El Blog de Luis Majul
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¿Para qué Cristina, Máximo y Heller quieren cobrar un impuesto extraordinario a las 12 mil personas que tienen un patrimonio desde 3 millones de dólares para arriba? ¿De dónde sacaron el excell para contarles las costillas a los más ricos? ¿Violaron el secreto fiscal o es un cálculo “a ojo”, como el que está haciendo la ANSES para rechazar, con argumentos desopilantes, a los legítimos pedidos de quienes están habilitados para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (EFI) de 10 mil pesos?

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En la emisión de hoy de La Cornisa que se emite por la señal La Nación Más, Luis Majul presentó una columna editorial con el siguiente título: "Al presidente no le gusta que le manejen la agenda". En la misma el periodista desarrolló un amplio panorama sobre el escenario político en el contexto de la pandemia de coronavirus, y que tiene al presidente Alberto Fernández en el centro de la escena. 

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El domingo 19 de abril a las 21 horas por La Nación+, La Cornisa presentará una investigación exclusiva: “Los enfermos abandonados por Moyano”. Te vamos a contar los detalles de la caprichosa decisión de quitar prestaciones médicas a pacientes electrodependientes de la Obra Social de Camioneros.

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Estas son las preguntas claves para responder si la oferta del gobierno argentino a los acreedores será un éxito o un fracaso.

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Ayer en su programa Mirá por la señal La Nación Más (LN+), Luis Majul presentó una columna editorial con el siguiente título: "Cristina Kirchner le marca la cancha a Alberto Fernández y elige el enemigo perfecto". En la misma el periodista analizó el rol político del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el contexto de la crisis que determinó la pandemia del coronavirus. A continuación el video completo: 

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Es muy curioso el vínculo que Cristina Kirchner y su hijo Máximo tiene con algunos ricos. A los ricos de cuna, como Mauricio Macri, lo desprecian, los combaten y los persiguen. A los ricos como Cristóbal López, quien intentó eludir la cuarentena para visitar a su hijo en el campo, los ayuda a evadir impuestos por miles de millones de pesos, los obliga a comprar medios para ponerlos a su disposición y hasta comparten el mismo abogado, en su intento de zafar de las acusaciones de corrupción.

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Si a algún analista desprevenido le quedaba alguna duda sobre la idea de que Cristina Fernández es la Dueña de la Grieta, en los últimos días se habrá dado cuenta de que estaba equivocado: Ella no cambia más. A veces parecería que se autopercibe, incluso, por encima del coronavirus y sus consecuencias planetarias. Ahora le pidió permiso a la Corte para sesionar de manera virtual, pero no para discutir una quita de las dietas, como pedía la oposición, sino al solo efecto de satisfacer el capricho de su hijo: la aprobación del impuesto a los muy ricos, cuya efectividad está puesta en duda.

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No es justo ni inteligente plantear como una opción de hierro, en el medio de la pandemia, la vida por sobre la economía. Economistas de todas las corrientes ideológicas ya están pronosticando que morirán muchas más personas como consecuencia del hambre, la pobreza y la falta de trabajo, que debido al contagio por coronavirus. También es injusto acusar a quienes impulsan el regreso paulatino de las actividades de defender intereses espúreos, por encima de la salud.

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Aún atravesados por la pandemia, no es tan difícil entender por qué a la Argentina le va como le va. Solo hace falta leer con detenimiento un par de notas de hoy. Una de Diego Cabot, que aparece en La Nación se titula: “Total paga el Estado. Sobreprecios y corrupción por la ineficacia de las compras”. La otra la firma Jazmín Bullorini, en Clarín. Se presenta así: “Impuesto a los ricos: los K dicen que no toca a la clase media, pero hay dudas”. Como ilustración de la nota, aparece una foto de Máximo Kirchner, y en el epígrafe se puede leer: “El próximo Máximo Kirchner tiene 143 millones de pesos de patrimonio y podría estar gravado”.

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La abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez amplió su denuncia contra funcionarios del ministerio de Desarrollo Social a quienes acusa de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes y fraude a la administración por haber convalidado sobreprecios en las compras de alimentos.