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Oscar Parrilli es Cristina. Mejor dicho, la versión sumisa y un tanto rústica de ella, como todos pudimos comprobar al escuchar y leer sus diálogos con la ex presidenta. Pero además, Parrilli, si se lo escucha y se lo lee ahora mismo, no parece nada serio.

El 20 de mayo de 2014, a raíz de una denuncia de La Cornisa sobre la falta de control en la recaudación de las máquinas tragamonedas del Casino de Palermo de Cristóbal López, Chequeado presentó algunos datos que marcaban el crecimiento exponencial del juego, a partir de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Además de esa fuerte y preocupante tendencia, el sitio publicó un ranking con la facturación de los principales grupos.

Las últimas horas son muy ilustrativas para comprender el daño que le está haciendo Cristina Fernández no solo al presidente, sino también al país. Detengámonos primero en el binomio. A pesar del desbarajuste que está generando la reforma judicial que ella quiere imponer para lograr su impunidad y consumar la venganza, se acaba de desmarcar de la iniciativa. Repito: no es un error lo que termino de decir. ¡Se acaba de despegar de la iniciativa!

Lo que está haciendo el gobierno más allá de la gestión frente al COVID-19, es un verdadero escándalo. No tiene tanto impacto negativo, todavía, porque la pandemia todavía ocupa gran parte de la atención de la mayoría de los argentinos.

Ayer, en La Cornisa, tuvimos la oportunidad de hacer un programa histórico: pudimos desarmar, en vivo, una compleja y sucia operación judicial y mediática que tenía por objetivo meternos presos. No es que nosotros seamos tan importantes. El problema está en la operación propiamente dicha. La denominamos “Operación Pirincho” por el alias de una periodista de América TV al que le adjudicaron vínculos espúreos con un ex agente de inteligencia.

El periodista Luis Majul denunció al defensor de Cristina Fernández y Cristóbal López, Carlos Beraldi; el senador nacional Oscar Parrilli; el diputado nacional Rodolfo Tailhade, el abogado de Pablo y Hugo Moyano, Daniel Llermanos y el periodista de C5N, Tomás Méndez, como presuntos integrantes de una asociación ilícita, dedicada al armado de causas judiciales, con el objeto de perseguir y coaccionar a sus víctimas.

Hoy en la emisión del programa La Cornisa por la señal La Nación Más, Luis Majul presentó un informe especial y una columna editorial con el siguiente título: "Quiénes y cómo armaron "La Operación Pirincho" para intentar meternos presos".

Cristina Fernández y Oscar Parrilli están desesperados. Y se les nota. Si no, no habrían incluido en el texto del proyecto de reforma judicial la supuesta obligación de los jueces de denunciar presiones mediáticas. Es una propuesta tan delirante que, prácticamente, dejaría a las audiencias sin información sobre las causas judiciales más relevantes de la Argentina. Cualquier medio o periodista podría ser acusado y condenado por criticar el fallo de un juez o el desempeño de un fiscal.

El domingo pasado, en La Cornisa, revelamos la existencia de una grave denuncia judicial contra el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano y parte de la comisión Directiva del Sindicato.

Si la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández se aprueba, también dará comienzo una curiosa forma de impartir justicia: armando causas con pruebas inexistentes por parte de fiscales y jueces ideologizados. Es decir: funcionarios judiciales capaces de pasar por encima de la ley con tal de complacer a sus amos políticos, que siempre los tendrán bajo amenaza de destitución.