le pedí".

La escalada de C5N contra Macri parecía no tener fin. Hasta que el socio en los papeles de Cristóbal, Fabián de Sousa, pidió al entonces secretario de Medios de la Ciudad, Miguel de Godoy, un encuentro a solas entre su jefe y el candidato a presidente. Macri no tenía ni el más mínimo interés en verle la cara. Se había negado a reunirse con él decenas de veces. No deseaba que nadie pensara que él alentaba los negocios del juego ni que bendecía la explotación de miles de tragamonedas en el hipódromo de Palermo. Pero al final, con el objetivo de que el ataque mediático no siguiera escalando, lo recibió. Fue una mañana de fines de septiembre. Hizo ir a Cristóbal hasta la casa de su padre, Franco Macri, ubicada en Barrio Parque. En el mismo espacio que durante toda la campaña usó como oficina alternativa, en especial para no recibir a las visitas incómodas o forzadas en su propio departamento de la Avenida del Libertador. López, un experto en seducir presidentes, gobernadores e intendentes, explicó que su verdadero amigo era Néstor y que con Cristina lo unía un vínculo de conveniencia mutua. Ya me lo había dicho en 2008, en una entrevista exclusiva para el El Dueño, libro que López detesta porque dice que aumentó su visibilidad y las sospechas sobre sus actividades económicas. López pensó que confesar que su relación incondicional era con Kirchner y no con la entonces presidenta le abriría la puerta para iniciar un nuevo toma y daca.

"Puedo ser muy equilibrado, pero no me pida que la ataque a Cristina porque estaría rompiendo todos los códigos", le espetó Cristóbal a su anfitrión. El ex presidente de Boca se quedó callado unos segundos. Después le aclaró que él no funcionaba así. Le dijo, palabras más, palabras menos, que no necesitaba ningún tratamiento mediático especial. Y que sólo esperaba que sus empresas periodísticas funcionaran con responsabilidad y no como un instrumento de extorsión. Estaban en la segunda parte del diálogo, porque la primera López la había consumido en explicarle que Kirchner lo había ayudado mucho, pero que él ya era un empresario importante antes de conocerlo. Que le dolía la sospecha de que se lo considerara un "palo blanco" o testaferro del matrimonio presidencial y que estaba empezando a sentir que ese prejuicio se le estaba volviendo en contra.

Ya había pasado la primera media hora de conversación cuando Cristóbal pretendió avanzar sobre asuntos concretos y específicos. Entonces Macri lo paró en seco. "Le voy a decir lo que les digo a todos los empresarios. Conmigo no van a tener ningún problema si actúan dentro del marco de la ley. Y eso incluye a los hombres de negocios que hayan apoyado el proyecto de Cristina o la candidatura de Daniel. Pero tampoco van a tener ninguna ventaja ni privilegio. Y cuando digo nadie, esto incluye también a los empresarios que se consideran cercanos a nuestro proyecto." Cinco minutos después, López transmitió sus conclusiones a De Sousa: "Fue una reunión de miércoles". Y Macri hizo lo mismo con sus colaboradores: "Fue un encuentro muy pobre".

Ayer, a las 9 de la mañana, el Presidente repasaba en su despacho de la quinta de Olivos el informe reservado que le hicieron llegar sobre la presunta apropiación de 8000 millones de pesos por parte de la empresa de López Oil y que debían haber ingresado a las arcas del Estado. "No hay manera de justificar lo que hicieron. Porque no se financiaron dejando de pagar impuestos provenientes de su propia rentabilidad, como podría hacer cualquier pyme con problemas de caja, financieros o de inversión. Se quedaron con un impuesto primario del Estado. Con el impuesto al combustible que debía ingresar al fisco cada 15 días. Y tampoco usaron el dinero para sostener la propia empresa en una situación delicada, sino para comprar otras, como si al grupo le sobraracash."

Macri leyó con detenimiento los planes de pago, los intereses y los plazos que le concedió la AFIP del gobierno anterior. Algunos economistas calculan que, en promedio, los 8000 millones de pesos que dejaron de pagar durante los últimos cuatro años equivalen a 1200 millones de dólares. Es decir: un monto similar a la inversión que prometió Chevron en su acuerdo con YPF. O el equivalente a 533 jardines de infantes en todo el país, con los muebles y todos los docentes con salarios por un año. El Presidente, a los que le hicieron la comparación, los corrigió. Y les explicó: "Es mucho más que 8000 millones de pesos. Porque las tasas de interés negativas y los enormes plazos ya le licuaron el núcleo duro de la deuda". Macri le pidió a Abad que procedan a embargar los activos para que el Estado pueda recuperar parte de la deuda. Pero los expertos de la AFIP le dijeron que antes tienen que hacer algo más urgente: evitar que López divida el grupo entre empresas "sanas" y "enfermas", porque ése sería el primer paso para mandar a la quiebra a las de la segunda categoría con el objeto de que la deuda la pague "Magoya". El Presidente los despidió con un mensaje nada ambiguo: "Me da vergüenza la imagen que damos como país. Hagan lo necesario para que el mundo no se siga riendo de nosotros".

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Ayer regresó La Cornisa TV. Fue el programa inaugural de su temporada número 18. Comienzo el texto con esa mención excepcional por la sorpresa que me produjo el hecho de que algunos de mis colegas, al entrevistarme por el estreno, insistieran con la pregunta sobre qué postura profesional tomaría el programa ante la llegada del nuevo gobierno. No dudo de su honestidad profesional. Lo que me resulta curioso es que, antes de hacerme esa pregunta, que, por supuesto, considero necesaria, algunos no se hayan tomado el mínimo trabajo de revisar los antecedentes profesionales del entrevistado. Y no porque me considere muy importante, sino porque es unos de los mecanismos básicos para saber, por ejemplo, cómo podremos funcionar los periodistas que entendemos al oficio de una solo manera: con pasión y espíritu crítico.

En este tipo de asuntos, Jorge Lanata tiene razón. El fundador de Página/12 se queja por la fatiga que le produce tener que explicar, cada tanto, de dónde viene, qué fue lo que hizo y cuál era su mirada como periodista, desde 1984 para acá.

Lanata también se pregunta porqué muchos colegas, antes de levantar el dedo, o correrlo por izquierda, no revisan su propio comportamiento profesional, un poco más reciente y un poco más escandaloso. Para dejarlo todavía más claro: creo que hacen muy bien los hombres de prensa que intentan corrernos por izquierda en custodiar nuestra actitud investigativa y nuestra vocación de criticar. Sin embargo también hay que decir que muchos de los mismos que aparecen hoy tan preocupados hicieron la vista gorda ante los escándalos de corrupción y los millones de pesos que se llevaron decenas de altos funcionarios kirchneristas, mientras hablaban del proyecto nacional y popular y alentaban a los pibes para la liberación.  Está muy bien que se preocupen por las medidas de política económica que, en su conjunto, y sin una debida explicación estratégica, parecen concebidas para favorecer a los ricos, en medio de un contexto de alta inflación.

Es incuestionable que censuren los despidos y decretos de necesidad y urgencia como los que usó este gobierno para designar a dos jueces de la Corte. Pero deberían ser más honestos y preguntarse por qué no abrieron la boca cuando el exministro Axel Kicillof perpetró una devaluación que hizo subir todavía más que ahora el costo de vida. Y deberían también interrogarse y golpearse el pecho por no haber levantado ni un poquito la voz cuando el mismo exministro reconoció que no medían la pobreza. Porque negar la pobreza, muchachos, no es muy progresista ni de izquierda que digamos.

Y deberían, además, haber puesto el micrófono o preguntar con la libreta de apuntes en la mano por la denuncia contra el exvicepresidente Amado Boudou y las múltiples causas por enriquecimiento ilícito que se les abrieron a Néstor Kirchner y Cristina Fernández o el presunto lavado de dinero que le endilgan a la exjefa de Estado en el expediente Hotesur. Es decir, ¿nos corren por izquierda porque están velando por las mejores armas del oficio periodístico o están siendo funcionales al delirante plan de los cráneos del Frente para la Victoria, que apuestan a que el presidente Mauricio Macri se transforme en De la Rúa para que la sociedad vaya en busca de Cristina y Máximo y los erija como salvadores de la patria? Cuando desempolvan el manual de la ‘micromilitancia’ de prensa y comparan el uso del helicóptero presidencial del ministro de Transporte Guillermo Dietrich con un acto mafioso ¿se olvidan o ignoran que, hasta hace cinco minutos, Néstor y Cristina se hacían llevar los diarios de Buenos Aires a Río Gallegos con el Tango 01? Quiero decir: ¿agitan los asuntos o pretenden que nosotros, los periodistas críticos, los agitemos, porque creen en la ejemplaridad pública, o lo que desean, de verdad, es desgastar a un gobierno que recién empieza? No me quiero arrogar la representación de nadie, pero estoy seguro que a los periodistas que venimos trabajando en esto desde la restauración democrática no necesitamos que nos corran por izquierda para hacer lo que tenemos que hacer. Preguntamos y nos preocupamos por la influencia del presidente de Boca, Daniel Angellici, sobre los fiscales y los jueces federales. Preguntamos y nos preocupamos por el uso del helicóptero de Dietrich y de medidas como el quite de las retenciones a las grandes mineras. Preguntamos y nos preocupamos por las licitaciones que acaba de ganar Nicolás Caputo, amigo del Presidente, en la Ciudad, de las que termina de dar cuenta Perfil. De hecho, en la anteúltima entrevista que le hice a Macri, le mencioné que los presidentes en ejercicio deberían poner su fortuna en un fideicomiso ciego, para no levantar suspicacias sobre el eventual crecimiento de la actividad económica privada que desarrollan al mismo tiempo que sirven al Estado. Ayer se lo volví a recordar y recibí la respuesta correspondiente. A todos estos colegas bienintencionados y también a los que hace rato abandonaron a la profesión para transformarse en vigilantes, comisarios políticos, topos de redacciones y pasillos de canales de radio y televisión, les digo, respetuosamente, que dejen de preocuparse. Que a menos de 100 días de gobierno preguntamos al Jefe de Estado todas, o la mayoría de las cosas que creíamos, honestamente, que le teníamos que preguntar. Que de paso revisen sus apuntes y confirmen cuánto duró la luna de miel de Néstor Kirchner con los medios y porque no levantaron la voz ni agitaron su profesionalismo frente a semejante silencio acrítico. También al entonces presidente Kirchner, en su momento, lo entrevistamos en dos oportunidades para La Cornisa TV. La primera fue algo tensa pero amable. La segunda terminó de manera abrupta, después de que le preguntara si no iba a blanquear los fondos reservados de la SIDE. Fue el último reportaje público que nos concedió. El se sentía mucho más cómodo en un mundo sin periodistas. O con periodistas militantes, que no es lo mismo pero es igual.

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Para justificar sus decisiones políticas, casi todos utilizan la palabra extorsión. El presidente Mauricio Macri la puso en su boca cuando les mandó a decir a los gobernadores que no iba a aceptar un "toma y daca" para que se aprobara el fin de la ley cerrojo. "Podemos aceptar modificaciones a nuestro proyecto, pero de ninguna manera vamos a canjear el fin del litigio con los holdouts por la ley de coparticipación o el cambio de la alícuota en Ganancias", instruyó, palabras más, palabras menos, al ministro Rogelio Frigerio y al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. "No me voy a dejar extorsionar, por más imprescindible que sea el acuerdo", les explicó.

Macri, igual que la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; Frigerio; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, piensan lo mismo, aunque no lo digan en público. Todos ellos dan por descontado que si en los próximos días el Parlamento no aprueba la conciliación, la economía de la Argentina se podría dirigir, de manera indefectible, hacia un ajuste brutal o una suba de precios generalizada que podría terminar en una hiperinflación.

Vidal se lo transmitió en esos duros términos a un senador nacional del Frente para la Victoria con el que se encontró, cara a cara, en la Fiesta de la Vendimia Solidaria, en Mendoza. El senador le había comentado que la estrategia de sus colegas en la Cámara alta y también en el bloque de Diputados iba a ser dar quórum y apoyar el proyecto en general, pero sólo si el Presidente aceptaba discutir la devolución de la coparticipación en los términos que pretendían los gobernadores peronistas. "Mirá -le respondió Vidal, quizá entonada por la gimnasia negociadora que le inculcó la paritaria docente-, mejor deciles a tus compañeros que sin el arreglo con los holdouts ninguno de los gobernadores va a poder discutir nada, porque sencillamente no habrá más fondos genuinos por los que pelear o reclamar."

La gobernadora ya había usado un tono parecido para advertir a los sindicatos docentes que si no aceptaban la última oferta, ella asumiría el costo político de no empezar las clases el día correspondiente, pero que se prepararan para una lucha política larga e intensa. Entonces los muchachos de Roberto Baradel comprendieron que la cosa iba en serio y terminaron aceptando la oferta de Vidal. ¿Terminarán comprendiendo también los legisladores del FPV y los que acatan las directivas de Sergio Massa que si tiran demasiado de la cuerda, el Gobierno los terminará de hacer corresponsables de la próxima crisis económica nacional?

El ex ministro de Economía Axel Kicillof también usó la palabra extorsión, aunque su posición, después de la derrota dialéctica que le propinó Prat-Gay, quedó seriamente deteriorada. Dijo Kicillof, el martes, refiriéndose al Gobierno: "Nos quieren extorsionar para que la ley salga ahora". Pero la verdad es que toda la negociación podría caer en picada si la ley no se reglamentara antes del próximo 14 de abril. Él, que estuvo a punto de firmar un entendimiento peor y con menos quita, debería tener el decoro de recordar la película completa y no arrojar consignas vacías de contenido, como si estuviera en una asamblea universitaria.

También puso sobre la mesa el concepto de extorsión uno de los asesores económicos más vehementes del Frente Renovador, el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli. "El Gobierno nos quiere extorsionar con el cuento de que se viene el mundo abajo si no votamos rápido y en los términos que a ellos se les antoja, pero yo creo que estamos a tiempo de hacer modificaciones necesarias y lograr un acuerdo mejor todavía", dijo. Pignanelli quiere que en el texto figure el monto real de la cifra de endeudamiento que está dispuesto a asumir el Estado una vez que se abra el cerrojo y retorne el crédito al país. También pretende que se expliciten los proyectos y las provincias que van a ser beneficiarias de los créditos para la obra pública.

¿Es el eventual acuerdo con los fondos buitre la única y última solución para todos los problemas de la economía nacional? "No. Pero es la única manera de empezar a movernos en la dirección correcta, para que la inflación pueda ceder e ingresemos al segundo semestre con un principio de crecimiento, aunque sea módico", vaticinó un economista que no forma parte del Gobierno pero está muy al tanto de las variables que manejan el ministro de Hacienda y también el actual presidente del Banco Central, Adolfo Sturzenegger.

Para otro banquero al que le importa la economía real y que prefirió dejar su nombre en reserva, Macri está ahora mismo en una encrucijada. Su teoría es que la cosa está verdaderamente mal, pero como la mayoría de los argentinos asocia la idea de crisis con lo que sucedió en 2001, no termina de percibir la gravedad de la situación. "El Presidente tiene un desfase de entre tres y cuatro meses. Eso es lo que va a tardar la confianza en instalarse y las líneas de crédito en empezar a aprobarse. Pero aun así, y por más que sigan reduciendo el ritmo de emisión monetaria y se empiece a notar la baja del déficit, la inercia del aumento de tarifas y las paritarias no va a desacelerar el ritmo de la inflación." El conocido banquero agregó que Macri tiene un problema todavía más grave. "Si le habla al país con toda crudeza, como aquella vez que Raúl Alfonsín anunció el principio de una economía de guerra, corre el riesgo de que la gente se asuste todavía más, consuma todavía menos y aumente la recesión, que en algunos sectores ya es notable. Pero si no habla lo suficientemente claro, sobre la bomba de tiempo o el campo minado, una parte de la sociedad le va a terminar de echar toda la culpa a él."

El propio Macri piensa en estas cosas cada vez que se levanta, temprano, para ir de Olivos a la Casa Rosada. Quizá la decisión de no aludir al pasado reciente no bien asumió no haya sido una buena idea. Porque eso lo obliga a lidiar con el presente casi, sin beneficio de inventario. A algunos miembros de la mesa chica les encantaría que la preocupación por los altos precios de la canasta básica o el miedo a perder el empleo fueran reemplazados por noticias como la decisión de procesar e incluso meter presas a algunas de las figuras más simbólicas de la corrupción y el despilfarro del gobierno anterior. Quizás un par de jueces federales, en los próximos días, escuchen sus plegarias y lo instalen en la agenda pública con fuerza.

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Fue determinante en el triunfo de Cambiemos y ahora se transformó en una de sus más valiosas aliadas, aunque nunca vaya a ser incondicional. Los votos que aportó al acuerdo no se contaron de a millones pero le sirvieron a Mauricio Macri para que muchos argentinos que jamás lo habrían elegido finalmente lo hicieran, al descontar que ella, la diputada Elisa Carrió, sería la garante de las promesas de campaña. O que, en el peor de los casos, saldría a denunciar cualquier futuro escándalo de corrupción, como lo hizo Carlos ‘Chacho’ Alvarez en el año 2000, con el asunto de las coimas en el Senado. Más que votos o dirigentes, la Coalición Cívica de Carrió le aportó a Cambiemos el discurso ético y crítico, el ingrediente de desconfianza por el sistema, la impronta de investigación y denuncia que a Macri nunca le sobraron. De alguna manera, ese espacio lo habían ocupado, hasta que llegó Carrió, la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Pero tanto una como la otra siempre fueron vistas como dirigentes obedientes al Presidente, y no como denunciantes solitarias de hombres y de negocios, sin importar de donde vengan unos y otros. Acusada una y mil veces de destruir, en un par de días, todo lo que construía, acariciada por millones y millones de votos en la elección presidencial de 2007 y castigada después en las sucesivas competencias electorales, Carrió fue la que primero vio, junto con Ernesto Sanz y Gabriela Michetti, la necesidad de establecer un acuerdo con Macri para evitar que ganara en Frente para la Victoria y la Argentina ‘se convirtiera en Venezuela’. Por eso, mucho antes de las elecciones, casi al mismo tiempo que el actual ministro Hernán Lombardi alentara, en público, la idea de que ‘Mauricio y Lilita’ se tenían que sentar a tomar un café, Carrió ya la había adelantado a Michetti que ella no tendría ningún problema en iniciar un diálogo intenso y sin agenda. Los primeros encuentros personales entre el ahora Presidente y la diputada que nunca se calla fueron tensos. Algunos de esos cruces estuvieron a punto de terminar de mala manera. Sin embargo, sirvieron para construir un vínculo sano, basado en un acuerdo mutuo de decirse la verdad en la cara, antes de tironear o romper la relación. Y lo empezaron a ejercer en plenitud apenas Macri se calzó la banda presidencial. Porque fue, entre otras cuestiones, el reclamo personal, airado pero firme de Carrió lo que determinó que el gobierno corrigiera el enorme error de nombrar a dos jueces de la Corte por decreto. Y es también Carrió la que le sigue marcando los límites éticos y políticos a las decisiones del Presidente.

Ella le explicó en la cara por qué no le parece bien que Daniel Angelici sea su operador en la justicia. "No es porque usa cadenas de oro o habla en media lengua. Tampoco es porque es el Presidente de Boca. Es porque maneja bingos, una actividad económica legal pero repugnante a la que Lilita quiere limitar. Pero es, sobre todo, porque el Poder Ejecutivo debe mantener con el Poder Judicial, una relación institucional, no de toma y daca", me explicó una de las personas que más la conoce. Se sabe además que, en algún momento, Carrió se permitió darle a Macri un consejo sobre su amistad con el empresario de la construcción, Nicolás Caputo. Le sugirió que su amigo no se presentara más a ninguna licitación, o que cada vez que lo hiciera y ganara el proceso fuera tan transparente, de manera que a nadie le quedara dudas de que fue porque correspondía, y no por su vínculo con el Presidente. Carrió ahora espera, igual que muchos argentinos atentos, que Macri cumpla con la promesa que hizo cuando lo entrevisté, como presidente electo, por televisión: la puesta a disposición de todos sus bienes en un fideicomiso ciego al que solo podrá acceder cuando termine su mandato. Pero el factor Carrió no se reduce solo a cuestiones éticas o posibles hechos de corrupción.

También abarca el rumbo del gobierno, las cuestiones económicas y sociales como el impuesto a las ganancias y la Asignación a la Niñez, la megaminería y la defensa a ultranza de los proyectos de ley que la administración nacional necesita para empezar a gobernar en serio. Una muestra completa de cuál es el verdadero rol de Carrió se pudo ver en vivo y en directo el miércoles pasado en ‘A Dos Voces’, cuando la diputada, aún sosteniendo cada una de sus críticas y desacuerdos, se convirtió en la mejor vocera de todas las medidas a favor de los que menos tienen que el gobierno vino tomando desde que asumió. Perdidas, ignoradas o minimizadas por otras que atacaron de manera directa el bolsillo de los argentinos, como la devaluación del peso, el aumento de tarifas y la quita de retenciones a la megaminería, la diputada explicó en detalle cómo se había intentado minimizar el impacto de la suba de precios con el aumento de la Asignación por Hijo, las jubilaciones y la suba del mínimo no imponible de ganancias. También aclaró porqué la baja de retenciones a los productos del campo no beneficiaría a los grandes pooles de siembra, sino a los pequeños y medianos productores.

Al mismo tiempo anticipó que el Congreso iba a volver a recuperar su papel de ‘enriquecedor’ de leyes, porque muchas de las sugerencias que sean capaces de aportar, incluso, los legisladores del Frente para la Victoria, serán incorporadas al texto final, como sucede en los países más o menos serios. Fue tan contundente el ‘apoyo crítico’ de Carrió a los primeros días del gobierno de Macri, que el ministro Rogelio Frigerio, presente en el estudio, uno de los considerados ‘mejores voceros’ de la mesa chica, se quedó mirándola con una notable expresión de asentimiento. En contra de los consejos de los dirigentes ‘PRO’ más puros, a quienes no les cae nada simpática la autonomía y la lengua ‘karateca’ de Carrió, el Presidente cada vez se muestra más cómodo con el papel simbólico y práctico que está jugando la diputada. Uno de los hombres más cercanos al jefe de Estado me lo explicó así: "Dice con fuerza, síntesis y claridad muchas de las cosas que Mauricio piensa y no puede decir, por su investidura. Mantiene alejado de la tentación a algunos pícaros de nuestra organización política que quizá pensaron que llegar hasta acá era una buena oportunidad para hacer negocios.

Pero además, aporta una mirada más de perspectiva, más política, menos tecnicista y endogámica que la que podemos tener todos los que estamos en la diaria, lidiando con los números y las presiones permanentes del círculo rojo". Pero lo mejor de todo, dicen los hombres del Presidente, es que Macri no la considera una traidora, una enemiga, o una persona destructiva, como la pensaron, en su momento, Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa o Néstor Kirchner. Lo único que le viene pidiendo, cada vez con más insistencia, es que antes de ‘tirar una bomba’ en público, le avise antes, para darle la oportunidad de corregir la decisión, si es que su denuncia o su desacuerdo tuviesen lógica o razón de ser.

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