El Blog de Luis Majul
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Lo que está haciendo el gobierno más allá de la gestión frente al COVID-19, es un verdadero escándalo. No tiene tanto impacto negativo, todavía, porque la pandemia todavía ocupa gran parte de la atención de la mayoría de los argentinos.

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Ayer, en La Cornisa, tuvimos la oportunidad de hacer un programa histórico: pudimos desarmar, en vivo, una compleja y sucia operación judicial y mediática que tenía por objetivo meternos presos. No es que nosotros seamos tan importantes. El problema está en la operación propiamente dicha. La denominamos “Operación Pirincho” por el alias de una periodista de América TV al que le adjudicaron vínculos espúreos con un ex agente de inteligencia.

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El periodista Luis Majul denunció al defensor de Cristina Fernández y Cristóbal López, Carlos Beraldi; el senador nacional Oscar Parrilli; el diputado nacional Rodolfo Tailhade, el abogado de Pablo y Hugo Moyano, Daniel Llermanos y el periodista de C5N, Tomás Méndez, como presuntos integrantes de una asociación ilícita, dedicada al armado de causas judiciales, con el objeto de perseguir y coaccionar a sus víctimas.

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Hoy en la emisión del programa La Cornisa por la señal La Nación Más, Luis Majul presentó un informe especial y una columna editorial con el siguiente título: "Quiénes y cómo armaron "La Operación Pirincho" para intentar meternos presos".

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Cristina Fernández y Oscar Parrilli están desesperados. Y se les nota. Si no, no habrían incluido en el texto del proyecto de reforma judicial la supuesta obligación de los jueces de denunciar presiones mediáticas. Es una propuesta tan delirante que, prácticamente, dejaría a las audiencias sin información sobre las causas judiciales más relevantes de la Argentina. Cualquier medio o periodista podría ser acusado y condenado por criticar el fallo de un juez o el desempeño de un fiscal.

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El domingo pasado, en La Cornisa, revelamos la existencia de una grave denuncia judicial contra el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano y parte de la comisión Directiva del Sindicato.

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Si la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández se aprueba, también dará comienzo una curiosa forma de impartir justicia: armando causas con pruebas inexistentes por parte de fiscales y jueces ideologizados. Es decir: funcionarios judiciales capaces de pasar por encima de la ley con tal de complacer a sus amos políticos, que siempre los tendrán bajo amenaza de destitución.

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De espaldas al banderazo del 17 A, la vicepresidenta y el presidente están tratando de imponer la reforma casi a las trompadas. Cristina Fernández y el resto de los senadores oficialistas acaban de desobedecer el fallo de una jueza; en el Consejo de la Magistratura pretenden desplazar de prepo al Procurador Eduardo Casal y a otro fiscal que les molesta.

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Fue una manifestación masiva y contundente. Claro que no implicó a todos los argentinos, pero se hizo oír como si representara bastante más que al 41 por ciento que no votaron al Frente de Todos. De nuevo: pareció algo más que una “intensa minoría”. Se puede discutir cuál fue el principal reclamo. Y si el hartazgo por la cuarentena interminable lo terminó de empujar y hacer más relevante.

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Hoy, la parte de la sociedad que no está de acuerdo con la cuarentena prolongada, la caprichosa reforma judicial y el uso político de la pandemia para favorecer a los amigos del poder, entre otras cosas, tiene la oportunidad de enviar un mensaje contundente al gobierno y al presidente. Un mensaje que a la vez pueda funcionar como un límite a cierto abuso de poder.